Abogado se declara “optimista” y espera liberación de uruguaya acusada de portar cantidad ínfima de marihuana

Brújula Digital|10|07|24|

El abogado de las dos ciudadanas uruguayas que fueron acusadas por la posesión de siete gramos de marihuana, una de ellas actualmente detenida, dijo estar “conforme” con el trabajo realizado por el juez de sentencia de El Alto, Pablo Medrano. Se espera que este jueves se realice la audiencia que pueda conceder la libertad a la acusada.

“Estamos muy conformes con la diligencia procesal que ha aplicado el Juez de Sentencia de El Alto y que marca una diferencia notoria con el tratamiento que veníamos recibiendo por parte de otros segmentos del sistema judicial penal boliviano. Entendemos que, una vez suscrito el acuerdo abreviado con el fiscal Diego Ferrachol, y que ya fue también debidamente presentado al juzgado, mañana deberíamos obtener sin más dilación la condena de Virginia por el delito de consumo”, dijo el abogado a Brújula Digital desde Montevideo.

Virginia, de 27 años, y su madre Silvia, de 60, son las dos uruguayas que visitaron Bolivia como turistas, pero su viaje se convirtió en un infierno cuando fueron acusadas de tráfico de drogas, porque portaban siete gramos de marihuana (equivale a una bolsa que entra el bolsillo del pantalón”.

Ambas fueron enviadas a la cárcel con prisión preventiva, pese a la mínima cantidad de cánnabis que llevaban consigo, que claramente era para consumo, que es legal en Uruguay. En Bolivia no está penado el consumo de drogas, y pese a ellos la Fiscalía acusó a las dos mujeres.

Silvia fue liberada hace unas semanas y Virginia sigue detenida, a cuatro meses de su pesadilla.

Pese a ello, el abogado Rey esta esperanzado: “Esperamos que se pueda ejecutar el mandato judicial de liberación ese mismo día, jueves, para evitar generar nuevos días adicionales de arresto cautelar que no tienen ningún sentido”.

Agregó que el juez Medrano “hasta ahora ha demostrado tener una sensibilidad humanitaria que le ha impreso movimientos firmes al expediente, para poder llegar a esta audiencia”.

Dijo además que, a diferencia de la Fiscalía y del juez de primera instancia, “el jurista Medrano y su equipo han actuado con la celeridad requerida en el caso de Silvia (la madre), disponiendo el mandato judicial de liberación en tiempo y forma. No tenemos ninguna razón para desconfiar que lo mismo va a suceder oportunamente con Virginia; el Juez nos da garantías de cumplimiento de la ley procesal penal y de sus plazos”.

El caso ha generado preocupación de activistas de derechos humanos, por el flagrante abuso de la Fiscalía y el juez de primera instancia.

En ese sentido, el abogado especialista en derechos humanos Franco Albarracín consideró que se violaron los derechos de las dos uruguayas.

“Aquí se está aplicando la norma de manera irracional, desproporcionada por una cantidad casi insignificante de droga, entonces se están vulnerando claramente su derecho a la libertad personal, al debido proceso, al acceso a la justicia y se está vulnerando el principio de inocencia”, indicó Albarracín a Brújula Digital.

Albarracín indicó que ante la sospecha de posible tráfico de drogas las autoridades debieron solicitar la identificación de las dos mujeres, tomar su declaración ante la Policía y luego permitirles retirarse en libertad. Si el Ministerio Público encontraba indicios, debió haber procedido con una imputación para que ambas personas pudieran defenderse en libertad. Nada de eso ocurrió, dijo.

“En Bolivia lo que está penalizado es la tenencia de una determinada cantidad de marihuana (para el tráfico) que puede variar según el tipo de droga, (pero el problema) es que estos límites no están establecidos de forma específica y lo que ocurre es que personas como estas ciudadanas son detenidas con porcentajes reducidos de droga”, añadió.

Mencionó que estas dos ciudadanas podrían iniciar un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la vulneración de sus derechos. Aunque estos procesos pueden ser prolongados, su resultado podría ser una sanción al Estado Boliviano, si así se considera adecuado.

BD/RPU