Servicio de Defensa Pública reconoce que no hay justificación para que Spedding continúe arraigada

Brújula Digital|30|04|25

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), entidad descentralizada del Ministerio de Justicia, reconoció que no hay justificación legal para que la ciudadana británica Alison Spedding continúe arraigada tras 25 años sin una sentencia condenatoria activa ni un proceso vigente.

El director nacional del Sedped, Limbert Josué Pinto Veneros, informó hace unos días a Brújula Digital que “no existiría razón lógica para ello, en razón de que las medidas cautelares son para garantizar la presencia del imputado durante el proceso, el cual habría concluido con una sentencia”.

Spedding, profesora universitaria y antropóloga radicada en Bolivia, fue detenida en 1998 por un caso menor de tenencia de marihuana para su consumo personal y luego liberada, pero la medida de arraigo nunca fue levantada. Hoy, su situación legal continúa indefinida, a pesar de que no enfrenta cargos activos. Un reportaje de Brújula Digital difundido el 3 de abril profundizó en su situación.

Expediente extraviado

Pinto, en un cuestionario respondido por escrito a este medio, explicó que el arraigo sigue vigente únicamente porque “el expediente se extravió” y aún no se ha confirmado formalmente si la sentencia fue ejecutoriada.

Pinto explicó que se han solicitado las fotocopias de los actuados judiciales y que “una vez revisado el proceso a fondo se solicitará al juez una determinación al respecto”, respondió por escrito a Brújula Digital hace unas semanas.

Apoyo a Spedding

En cuanto al respeto al debido proceso, el director del Sepdep afirmó que se conversó directamente con Spedding y se le ofreció asistencia jurídica, la cual ella aceptó. “Ya se está recolectando todos los antecedentes para dar una pronta respuesta a la problemática que afronta”, indicó.

Sobre el posible abuso en el uso prolongado del arraigo, Pinto fue enfático: “El Sepdep considera que las medidas cautelares deben ser proporcionales y evitar su exceso en lo menor manera posible. Un uso injustificado de las mismas debe ser reclamado ante la autoridad jurisdiccional y es lo que se hará en el presente caso”.

Además, sostuvo que se trabaja activamente para evitar que otros ciudadanos —nacionales o extranjeros— enfrenten situaciones similares.

“El Sepdep está atento durante las visitas que se realizan a los recintos penitenciarios” y mantiene “amplia coordinación con distintas embajadas y consulados que nos hacen conocer distintas problemáticas de sus connacionales”.

El caso de Spedding evidencia fallas graves en la administración de justicia y plantea la urgente necesidad de corregir prácticas que, según el propio Ministerio de Justicia, ya no tienen fundamento legal ni ético para sostenerse.

BD/MS/JA

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