Tucabaca: el paraíso natural amenazado por incendios, minería y sequías extremas

Brújula Digital

Sumando Voces, Rocío Lloret

Entre finales de agosto y principios de septiembre de 2024, una serie de explosiones pusieron en vilo a un grupo de bomberos voluntarios que combatían incendios forestales en Roboré, al este de Santa Cruz. Aunque hasta el momento no se abrió una investigación oficial para saber qué causó los estruendos, lo sucedido fue corroborado por varias fuentes durante la elaboración de este reportaje.

“Fueron más de 60 detonaciones”, dice el comandante de cuadrillas de bomberos comunitarios y responsable de Gestión de Riesgo de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar), Juanito Cuéllar, con la certeza de haber sido testigo directo de los hechos.

La explosión

La primera explosión ocurrió en la serranía de San Lorenzo Viejo y se sintió hasta Naranjo, a varios kilómetros de distancia. Ambas comunidades indígenas chiquitanas se encuentran en el límite externo o área de amortiguamiento de la Reserva Municipal de Vida Silvestre (RVS) y Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Tucabaca.

Esta área protegida, con una extensión de 262.305 hectáreas, está ubicada en Roboré y forma parte del Valle de Tucabaca, un territorio de 600.000 hectáreas que se extiende hasta los municipios de Roboré, San José de Chiquitos y El Carmen Rivero Tórrez.

“(La explosión) fue fortísimo. Yo estaba en una laja, de más o menos 40 metros a la redonda, y la piedra se movió”, describe Cuéllar, de hablar pausado y mirada firme.

Preocupación de las comunidades

Lo sucedido pudo haber quedado como un incidente aislado en medio de la emergencia por el fuego en Bolivia, de no ser por la susceptibilidad de comunidades chiquitanas.

En julio pasado, dichas comunidades rechazaron la incursión de la minera Walfremar SRL justo en la misma zona donde se oyó el estruendo. La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas, que abarcan las comunidades de Aguas Calientes, Yororobá y Quitunuquiña; la primera, situada en la zona de amortiguamiento del área protegida, y las otras dos casi en el límite de la misma.

Según la diputada María René Álvarez (Creemos), la actividad contaba con el aval de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como se lee en un documento oficial, aunque la entidad gubernamental negó tal situación ante la protesta ciudadana.

El otro elemento que aún genera molestia entre autoridades indígenas y el comité de gestión del área protegida es la falta de una respuesta oficial. Quince días después de la primera explosión, ocurrieron otras en el mismo lugar.

“Esperamos hasta el último momento la información de oenegés y el Gobierno Municipal, pero no tuvimos ninguna respuesta”, lamenta Nardy Velasco, cacique de la Cichar.

La Región también solicitó una entrevista con el responsable de Medio Ambiente del municipio, quien no respondió a mensajes ni llamadas.

“Después de la primera explosión, hubo una lluvia, que supuestamente había controlado el fuego. Pero a los 15 días vimos un foco de calor, en la serranía de San Lorenzo Viejo, que baja al Valle”, relata Cuéllar.

Las acciones contra los incendios

Los bomberos organizaron un ascenso a la serranía para controlar lo que finalmente se evidenció como un incendio forestal. Partieron a las 8.00 y llegaron al sitio a las 21.00, debido a la topografía complicada, que describieron como un “laberinto encajonado”.

Durante el trayecto encontraron piedra picada. “Sabemos que eran mineros, encontramos la pica. Creemos que estaban trabajando hace un mes”, señala Cuéllar.

Más explosiones

Esa noche, a cien metros de las llamas, los bomberos se dividieron en dos grupos. De pronto, se escucharon nuevas explosiones. Inicialmente se pensó que eran piedras cayendo.

La gente entró en pánico. Con un escenario hostil de la noche y muros de piedra, los bomberos intentaron escapar sin rumbo. Ante la situación, la orden fue empezar a bajar en grupos de tres, apegándose a las rocas más grandes para cubrirse. Las explosiones continuaron.

“Cuando yo quise salir con tres, reventó como una granada en nuestro delante. No nos alcanzó, porque Dios no quiso. Ya abajo, hasta eso de las 5.30 de la mañana, se escucharon más de 60 detonaciones. Se dio parte al COEM (Comité de Operaciones de Emergencia Municipal)”. Nuevamente, como ocurrió tras la primera explosión, dijeron que irían con expertos en explosivos y la Policía. Hasta el cierre de este reportaje, 13 de enero, tal inspección no se dio.

El acecho constante

La minería, los incendios forestales y los asentamientos tanto de propietarios privados como de comunidades campesinas interculturales se han convertido en las amenazas cada vez más frecuentes, tanto en el Valle como en el área protegida de Tucabaca. Sin embargo, desde su creación —primero como Reserva Municipal de Vida Silvestre (RVS), en 2000, y luego como Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN), en 2011—la comunidad siempre ha luchado constantemente en defensa de sus recursos naturales.

“Los mineros están todavía rondando. Los comunarios se dan cuenta y están haciendo que estos extraños respondan por qué están entrando. Lo mismo con los asentamientos”, lamenta la cacique Velasco, quien representa a las 16 comunidades indígenas de Roboré.

En el área de amortiguamiento, señala que los menonitas están presentes en la zona de Naranjos, mientras que en Aguas Calientes se encuentran propietarios privados y fábricas de carbón, que están deforestando las orillas del río Aguas Calientes.

Además, se suma una disputa territorial con el municipio vecino de El Carmen Rivero Tórrez, que afecta a la zona de Aguas Negras. Si ese territorio se pierde —advierte Rubén Darío Arias, presidente del Comité de Gestión de la UCPN— “la reserva de vida silvestre perdería todo sentido”, ya que en esa zona se encuentran árboles valiosos como el morado, muy codiciados por los traficantes de madera.

Amenazas fuera del área

Aunque muchas de estas amenazas provienen de fuera del área núcleo o zona de protección estricta, la afectación se da por la interconexión ecológica. Además, los embates no saben de límites.

“El 16 de enero (del año pasado) tuvimos unos predios a los que quisieron entrarse en el área protegida. A través del patrullaje rutinario se identificó a personas ajenas que buscaban consolidar cuatro predios privados”, dice Ruddy Vargas Segovia, director de la UCPN Tucabaca desde noviembre de 2021.

Papeles bajo el brazo

Fue en la zona de Villa Bettel. Lo extraño fue que los infractores tenían documentos legales. “Cuando las autoridades competentes (Gobernación de Santa Cruz) pidieron información al INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) sobre los papeles, la respuesta fue que esos documentos eran falsos”, refiere Vargas. Sin embargo, estos tenían todas las firmas y códigos del INRA, entidad gubernamental responsable de administrar la tenencia y acceso a la tierra; aunque correspondían a otra zona.

Este tipo de acciones, de gente que llega “con papeles bajo el brazo”, se ha vuelto frecuente en la Chiquitania boliviana, por lo que muchas veces, es difícil refutar las autorizaciones, salvo por la presión social.

“Es un problema estructural más de fondo, que no solo afecta a Tucabaca o Roboré. De alguna manera, hay un contexto que facilita los procesos de tráfico legal e ilegal de tierra. Hablo de tráfico ‘legal’, porque vienen con papeles formales, ya sean menonitas o comunidades campesinas”, revela Roberto Vides Almonacid, director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

“En el caso de los menonitas, invierten en desmonte, producen cosechas unos dos, tres, cinco años y luego dejan la tierra abandonada”.

Estos elementos —deforestación y cambio de uso de suelo para agricultura y ganadería— inciden en eventos climáticos como la sequía extrema que enfrenta la región en los últimos años.

Lo que se protege

Desde la década de los 80, Tucabaca ha sido identificada como un “sitio de alta importancia para la conservación de la biodiversidad”. De ahí la lucha ciudadana, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y la ciencia, para impulsar la creación de un área protegida municipal (la primera de Bolivia), que luego fue reforzada mediante una ley departamental.

Con 64 especies de mamíferos, 217 especies de aves, y 1198 especies de plantas, entre las cuales 81 son endémicas de Bolivia, Tucabaca es un paraíso natural que alberga una rica biodiversidad, según estudio de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) presentado en 2021.

“El Valle de Tucabaca alberga el bosque seco tropical registrado de mayor riqueza en biodiversidad biológica de toda Sudamérica. Es muy importante destacar eso, porque el 97% de los bosques secos tropicales del planeta, están en peligro”, dice Roberto Vides, de la FCBC.

A ello hay que agregarle la riqueza cultural chiquitana y pinturas rupestres encontradas dentro y fuera del área protegida. Estas últimas estudiadas actualmente para conocer el impacto de los incendios de los últimos años, entre otras amenazas.

Se desconoce el impacto de incendios

Pese a todo, la integridad de Tucabaca y sus funciones ecológicas en general “se mantienen bastante bien”, dice el biólogo Steffen Reichle, vecino de Santiago de Chiquitos, una de las comunidades que está dentro de la Reserva Natural. Sin embargo, el científico lamenta que no se tienen muchos datos para ver el impacto de los incendios y, más que todo, de la sequía prolongada que soporta la zona.

“No tenemos una línea base en el área protegida, porque no es solamente hacer una lista de especies, sino ver qué tan bien están las poblaciones (cantidad de individuos por especie)”, afirma. Para indagar al respecto, desde 2020, lidera un equipo que está registrando datos sobre ocho especies de anfibios en las serranías.

Menos lluvias

Sobre el tema climatológico, en base a datos elaborados en Corumbá, Brasil, parte del Pantanal que se conecta con el bosque chiquitano; Reichle advierte una “tendencia fatal”. Desde 2017 hay menos precipitaciones (lluvias), incluso menores a 500 milímetros por año, asegura.

“Y parece ser que eso va a ser cada vez más seco. Vamos a ver un cambio de especies en nuestras zonas, porque los incendios también son un efecto de la sequía”.

Una lucha conjunta frente a un panorama incierto

En estos años, las comunidades indígenas, autoridades y habitantes en general de Roboré, han aprendido a enfrentar mejor la emergencia por incendios forestales; algo que no sucedió en 2019, y que convirtió al municipio en el epicentro de la tragedia ecológica.

Carlos Pinto, coordinador de “Manejo de fuegos a nivel comunitario en el bloque chiquitano” de la FAN, asegura que en 2024 en Roboré hubo entre 30 y 35 incendios forestales, que fueron combatidos durante 290 días.

Cuadrillas de bomberos comunales, guardaparques, bomberos municipales, bomberos de la Gobernación de Santa Cruz, bomberos voluntarios, Fuerzas Armadas y organizaciones de la sociedad civil estuvieron al frente del combate.

“El rol de las comunidades locales (la mayoría, indígenas) representó poco más del 50% de participación y eso evitó un escenario de mayor desastre en la región”, resalta.

Pero esa organización comunitaria y ciudadana, ¿tendrá la misma resistencia frente a la crisis económica que azota al país? Hasta ahora, la reducción de recursos afectó a las asignaciones presupuestarias de gobernaciones y alcaldías.

“El director como los guardaparques (de la UCPN Tucabaca) no reciben sueldos los nueve meses del año. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es qué va a pasar con ellos (en 2025). Sabemos que la Gobernación no tiene recursos para contratar el número necesario y al Gobierno Municipal no le interesa la gestión”, lamenta el presidente del Comité de Gestión de la Reserva de Vida Silvestre, Rubén Darío Arias.

Lo que es peor, la necesidad urgente de generar divisas, abre la puerta a la explotación minera, prevé Roberto Vides de la FCBC. Y es que grandes yacimientos de hierro y manganeso, entre otros minerales, están “dormidos en la Chiquitania”, por lo que el experto se pregunta: “¿cuál va a ser la fuente de mejora de la economía en el país? No son los hidrocarburos, probablemente no la agroindustria. Va a ser la minería”, concluye. Y la cacique chiquitana Nardy Velasco, advierte:” Nosotros vamos a seguir resistiendo unidos”.

BD/

Este reportaje se elaboró en el marco del Fondo concursable de apoyo a la investigación periodística, organizado por la Fundación para el Periodismo (FPP) ‘Spotlight XXI’

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