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El dirigente evista Humberto Claros fue aprehendido este miércoles en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, por su supuesta participación en hechos irregulares en el bloqueo evista de 24 días. Sin embargo, aún están en lista el dirigente Ponciano Santos y el exministro Juan Ramón Quintana.
El traslado de Claros a la ciudad de La Paz se realizó bajo un fuerte resguardo policial y llegó a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELLC) ante la protesta de algunas personas quienes exigían la libertad del dirigente campesino afín a Morales.
Durante el bloqueo evista de 24 días, el Gobierno denunció una serie de hechos delictivos, incluida la toma de recintos militares, el secuestro de policías y periodistas y la colocación de artefactos explosivos para intimidar a las fuerzas del orden que procedían a realizar los desbloqueos, en especial en el puente Parotani.
Estos actos fueron descritos como parte de un “ataque sistemático contra el Estado” y calificados por las autoridades como terrorismo. Según la normativa, los acusados por este delito deben ser juzgados en la sede de Gobierno, lo que explica el traslado inmediato de Claros a La Paz.
El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, declaró la anterior semana que una comisión de fiscales investiga los hechos delictivos cometidos durante los bloqueos. “Existen memoriales y solicitudes tanto del Ministerio de Justicia, la Procuraduría y otras instituciones como coadyuvantes o partes que desean apersonarse como víctimas de estas investigaciones”.
La Procuraduría General del Estado presentó, el pasado 5 de noviembre, una solicitud al Ministerio Público para emitir órdenes de aprehensión contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, así como los dirigentes campesinos Humberto Claros y Ponciano Santos.
La aprehensión de Claros se produjo el miércoles por la mañana debido a las acusaciones de terrorismo y otros delitos relacionados con los bloqueos de caminos en apoyo al expresidente Evo Morales. El Subprocurador Ricardo Condori ratificó la necesidad de emitir estos mandamientos, argumentando que “la reticencia de los mismos a someterse al proceso justifica la aprehensión en el marco de los artículos 122 y 226 del Código Penal”.
La defensa de Claros, encabezada por el abogado Rodrigo Tola, calificó el arresto como ilegal y violatorio de los derechos de su defendido. “La aprehensión se suscitó de manera ilegal e irregular en Cochabamba. Ahora queríamos ingresar, saber qué pasó, pero no nos permiten el acceso. Existe un resguardo policial que impide el ingreso, y le asignaron abogados de oficio, lo cual es inaceptable; él tiene que entrar con su abogado de confianza”, afirmó Tola.
BD/RED