En 2023 hubo 13 muertes “por causas no naturales” bajo custodia penitenciaria y 19 procesos por vejaciones y torturas

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Sumando Voces

El informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia elaborado por la Defensoría del Pueblo estableció que en 2023 hubo 13 muertes por causas “no naturales” bajo custodia de las autoridades penitenciarias y que se instauraron 19 procesos por vejaciones y torturas en el sistema penal.

Este panorama se presenta en un sistema penitenciario que ocupa el tercer lugar en la región con los más altos porcentajes de presos sin condena y hacinamiento, solo después de Haití y Paraguay.

El informe fue presentado el viernes pasado por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien dijo que el informe es “un llamado a la acción para que todos, todas y todes podamos caminar conjuntamente en la búsqueda de un mejor escenario en esta materialidad de los derechos, que tienen serias limitaciones”.

El informe abarca diversos poblaciones en situación de vulnerabilidad, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el acápite de los derechos civiles y políticos se encuentra descrita la situación de la detención preventiva y las condiciones carcelarias.

“Según fuente oficial durante 2023, se produjeron 13 muertes por causas “no naturales” bajo custodia de las autoridades penitenciarias. Por otra parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura identificó graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad derivadas de la falta de una política integral y las deficientes condiciones de detención en centros penitenciarios”, señala el informe.

Agrega que el Ministerio Público ha registrado un total de 19 procesos penales iniciados por la presunta comisión del delito de Vejaciones y Torturas previsto por el artículo 295 del Código Penal.

“El tipo penal de tortura no cumple con los estándares internacionales sobre el tema. El Estado no cuenta con una política y/o normativa nacional conforme a estándares internacionales, sobre la actuación y gestión del conflicto por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en protestas sociales”, alerta la Defensoría.

Respecto a las condiciones penitenciarias, el informe indica que, según el INE, el número de personas privadas de libertad se incrementó en un 50% entre 2013 y 2023, el porcentaje de las personas privadas de libertad respecto de la capacidad carcelaria (hacinamiento) subió de 153% (2015) a 174% (2023) y que el caso más grave es el del Penal de San Pedro de La Paz, que ha sobrepasado su capacidad en 672%.

“En 2023, Bolivia ocupó el tercer lugar en la región con los más altos porcentajes de presos sin condena y hacinamiento, después de Haití y Paraguay. En ese mismo año, la población penitenciaria alcanzó a 28.838 personas (6,65% mujeres, 92,79% hombres y 0,56% LGBTIQ+179), de los cuales el 63% se encontraban en situación de detención preventiva”.

Más administrativos que jueces

El reporte repara en los problemas de la administración de justicia, entre ellos, la existencia de más administrativos que jueces. Así, en el país existen 1.569 administrativos frente a 1.203 jueces, lo que deriva en una importante mora procesal.

“Respecto al Órgano Judicial, según datos del Consejo de la Magistratura a) existe un juzgado o tribunal sólo en el 49% (169) de los 342 municipios, b) se cuentan con 1.203 jueces a nivel nacional (43% mujeres, 55% hombres y 2% acefalías), es decir, 9,8 jueces por cada 100.000 habitantes, c) 47% de las causas procesadas en 2023 (en todas las materias en ciudades capitales) quedaron pendientes de resolución para la siguiente gestión”, grafica el informe.

En ese marco, la Defensoría exhorta al Estado a que concluya con la preselección de candidatos a altas autoridades judiciales, mediante un proceso transparente, participativo, íntegro e inmediato, así como a establecer medidas legislativas o de otra índole que eviten la dilación excesiva de este tipo de procesos.

Al respecto, la Asamblea Legislativa ya concluyó el proceso de preselección y la elección judicial se encuentra en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSE).

BD/