Asociaciones de periodistas exigen justicia para Carolina Ulloa

Brújula Digital|28|05|24|

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitieron un comunicado en el que expresan su solidaridad con Carolina Ulloa, colega periodista que ha denunciado ser víctima de violencia física y psicológica durante varios años por parte de su expareja, Gonzalo A.V.M.

En el comunicado, la APLP y la ANPB condenan enérgicamente estos actos de violencia, calificándolos como una grave violación de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad e integridad de Ulloa, una profesional dedicada a informar y servir a la sociedad.

“La violencia contra las mujeres es inaceptable y debe ser sancionada con la mayor severidad”, afirmaron las asociaciones en un comunicado.

Brújula Digital informó del caso de manera primicial.

Carolina Ulloa ha revelado que, pese a los antecedentes de violencia familiar, Gonzalo A.V.M. busca obtener la tenencia de su hija de cuatro años, con la aparente complicidad de operadores de justicia que le han otorgado el derecho a visitas no supervisadas.

En respuesta a las agresiones, las autoridades emitieron medidas de protección para Ulloa y su familia. La fiscal de materia, Yolanda Tania Alfaro, ordenó al agresor abstenerse de cualquier forma de comunicación o intimidación hacia Ulloa y su familia. Sin embargo, la jueza Karen Romero Ibáñez del Juzgado Público de Familia Primero de la zona Sur, declaró que dichas medidas de protección no incluyen a la menor.

Además, Gonzalo A.V.M. ha presentado un recurso para anular la imputación formal por violencia, con una audiencia programada para este miércoles 29 de mayo, en la que un juez decidirá si procede la anulación.

La APLP y la ANPB exigen una intervención inmediata de las autoridades judiciales, así como de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para reconducir el proceso judicial y tomar las medidas necesarias contra el agresor conforme a la Ley 348, que protege a las mujeres contra la violencia y establece sanciones penales por estos hechos.

Las asociaciones también solicitan medidas de protección para garantizar la seguridad de Carolina Ulloa, su hija y su familia, ante cualquier posible amenaza o acción en su contra.

En su compromiso con la justicia y el control social, la APLP y la ANPB han anunciado que realizarán un seguimiento riguroso del caso para asegurar que los operadores de justicia actúen conforme a la ley y protejan a las víctimas, sancionando adecuadamente los actos de violencia denunciados.

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