Según el documento, la región ha perdido más de 88 millones de hectáreas de cobertura forestal entre 1985 y 2023 –equivalente al 12,5% de su masa original– mientras que incendios y sequías recurrentes han deteriorado aún más la capacidad de la selva para almacenar carbono.
Brújula Digital|18|11|25|
La Amazonía atraviesa un momento decisivo: la acelerada pérdida de bosques, la expansión de la minería ilegal y el debilitamiento de su resiliencia ecológica han llevado al bioma más grande del planeta a un punto crítico de degradación que amenaza la estabilidad climática global y los derechos humanos de millones de personas. Así lo advierte el informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA).
Según el documento, la región ha perdido más de 88 millones de hectáreas de cobertura forestal entre 1985 y 2023 –equivalente al 12,5% de su masa original– mientras que incendios y sequías recurrentes han deteriorado aún más la capacidad de la selva para almacenar carbono y mantener el ciclo hidrológico que regula las lluvias en Sudamérica.
El análisis advierte que, si la deforestación supera el 20% al 25%, vastas áreas podrían transformarse en sabanas, un cambio irreversible que afectaría la agricultura, el suministro de agua y la biodiversidad regional.
Con miras a la COP30 en Belém en 2025, las organizaciones consideran que existe una “oportunidad histórica” para que los gobiernos asuman compromisos coordinados que articulen justicia climática, control de la minería ilegal, protección de la biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas. Entre las recomendaciones se incluyen marcos regulatorios para la cadena global del oro, cooperación regional en el combate a ilícitos, financiamiento para prácticas agroforestales sostenibles y mecanismos internacionales de vigilancia y rendición de cuentas.
El informe identifica además a la minería ilegal de oro como uno de los principales impulsores de esta crisis ambiental. Más de 5,5 millones de hectáreas han sido transformadas por actividades extractivas ilegales, liberando más de 330 millones de toneladas de CO₂ y contaminando ríos con mercurio.
Sobre Bolivia, la investigación establece que la Amazonía de nuestro país enfrenta una de las tasas de deforestación más altas de la región y que, pese a ello, las metas climáticas de Bolivia, planteadas en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), presentan rezagos significativos. También ratifica que la minería ilegal de oro en Bolivia está creciendo rápidamente y causa impactos severos en territorios indígenas y ecosistemas amazónicos
La expansión de la minería avanza incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, donde miles de familias enfrentan impactos sobre la salud, el tejido social y la continuidad de prácticas culturales esenciales.
Conforman CMIA, y redactaron el informe, CEDIB, Amazon Conservation Team, DPLF, Fundación Gaia Amazonas, Hutukara Associação Yanomami, People in Need, la SPDA y SOSOrinoco.
Aunque los países amazónicos han incorporado metas climáticas en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), el documento señala que la mayoría carece de mecanismos eficaces de ejecución y control. La debilidad institucional, la corrupción y la ausencia de un enfoque territorial diferenciado han permitido que redes económicas y criminales expandan su presencia en la región.
La coalición resalta que los pueblos indígenas mantienen las tasas de deforestación más bajas de la Amazonía y concentran la mitad de los bosques intactos que quedan en América Latina. Sin embargo, su rol en la gobernanza climática sigue siendo insuficiente. El informe propone fortalecer sus derechos territoriales, garantizar su seguridad y reconocer explícitamente sus sistemas de conocimiento como herramientas centrales para la adaptación y la mitigación.
El informe concluye que evitar el punto de no retorno de la Amazonía requiere decisiones políticas inmediatas y sostenidas, basadas en evidencia científica y en el liderazgo de las comunidades que habitan y protegen el territorio.
BD/RPU
