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La Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó al Ministerio de Gobierno rectificar públicamente la información difundida sobre Reyna H.H., quien fue presentada como autora de los delitos de abandono de hogar y violencia intrafamiliar sin contar con una imputación formal.
La Justicia determinó que la exhibición de la joven madre vulneró su derecho a la honra, dignidad y presunción de inocencia, por lo que dispuso que el ministerio de Gobierno repare el daño mediante una conferencia de prensa.
El fallo responde a una Acción de Protección de Privacidad presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en representación de Reyna H.H. La demanda argumentó que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, expuso a la mujer de manera indebida en una conferencia de prensa realizada el 22 de enero de 2024.
En dicha ocasión, la presentó ante los medios de comunicación con un chaleco de aprehendida, la acusó de simular su desaparición y la señaló por supuesto abandono de sus hijos y consumo de alcohol.
Tras evaluar los hechos, la Sala Constitucional determinó que la exhibición pública de Reyna H.H. constituyó una violación de sus derechos fundamentales, al presentarla como culpable sin que existiera una sentencia condenatoria. En ese sentido, ordenó que el Ministerio de Gobierno, en el mismo formato en el que la expuso, rectifique sus declaraciones y aclare que la mujer se encuentra en investigación y que será la justicia la que defina su responsabilidad penal.
Asimismo, el tribunal dispuso que la autoridad ministerial garantice la no repetición de este tipo de vulneraciones, recordando que ninguna persona en proceso de investigación debe ser exhibida públicamente como culpable. No obstante, reiteró que es posible la difusión de imágenes solo en casos de prófugos, desaparecidos o personas sorprendidas en flagrancia delictiva.
Durante la audiencia, el Ministerio de Gobierno intentó desvirtuar el caso argumentando que el video de la conferencia de prensa fue eliminado de redes sociales y que la afectada debió presentar un reclamo administrativo antes de recurrir a la vía judicial. Sin embargo, la Sala Constitucional rechazó estos argumentos y ratificó que se produjo una afectación a los derechos de la denunciante.
El caso de Reyna H.H. se originó tras su presunta desaparición el 30 de diciembre de 2024, lo que llevó a una investigación por parte de la Policía y la Fiscalía. El 21 de enero, fue hallada junto a sus hijos en un alojamiento. El Ministerio Público la acusó de haber dejado solos a los menores y sospechó que consumía bebidas alcohólicas. Sin embargo, un juez determinó su libertad al no hallar pruebas suficientes para mantenerla detenida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sancionó al Estado boliviano en casos similares, como el de Blas Valencia, en el que se estableció un resarcimiento por la exhibición indebida de un acusado. Con este antecedente, la reciente decisión de la Sala Constitucional busca reforzar el respeto a la presunción de inocencia y evitar nuevas vulneraciones a los derechos fundamentales.
BD/RED