El Defensor del Pueblo advirtió que la sobrepoblación, hacinamiento y el uso indiscriminado de la detención preventiva amenazan con agudizar la crisis en el sistema penitenciario, por lo que sugiere cinco medidas
Brújula Digital|30|09|25|
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este martes que una sobrepoblación, hacinamiento y el uso indiscriminado de la detención preventiva amenazan con agudizar la crisis en el sistema penitenciario del país, por lo que sugiere adoptar cinco medidas.
La advertencia de Callisaya se dio cuando presentó la “Alerta Temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, documento que refleja la situación de las personas privadas de libertad.
“La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha identificado una situación crítica en el sistema penitenciario que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas urgentes”, señaló el Defensor del Pueblo.
Según documento presentado, la población penitenciaria ha mostrado un crecimiento sostenido y ha llegado a julio de 2025 un total de 33.058 personas privadas de libertad, con un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.
En el estudio, se indica que la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso excesivo de la detención preventiva son problemas estructurales del sistema penitenciario que comprometen gravemente los derechos humanos de los internos.
“La sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible. Además, la población penitenciaria crece cada año de manera preocupante, sin que existan políticas efectivas para revertir esta tendencia”, refirió Callisaya, según un reporte de la Defensoría del Pueblo.
Para la autoridad defensorial, a esta problemática, se suma el “uso excesivo de la detención preventiva, que contribuye significativamente al hacinamiento y agrava la crisis del sistema carcelario”.
Entre los datos que respaldan esta afirmación, la alerta temprana evidencia que, por ejemplo, el penal de San Pablo de Quillacollo, que tiene una capacidad para 110 privados de libertad, a la fecha cuenta con 674 internos, lo cual representa un hacinamiento del 513%. Similar situación se da en el Penal de San Sebastián que con una capacidad para 250 personas, actualmente alberga 1.115, teniendo un 346% de hacinamiento.
Otros penales que están en la misma situación son Palmasola en Santa Cruz, con un hacinamiento del 205% y el de San Pedro de Oruro con un 243%. Esta situación sería una de las causas del debilitamiento de la seguridad penitenciaria que se refleja con la muerte violenta en cárceles de 15 internos, asimismo, ocasionaría deficiencias graves en la atención en salud y la alimentación, y una infraestructura débil y ausencia de programas de reinserción.
Ante esta situación el Defensor del Pueblo planteó cinco medidas urgentes como limitar el uso de la detención preventiva y la aplicación de un enfoque diferenciado en el juzgamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad; aprobar el uso de manillas electrónicas; separar y clasificar a las PPLs según la naturaleza y gravedad del delito; mejorar acceso al derecho a la salud, garantizando más personal médico o más convenios con hospitales que puedan brindar servicio ambulatorio en cárceles.
BD/RED
