Dada la fuerte y constante radiación solar de Bolivia, el país tiene un alto potencial para ampliar su capacidad de producción de energía fotovoltaica, y ya se están estudiando nuevas plantas con una capacidad adicional de 300 MW.
La montaña Sajama en Oruro, Bolivia. Foto: Anyisa / Alamy
Bolivia (IPS)
Situada a 3730 metros de altura en la comunidad de Ancotanga, la central solar de Oruro es una de las banderas de la transición energética de Bolivia. Con más de 300 000 paneles desplegados en un área de 214 hectáreas, es la más grande de su tipo delpaís, con una capacidad de producción de 100 megavatios (MV). Una cifra importante pero no suficiente por sí sola para cambiar el mix energético de Bolivia de los combustibles fósiles a las energías renovables.
Dada la fuerte y constante radiación solar de Bolivia, el país tiene un alto potencial para ampliar su capacidad de producción de energía fotovoltaica, y ya se están estudiando nuevas plantas con una capacidad adicional de 300 MW.
Sin embargo, especialistas piden reestructurar su modelo económico y fiscal, que depende, en gran medida, de la explotación de combustibles fósiles -principalmente el gas natural-, de la distribución de los recursos que derivan de su venta y de la provisión subvencionada de hidrocarburos al mercado interno.
Bolivia instaló la planta solar de Oruro en dos fases, por lo que está dividida en dos centrales. La primera, ejecutada por el gobierno de Evo Morales hasta septiembre de 2019, alcanzó una capacidad de 50 MV. La segunda, a cargo del gobierno de Luis Arce, que la entregó en febrero de 2021, completó una potencia de 100 MV, que proveen al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Esta obra fue financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europea (UE) y el Banco Central de Bolivia (BCB), y tuvo una inversión total de 97,4 millones de dólares.
“Actualmente, ambas (centrales) están operando de manera satisfactoria y vienen aportando bastante energía de tipo renovable”, dijo Rodrigo Corrales, gerente general de ENDE Guaracachi, empresa estatal de electricidad que opera el complejo localizado en Ancotanga.
Corrales también afirmó que Oruro “es su principal mercado”, pero cuando la demanda de esa región es menor a la capacidad de la planta solar, la energía se transporta a departamentos aledaños, como La Paz y Potosí.
La planta se ubica en una planicie andina semidesértica, a unos 230 kilómetros al sur de La Paz y a otros 40 de la capital del departamento, también llamada Oruro.
Corrales afirma que la planta genera muchas ventajas, como el tener temperaturas bajas, que repercuten en un mejor rendimiento de los módulos fotovoltaicos ya que no se recalientan. Otra es que, al ser el altiplano boliviano uno de los lugares de mayor irradiancia del planeta, “el potencial energético es mucho mayor y permite producir una mayor cantidad de energía”, explica Corrales.
Cuando se inauguró su segunda fase, el 10 de febrero de 2021, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ponderó la importancia del proyecto dentro del proceso de cambio de la matriz energética en el país.
“Avanzamos en la sustitución de la matriz energética para utilizar energía limpia y renovable. Generamos desarrollo económico y garantizamos energía eléctrica para el departamento, cuidando a la Pachamama”, escribió en su cuenta de Twitter.
Corrales afirma que desde que está en servicio, la planta de Oruro ha producido aproximadamente 237 gigavatios hora de energía, evitando que se emitan a la atmósfera más de 188.627 toneladas de CO2, según sus cálculos.
El gobierno boliviano pretende instalar en la región altiplánica nuevas centrales de su tipo que sigan contribuyendo a la transición energética. A finales de 2021, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, anunció que se pretende agregar 500 MV con nuevos proyectos de energías renovables y limpias.
Corrales confirma que se viene estudiando la posibilidad de instalar centrales fotovoltaicas con una capacidad conjunta de 300 MV adicionales. “Estamos analizando los 300 megas adicionales y se están buscando los sitios ideales”, dice.
De cara a estos nuevos proyectos de energía fotovoltaica, hay especialistas que plantean algunas recomendaciones. Miguel Fernández, investigador en temas de energéticos y director de Energética, habló del tema con Diálogo Chino, y recomendó la instalación de centrales más pequeñas que las de Ancotanga a fin de reducir el impacto de las nubes que entorpecen la penetración del sol y reducen la capacidad de generación de electricidad.
“Las nubes pasan a 70 kilómetros por hora. Puede que la sombra no la sintamos, pero los paneles solares sí. En el momento en el que pasa la nube hay un bajón (de energía). Por más que dure 10 o 3 segundos, tengo que activar 100 megas en otro lugar para compensar”, dice Fernández.
“Creando plantas solares más chicas y separadas, minimizamos los baches”, añadió el especialista.
También sería aconsejable buscar mejores sistemas de monitorización y previsión meteorológica para anticiparse a las bajas de energía que pueden traer las nubes, dice Carlos Fernández, también especialista en energías alternativas. Propone explorar el almacenamiento de baterías a largo plazo para situaciones en las que la producción de energía solar disminuye, debido a la nubosidad o a la llegada de la noche.
«Podríamos estudiar estaciones de bombeo [hidroeléctricas] para almacenar la energía potencial en forma de agua, junto con el uso de paneles fotovoltaicos», dice Carlos Fernández.
Para estas y otras alternativas, es imprescindible ampliar y diversificar las fuentes de financiación, que, según él, aún son limitadas. Propone buscar financiadores externos, estrategia que actualmente Bolivia «no está explotando al máximo».
La satisfacción por el rendimiento de la planta de Oruro, así como el optimismo por la instalación de proyectos similares, contrasta con la magnitud del desafío que se ha propuesto Bolivia en sus compromisos para dejar de depender de los hidrocarburos: un reto que supone sustituir la mayor parte de los 30,59 millones de barriles equivalentes de petróleo de energía útil que se prevé los combustibles fósiles proveerán el año 2040, según una evaluación de WWF Bolivia.
La economía boliviana se sostiene, desde hace un par de décadas, con los ingresos que genera la venta de gas natural a países vecinos (Brasil, Argentina). La política energética del país se complementa internamente con el subsidio de los combustibles y permite la distribución de las regalías entre sectores estratégicos del país, como gobiernos intermedios y universidades.
Expertos en temas energéticos advierten, ven la política de subvención, una traba para avanzar en el cambio de matriz energética. Es el caso del especialista Mauricio Medinaceli, quien, en una entrevista con la agencia Reuters, dijo: “No hay la posibilidad para que energías renovables puedan competir con el precio del gas subsidiado”.
Para Medinaceli, “hay un uso desmedido del gas natural justamente porque es barato. En ese contexto, pedirle a la gente que utilice energía solar o energía eólica es muy difícil porque estas energías son más caras que un gas natural subsidiado”.
La matriz energética vigente en Bolivia depende en un 93%, de los combustibles fósiles (gas, diésel), incluyendo la producción de electricidad en plantas termoeléctricas, que sigue siendo la más importante en términos de volumen, afirma, por su lado, Miguel Fernández.
Si se analiza solo al sector eléctrico, apunta el especialista, “la energía generada por las termoeléctricas -que operan con combustibles fósiles- representa un 70% del total, mientras que el restante 30% corresponde a la que generan plantas solares, hidroeléctricas, eólicas, de biomasa y de ciclo combinado”.
Como parte del proceso de transición energética, el Estado boliviano se había fijado como meta hasta 2025 cambiar la matriz eléctrica para que solo el 22% de la electricidad venga de fósiles, mientras que el 74% sería de hidroeléctricas y el restante 4% de fuentes renovables.
Aún así, Miguel Fernández cree fundamental no dejar de trabajar para cumplir las metas. Plantea que Bolivia apunte a que, hasta el año 2040, 73 % de la energía que consuma sea eléctrica. “Con esa tendencia hacia 2040, llegaríamos perfectamente a 2050 sin mayor problema y con 0% de emisiones”, dice.
Según sus proyecciones, en 2040 la capacidad de producción de energía eléctrica debería crecer hasta los 18 000 MW. En la actualidad, ronda los 3200 MW, un volumen que duplica la demanda nacional.
Pero, en dos décadas, «la capacidad instalada debería llegar a 18 000 MW», insiste Fernández, aunque para ello sería necesario que «todo el sector crezca 10 veces».
Esta capacidad añadida reforzaría el objetivo de Bolivia de convertirse en un centro energético regional que venda grandes excedentes a los países vecinos, una visión lanzada por el expresidente Morales en 2014.
Miguel Fernández entiende que hay otros complejos desafíos en el camino hacia la transición energética. Por un lado, está la cuestión tecnológica. Por otro, el rediseño de las políticas fiscales, que debería pensar en un sistema productivo que ya no dependa de la renta petrolera para su funcionamiento y compense el eventual desbalance económico que el uso de otras energías traería consigo.
Y hay un desafío más, el que Fernández considera más grande: concientizar a la sociedad civil y a los tomadores de decisiones en Bolivia de la urgencia de la transición energética.
“El IPCC (Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático) nos dice que hasta 2030 tenemos que bajar a 45% las emisiones del sector energético a nivel global. ¿Qué estamos haciendo? Nada”, sentencia Fernández.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.