El calvario de Alison Spedding: una inglesa sufre 25 años de un arraigo que la justicia se niega a resolver

Brújula Digital|03|04|25|

Manuela Sánchez

Alison Spedding, reconocida antropóloga y escritora inglesa, se convirtió en una figura singular dentro de la sociedad boliviana. Con estudios en King’s College de Cambridge y un doctorado en antropología en la London School of Economics, llegó a Bolivia en la década de los 80 atraída por la diversidad cultural del país y la presencia de la coca. Su trabajo académico la llevó a recorrer comunidades rurales, aprender aymara y sumergirse en la vida de los campesinos. Su integración al país fue total, al punto de que muchos la reconocen como “la cholita gringa”. Viste de pollera y vive parte del tiempo en una comunidad yungueña cercana a Chulumani.

Pero aparte de ello, Alison vive una pesadilla judicial. Su situación refleja las fallas estructurales del sistema legal boliviano, en el que la burocracia, la corrupción y la deshumanización impiden la resolución de casos de manera justa y eficiente. Está arraigada en el país desde hace 20 años en un caso que ningún juez, y menos el Ministerio de Justicia o Defensor del Pueblo, han podido ayudar a resolver.

A lo largo de los años, ha apelado en múltiples ocasiones para que se levante la medida, pero la respuesta ha sido siempre la misma: negativa tras negativa. La razón oficial es que un proceso por tenencia de marihuana sigue “pendiente”, aunque en realidad se ha perdido en un laberinto administrativo. Solo en Bolivia, que tiene uno de los peores sistemas judiciales del mundo, se explica su situación: nunca se levantó el proceso en su contra, pese a los 20 años transcurridos.

Spedding, lejos de rendirse, ha encontrado formas de seguir adelante, enseñando en la universidad, escribiendo libros y participando activamente en la vida política y cultural del país. A pesar de todo, su lucha por recuperar su libertad continúa, mientras su caso se convierte en un símbolo de la inoperancia de la justicia boliviana.

Una inglesa vestida de chola

Alison Spedding llegó a Bolivia en los años 80 con una mochila llena de libros y una curiosidad insaciable por la vida andina. Criada en Inglaterra, su interés por América Latina comenzó con la lectura de Cien años de soledad. Quería conocer de cerca el continente que tanto la intrigaba, así que viajó por Perú, Ecuador y Colombia antes de pisar suelo boliviano por primera vez en 1982. Lo que inicialmente era una exploración académica se convirtió en una historia de amor. Fascinada por la cultura y el modo de vida campesino, decidió hacer de Bolivia su hogar.

En 1984, regresó al país para realizar estudios de campo en plena hiperinflación, investigando comunidades rurales y su relación con los cultivos tradicionales. En 1985, al iniciar su doctorado en antropología, eligió Bolivia como su centro de investigación por ser el país donde más se cultivaba coca. Se instaló en los Yungas, viviendo como los otros lugareños, pijchando coca y aprendiendo aymara con la gente. Su inmersión en la vida boliviana no pasó desapercibida: vestía pollera, trabajaba codo a codo con los campesinos y defendía el papel cultural e histórico de la coca en la región. Su identidad se transformó hasta el punto en que muchos la consideraban una chola más.

En 1992 decidió establecerse en La Paz, donde se convirtió en docente de la Universidad Mayor de San Andrés (aunque mantiene su residencia en Yungas). Impartió clases de antropología andina y economía, siendo una referencia en su campo. Sus estudios sobre la coca y su impacto en la economía nacional la convirtieron en una voz influyente, pero también en una figura incómoda para el sistema.

Su vida dio un giro inesperado en 1998, cuando la Policía allanó su casa y encontró 2,5 kilos de marihuana. Según Spedding, la hierba era para consumo personal, pero fue acusada bajo el artículo 48 de la Ley 1008, que castiga el tráfico de sustancias controladas con penas de hasta 25 años de prisión. Afirma que su detención fue resultado de una delación, tras el arresto de un narcotraficante que la señaló en un intento por reducir su condena.

Y lo que parecía un caso menor se convirtió en una pesadilla legal interminable, marcando un antes y un después en la vida de la antropóloga. En esos años en los que la batalla contra las drogas era también política, Spedding fue sancionada con un fallo desproporcionado, de dos y medio años de cárcel en el centro de alta seguridad de Miraflores. Una atrocidad para alguien que no comerciaba marihuana, sino que la consumía.

Y pese a que desde el año 2000 está libre, Spedding sigue atrapada en un limbo legal que le impide salir de Bolivia. Desde ese año su arraigo judicial se ha mantenido intacto, a pesar de múltiples intentos de apelación. Sus abogados han presentado recursos legales en diversas instancias, pero la respuesta siempre ha sido la misma: negativa tras negativa, basada en argumentos administrativos confusos y contradictorios. “Siempre te arraigan cuando te imputan y de nuevo cuando sales por retardación de justicia”, explica Spedding, quien ha visto cómo los tecnicismos legales se han convertido en una barrera infranqueable para recuperar su libertad de movimiento. Numerosos jueces ineficientes y corruptos siguen manteniendo el arraigo de la antropóloga, que en todos estos años no ha podido salir del país ni a visitar a sus familiares y amigos, ni a participar en las decenas de talleres, seminarios y congresos a los que ha sido invitada.

El sistema judicial boliviano, marcado por la lentitud y la corrupción, ha demostrado su incapacidad para resolver su caso de manera definitiva. A lo largo de los años, los expedientes de su proceso se han perdido, reaparecido y vuelto a extraviar, generando un círculo vicioso en el que la falta de documentos impide cerrar su situación legal. Sus abogados han argumentado que el proceso ya ha prescrito abundantemente y que mantener el arraigo es una violación a sus derechos, pero las autoridades insisten en que, sin una conclusión formal del caso, no puede salir del país.

La arbitrariedad con la que se maneja la justicia en Bolivia ha quedado en evidencia en su historia. Mientras otros casos de alto perfil, con delitos más graves, han sido resueltos en tiempos récord, su situación se ha convertido en una muestra del caos burocrático en el que operan los tribunales. La falta de voluntad política para corregir este atropello ha hecho que Alison dependa de jueces y fiscales que parecen más interesados en postergar decisiones que en hacer justicia.

El impacto en su vida personal ha sido profundo. En 2016, cuando su padre agonizaba en Inglaterra, intentó gestionar un permiso para viajar y despedirse de él, pero las autoridades no lo permitieron. Este episodio marcó uno de los momentos más dolorosos de su odisea, dejándole claro que su libertad estaba en manos de un sistema indolente y ajeno a cualquier sensibilidad humana. Para Spedding, el arraigo no es solo una restricción de movimiento; es una condena indefinida impuesta por la desidia y el desorden de la justicia boliviana.

La paciencia de Alison: su vida en Bolivia

El arraigo ha afectado profundamente su vida personal y profesional, ha encontrado en Bolivia un hogar forzado. Sin embargo, Alison ha logrado transformar su encierro en una oportunidad para seguir contribuyendo al país que la acogió. Se ha mantenido activa en el ámbito académico, dictando clases en la Universidad Mayor de San Andrés, donde ha enseñado antropología económica y antropología andina. Su capacidad de adaptación y su vocación docente la han convertido en una mentora para muchos estudiantes, quienes la ven como una referencia intelectual y un símbolo de resistencia frente a la arbitrariedad del sistema judicial.

Además de su labor académica, Spedding ha continuado investigando y escribiendo sobre la sociedad boliviana. Sus estudios sobre la coca y su impacto en la economía han sido ampliamente reconocidos, al igual que sus análisis sobre las estructuras de poder y la política en Bolivia. Su obra ha trascendido el ámbito académico, convirtiéndose en una voz crítica contra las deficiencias del sistema judicial y las políticas de drogas del país. "La cárcel te obliga a encontrar fortaleza interna o te consume", reflexiona, recordando los dos años y medio que pasó privada de libertad.

Pese a vivir bajo la sombra de un proceso judicial interminable, ha construido una comunidad de amigos, colegas y estudiantes que la apoyan incondicionalmente. En Chulumani, donde posee una casa y una plantación de coca, los habitantes la consideran una más y han llegado incluso a sugerirle que se postule para la Alcaldía. Aunque la nacionalización y los trámites burocráticos la alejan de esa posibilidad, su arraigo en Bolivia es más profundo que el impuesto por la justicia: ha encontrado un hogar, una identidad y un propósito en un país que la ha retenido, pero que también le ha permitido dejar una huella imborrable.

Una justicia que de “justa” no tiene nada

El caso de Alison Spedding no es un hecho aislado en Bolivia; se inserta en un contexto más amplio de fallas sistémicas dentro del sistema judicial del país. Un ejemplo emblemático es el de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien denunció un desfalco millonario en esa institución. En lugar de ser reconocido por su valentía, Aramayo enfrentó una persecución judicial implacable: más de 200 procesos en su contra y siete años de detención preventiva. Durante su encarcelamiento, sufrió torturas y vejaciones que deterioraron su salud, llevándolo a la muerte en abril de 2022

Otro caso que evidencia las deficiencias del sistema judicial boliviano es el del bebé Alexander. En 2014, la muerte de este infante de ocho meses desató una ola de indignación pública. El médico Jhiery Fernández fue acusado y condenado a 20 años de prisión por una supuesta violación que, según se reveló posteriormente, nunca ocurrió. La jueza Patricia Pacajes admitió en un audio filtrado que sentenció a Fernández sin pruebas concluyentes, lo que puso en evidencia la manipulación y falta de rigor en el proceso judicial

Estos casos, junto con el de Alison, ilustran una preocupante tendencia en Bolivia: un sistema judicial que, lejos de garantizar justicia, perpetúa la injusticia. La combinación de corrupción, burocracia y presiones políticas ha creado un entorno donde las garantías procesales son frecuentemente vulneradas, dejando a individuos atrapados en procesos interminables y, en muchos casos, injustamente encarcelados. La necesidad de una reforma profunda y efectiva del sistema judicial boliviano se hace cada vez más evidente para evitar que historias como las de Spedding, Aramayo y Fernández sigan repitiéndose.

 Manuela Sánchez es periodista. Se encarga de la información internacional de Brújula Digital.

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