Dos periodistas cuentan cómo fue el acoso del gobierno de Morales a medios y periodistas

Brújula Digital |10|04|22|

Mery Vaca y Gonzalo Rivera sufrieron el acoso del poder como los hábiles jugadores de fútbol sufren por parte de los violentos zagueros que dan rodillazos y cometen “fouls” para frenar a sus rivales. Vaca recuerda que el gobierno de Evo Morales cortó el servicio de ANF a oficinas del Poder Ejecutivo después del seguimiento que hizo la Agencia al caso Zapata. Rivera cuenta que durante aquel mismo régimen unos desconocidos apedrearon su casa. Los testimonios forman parte del reportaje realizado por Rimay Pampa.

El gobierno del MAS cortó la compra del servicio de ANF después del caso Zapata

La periodista Mery Vaca, que se desempeñaba -durante los ataques de Juan Ramón Quintana- como directora de ANF, recuerda este incidente como un ataque del poder, por el seguimiento que la prensa dio al caso Zapata con repercusión negativa para el MAS, reflejada en los resultados del Referéndum Constitucional de febrero de 2006.

“En realidad el caso que ocasionó la denuncia tiene que ver con Gabriela Zapata, la exnovia del ex presidente Evo Morales. ANF junto a Página 7 y otros medios de comunicación hacíamos seguimiento muy cercano, entrevistando a Gabriela Zapata, consiguiendo documentos, fotografías, eso obviamente molesto al gobierno y particularmente les molesto que este hecho se hubiera producido antes del referéndum, y que hubiera determinado que ellos pierdan este referéndum para pedir la reelección de Evo Morales”, señaló la periodista.

“Se han creado contenidos y plataformas para acusar a los medios independientes de ser parte de este cartel de la mentira. (Dijeron) que habíamos inventado una noticia para que Evo Morales perdiera el referéndum”

Vaca, periodista de larga trayectoria, reconoce que las declaraciones de Quintana fueron un duro golpe proveniente del poder gubernamental contra ANF, un medio pequeño, pero fuerte de convicciones, pues, no se dejó amedrentar. Sin embargo, tuvo consecuencias de orden financiero.

“ANF, medio independiente, estaba igual que otros medios en la lista a los que el gobierno denomina(ba) opositores”, explicó y dijo que, además, el gobierno de Morales cortó la compra de servicio de noticias de la Agencia.

Mery Vaca, actual directora de Página Siete recuerda que el gobierno de Evo Morales cortó el servicio de ANF a oficinas del Poder Ejecutivo después del seguimiento que hizo la Agencia al caso Zapata

“El gobierno era un cliente, pero el MAS sacó a ANF de esa lista y la incluyó a la lista de medios opositores, vino la asfixia económica y el hostigamiento público”, añadió.

La ex directora de ANF y actual directora del periódico Página Siete recordó que, dentro de esta arremetida, el gobierno de Evo Morales contrató por un monto de 40 mil bolivianos, a través del Ministerio de la Presidencia, al ciudadano argentino, Andrés Sal-Lari, para elaborar el audiovisual: “El Cártel de la Mentira, o la colusión política de medios contra Evo Morales”, material con el que buscaba una mayor descalificación de varios medios de comunicación.

“Se han creado contenidos y plataformas para acusar a los medios independientes de ser parte de este cartel de la mentira. (Dijeron) que habíamos inventado una noticia para que Evo Morales perdiera el referéndum”, recordó.

Como parte de esta campaña de hostigamiento contra medios de comunicación y periodistas, el Gobierno contrató salas cinematográficas de cinco ciudades para exhibir de forma gratuita el audiovisual elaborado por Sal-Lari.

La Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada por Evo Morales el 7 de febrero de 2009, en su artículo 106, numeral II: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

En el mismo artículo numeral III señala: “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

La persecución a periodistas y medios de comunicación se intensificó desde la testera de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el jueves 19 de mayo de 2016, cuando el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a Página Siete, la Agencia de Noticias Fides (ANF), la Red Erbol y el periódico El Deber de conformar el “Cartel de la mentira”.

“Hoy no cuaja la guerra política-mediática en Bolivia, porque este es un país antiimperial, anticapitalista; este es un país que no se va a dejar convencer por fuerzas políticas conservadoras y tramposas que operaron de la mano de los medios de comunicación a los que hay que llamar del ‘cártel de la mentira’”, indicó Quintana aquella vez.

En esa oportunidad, el militar retirado acudió a la ALP en calidad de interpelado por el caso CAMC, que involucraba a Gabriela Zapata, ex pareja del ex presidente Evo Morales.

El 3 de febrero, el presentador Carlos Valverde reveló que Evo Morales tuvo una relación sentimental con Gabriela Zapata, exgerente comercial de CAMC, principal contratista de infraestructura en Bolivia, con contratos por alrededor de 500 millones de dólares.

“Recibí amenazas inclusive de agresiones físicas”

El periodista Gonzalo Rivera opina que a ningún gobierno le gusta que la prensa libre e independiente revele hechos de corrupción. “El gobierno no es amigo de la libertad de expresión”, dijo.

Rivera, periodista con amplia trayectoria en diferentes medios de comunicación de alcance nacional y actual director del programa “Encontrados”, relata a RimayPampa que, en los últimos quince años, fue objeto de varias formas de acoso: desde las físicas, las económicas y el atentado contra su derecho al trabajo.

“Han pinchado mis llantas del auto en un parqueo, las cuatro llantas. Han venido a apedrear mi casa. Recibí amenazas por teléfono, inclusive de agresiones físicas. Cuando estuvimos en el canal Católica TV, la presión ha sido muy fuerte a los que administraban el canal. Les dijeron que éramos muy peligrosos en cuanto a lo que decíamos. Amparo Carvajal denunció el acosó” rememoró Rivera.

Según Rivera, la persecución continúa y que no solo proviene del gobierno central, sino también de gobiernos subnacionales como el municipal.

“En radio Fides (donde su programa se difundió hasta diciembre pasado), la presión no ha sido solamente del gobierno central, también del municipio paceño que mandó notas por WhatsApp al responsable comercial del medio para decir que lanzamos mucha basura a su gobierno y que éramos financiados por el gobierno central, o sea por el MAS”, sostuvo.

“Han pinchado mis llantas del auto en un parqueo, las cuatro llantas. Han venido a apedrear mi casa. Recibí amenazas por teléfono, inclusive de agresiones físicas».

Entre el 17 de noviembre de 2019 al 6 de marzo de 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, Gonzalo Rivera asumió la Gerencia de canal estatal Bolivia Tv. Su paso por este medio fue también objeto de hostigamiento.

“Hemos sufrido la denuncia de la ex ministra de Comunicación (Isabel Fernández). Nos acusó de malversar fondos en el canal estatal. Fue un pretexto para descalificarnos en rueda de prensa. En ningún momento me mandó una notificación, ni cuando estuve en el canal ni ahora”, puntualizó y agregó que en tanto el gobierno del MAS lo considera un “pitita”.´

Rivera recuerda que su equipo de “Encontrados” y su persona fueron víctimas de varios ataques. Uno de éstos sucedió cuando pretendieron desalojarlos de los ambientes del Campo Ferial de El Alto, donde funcionaba Radio Líder, después que el gobierno central expropió esos predios dependientes de la Gobernación de La Paz.

Pese a estos intentos de acallarlo, Rivera sigue al frente de Encontrados, apoyado por las ventajas tecnológicas como el streaming para seguir difundiendo su programa que encontró un espacio en Radio Yungas y FM Bolivia.

“Seguimos saliendo por radio yungas y radio FM Bolivia sigue amplificando nuestra voz. Seguimos en las redes, obviamente, más disminuidos, con menos posibilidades, pero eso es parte, digamos, de la estrategia que tiene el gobierno de callar medios”, concluye Rivera.

En Bolivia, un 70% de los casos de agresiones a la libertad de expresión, fueron promovidos por el Estado, concluye la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en su documento: “Libertad de Expresión: Informe Sombra en la Implementación del Objetivos 16.10.01 de Desarrollo Sostenible en América Latina”, publicado en 2018.

Este informe añade que, en esa gestión, se registraron 65 alertas en el país, de los cuáles en un 70% responsabiliza como los principales perpetradores a policías, jueces, ministros e incluso al Presidente.

Entre las formas agresivas, identificó “el discurso estigmatizador” como un patrón de confrontación entre el Estado y medios de comunicación.

“El discurso estigmatizador corresponde al 32% de las alertas registradas en el país y el Estado ha sido identificado como el perpetrador en el 85% de todos los casos de discurso estigmatizador. Esto revela un patrón de confrontación entre el Estado y los medios de comunicación que ha prevalecido durante los sucesivos gobiernos de Evo Morales”, señala el documento.

Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Fondo de Protección y Promoción de Defensores de Derechos, en el marco del Proyecto Sumando Voces Multiplicando Acciones “Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia” ejecutado por UNITAS, con el apoyo financiero de la UE. Su contenido es responsabilidad exclusiva de RIMAY PAMPA y no necesariamente refleja los puntos de vista la UE.

BD