Alcaldía asegura que fiscaliza construcciones fuera de norma, pero que las empresas rompen precintos y siguen con los trabajos

Brújula Digital|31|05|24|

La Alcaldía de La Paz enfatiza que realiza una fiscalización constante a las construcciones sin permiso, pero que pese a la intervención municipal, las empresas constructoras rompen los precintos que colocan funcionarios ediles y rebasan el control.

“Hemos efectuado las fiscalizaciones a todas las edificaciones que están en nuestra jurisdicción y (…) en algunos casos nos han dicho que tienen autorización (del municipio de) Palca y en otros hemos hecho la notificación para la paralización de obras y, lamentablemente, los constructores lo que hacen es romper el precinto de paralización y siguen construyendo”, afirmó el oficial Asesor de la Alcaldía de La Paz, Oscar Navarro, en entrevista con Brújula Digital.

Navarro señaló que se estima que en La Paz existen alrededor de 140 edificaciones sin permiso de construcción, de las cuales 17 son propiedad del grupo constructor Loritas, Bengala y Youth Building.

De las 17 construcciones, una ha obtenido autorización de la actual administración municipal, mientras que tres se acogieron a un plan de regularización establecido por la Ley 467 durante la gestión del año 2022. Además, seis de las edificaciones contarían con autorización otorgada por el municipio de Palca.

Navarro destacó que las construcciones pueden ser frenadas de una forma efectiva cuando se cuenta con autorizaciones judiciales. Por lo tanto, después del proceso de fiscalización administrativa llevado a cabo por la Alcaldía es necesario derivar el caso a lo jurídico.

“Únicamente por autorizaciones judiciales se pueden parar realmente las edificaciones fuera de norma”, añadió.

Añadió que la Alcaldía paceña solo emite notificaciones o impone multas administrativas por infracciones, a pesar de que la normativa municipal contempla la posibilidad de demoliciones. Sin embargo, estas no pueden llevarse a cabo debido a la protección que la Constitución Política del Estado brinda a la propiedad privada.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló en una entrevista con Brújula Digital que como consecuencia del caso de Lora, actualmente en detención preventiva por tres meses en el penal de San Pedro de La Paz por delito de estafa con víctimas múltiples, su despacho recibió 60 denuncias de personas que solicitan la devolución de su dinero o la entrega de los departamentos que habían adquirido.

Silva explicó que el caso Loritas involucra diversos aspectos, entre los cuales destacan la falta de cumplimiento de las normativas municipales por parte de la Alcaldía de La Paz, la necesidad de regular todas las construcciones mediante una normativa municipal, la ausencia de la autoridad municipal y la práctica de algunos empresarios de utilizar la preventa como un medio para engañar, estafar y apropiarse de los fondos de personas en busca de un bien inmueble.

BD/AGT/JA