El Ministerio Público atendió a nivel nacional 8.477 casos de violencia contra mujeres, contemplados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348). De ellos, 6.518 se registran en los hogares.
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Entre el 1 de enero y el 7 de marzo del presente año, el Ministerio Público atendió a nivel nacional 8.477 casos de violencia contra mujeres, contemplados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348). De ellos, 6.518 se registran en los hogares; es decir: de cada ocho casos, seis se presentan donde viven lo que representa su vulnerabildiad.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, alertó sobre la gravedad de estas cifras y llamó a la sociedad a actuar. “Estos datos no son solo estadísticas, son un llamado a la acción. No podemos seguir ignorando esta realidad. Juntos podemos enfrentar este mal, por eso exhorto a toda persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia a presentar la denuncia correspondiente”, manifestó.
Según los datos oficiales, después de Santa Cruz, La Paz registra 2.016 casos, seguido de Cochabamba con 1.269, Tarija 641, Potosí 471, Chuquisaca 407, Beni 263, Oruro 211 y Pando 101.
El delito más recurrente es la violencia familiar o doméstica, con 6.518 casos, lo que evidencia la creciente vulnerabilidad de las mujeres dentro de sus propios hogares. Además, se reportaron 554 casos de abuso sexual, 515 de violación, 358 de violación de infantes, niñas, niños o adolescentes, 315 de estupro y 217 casos por otros delitos.
En cuanto a feminicidios en grado de tentativa, se registraron 26 casos: La Paz encabeza la lista con 9, seguido de Cochabamba con 7, Santa Cruz 5, Tarija 3, Beni 1 y Oruro 1. Chuquisaca, Potosí y Pando no reportaron este delito en el periodo analizado.
Ante estos preocupantes datos, el fiscal general reiteró la necesidad de un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la sociedad para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción. “La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad nacional. Es fundamental que se refuercen las políticas públicas y que las víctimas encuentren un sistema de justicia accesible y eficiente”, enfatizó.
BD/RED