Directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presentó una acción de libertad en favor del secretario de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma.
Brújula Digital l24l01l2025
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su directora de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, presentó una acción de libertad en favor del secretario de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma. Esta medida se tomó debido a los riesgos que enfrenta su salud mientras permanece aprehendido por el caso de la mazamorra en Bajo Llojeta. El evento, ocurrido el 23 de noviembre de 2024, dejó viviendas anegadas y provocó la muerte de una niña en la urbanización Santa Cecilia.
Tras declarar ante la Fiscalía, Palma fue aprehendido bajo las acusaciones de incumplimiento de deberes, peligro de estrago y otros cargos. A raíz de su delicado estado de salud, fue trasladado desde las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) al Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y, posteriormente, al Hospital Obrero, donde permanece internado. Según Morales, el funcionario fue sometido a una ecografía y a análisis médicos recomendados por el médico forense.
“Hace un minuto se ha presentado una acción de libertad porque se está poniendo en riesgo la vida del secretario (Palma)”, afirmó Morales, señalando que la medida forma parte de la estrategia jurídica para garantizar su bienestar mientras se espera la audiencia cautelar.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó la aprehensión como una “afrenta” contra la ciudad. “Estamos en plena época de lluvias. El señor Palma está a la cabeza de las acciones de emergencia, y el argumento por el que lo están tomando preso es totalmente absurdo”, manifestó en conferencia de prensa. Además, destacó las enfermedades graves que sufre Palma, como hipertensión y hemorragias, argumentando que su estado de salud es incompatible con la detención en celdas de la FELCC.
La orden de aprehensión emitida antes del traslado de Palma señala que existe riesgo de obstaculización del proceso, acusándolo de potencialmente falsificar, ocultar o destruir pruebas. Sin embargo, Morales consideró la decisión del fiscal como “extrema y arbitraria”. Explicó que, durante más de cuatro horas de declaración, Palma proporcionó toda la información requerida, pero aun así fue detenido.
El caso continúa generando tensiones, con la Alcaldía paceña insistiendo en que las acciones legales contra Palma buscan debilitar la gestión municipal en un momento crítico para la ciudad.
BD/RED