El exgerente de YPFB Logística, Félix Abraham Cruz Taca, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por cuatro meses dentro del proceso denominado caso Botrading. Su abogado, Álbaro Guzmán, cuestionó la determinación y denunció que durante la audiencia virtual se vulneraron los derechos de la defensa.
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El exgerente de YPFB Logística, Félix Abraham Cruz Taca, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por cuatro meses dentro del proceso denominado caso Botrading. Su abogado, Álbaro Guzmán, cuestionó la determinación y denunció que durante la audiencia virtual se vulneraron los derechos de la defensa.
“La autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva, pero no tomó en cuenta la probabilidad de autoría ni los riesgos procesales. Además, se produjo una irregularidad porque el juez cortó los micrófonos de la defensa e impidió culminar la presentación de los argumentos que teníamos preparados”, señaló Guzmán.
El jurista agregó que la audiencia debió realizarse de manera presencial debido a la extensión de los documentos del caso. “Teníamos más de 400 fojas para revisar, pero la autoridad quería que las escaneemos y presentemos de forma virtual, lo que era imposible”, añadió.
La defensa sostuvo que el Ministerio Público basó su acusación en hechos vinculados a YPFB Corporación y no a YPFB Logística, área en la que Cruz ejercía funciones. “No existe ningún contrato firmado por él ni responsabilidad en la contratación de Botrading. Las decisiones de compra de acciones y firma de contratos corresponden a la directiva de YPFB Corporación, no a mi defendido”, afirmó Guzmán, quien calificó la medida como “desproporcionada”.
La resolución judicial fue apelada y se solicitó que los antecedentes sean remitidos a la sala de turno para su revisión. La defensa espera que esa instancia valore los argumentos y otorgue la libertad que, según sostiene, corresponde a Cruz.
El caso Botrading investiga operaciones de compra de combustibles realizadas a través de una intermediaria con sede en Paraguay, que habrían ocasionado un presunto daño económico al Estado de al menos 355 millones de dólares.
BD/LE
