El aparato estatal tiene 526 mil funcionarios; por año crece 10%

Página Siete|11|02|20|

El aparato estatal tiene al menos 526.955 dependientes, una planilla que cada año crece hasta en un 10% y cuyo pago representa uno de los gastos más onerosos que tiene la administración pública.

Hasta el año pasado -el dato más reciente-, la administración central del Estado, departamental y regional, municipal e indígena, las universidades, las instituciones descentralizadas, las entidades de seguridad social, el personal del servicio público de salud, de las financieras del Estado, de educación, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana concentraron la mano de obra de 491.860 funcionarios.

A esta cantidad se le debe agregar los dependientes de las empresas estatales, cuya planilla reúne a 35.095 empleados.

“En los últimos años se han creado ítems para satisfacer la demanda, principalmente de maestros y médicos, así como para cubrir el crecimiento vegetativo que se presenta en los diferentes estamentos del sector público y de aquel proveniente de la nueva función del Estado en la economía”, explicó el Ministerio de Economía de la gestión de Evo Morales, en su libro 12 años de estabilidad económica, en el que incluye datos de la evolución de ítems del sector público a 2017.

Sobre la base de los registros disponibles hasta mediados de 2018 en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que la población económicamente activa ocupada (PEAO) en el territorio nacional asciende a 5.238.125 personas.

Los 526.955 dependientes de las instituciones que son parte del aparato estatal representan el 10,06% de la base total de la PEAO.

La administración pública

Página Siete solicitó información sobre la estructura de recursos humanos al interior de algunas de las instituciones más importantes del aparato estatal, para determinar si entre 2019 y lo que va de 2020 hubo una variación significativa en la cantidad de empleados públicos, ya sea por aumento del personal o retiro considerable de empleados.

Sin embargo, respondieron que el análisis de las planillas está en pleno proceso de elaboración por cada unidad dependiente de un ministerio o una empresa pública estratégica.

“Con el nuevo Gobierno no ha habido recortes de personal ni nuevas contrataciones. Si alguno renuncia, se contrata a otro en su puesto. Lo que sucede es que muchos de los ministerios y de las empresas han tocado su techo presupuestario y, aunque quieran, no pueden incrementar el número de sus dependientes”, sostuvo una fuente  que prefirió no ser identificada en la nota.

En la gestión pasada, el Presupuesto General del Estado (PGE) alcanzó los 214.724 millones de bolivianos, de los cuales el 18,6% fue reservado para cubrir el pago de los sueldos de los trabajadores del sector público.

El porcentaje destinado a los salarios de los funcionarios equivalió a 39.968 millones de bolivianos, superior en 2,9% al monto destinado para esa área en la gestión 2018, según datos del Ministerio de Economía.

Por cantidad de recursos, el  37% del total asignado para el pago de salarios fue destinado a los sectores de educación y salud; la Policía y Fuerzas Armadas se llevaron el 11%; las municipalidades, el 9%; las universidades, el 8%, un porcentaje similar al de las instituciones de seguridad social. Las entidades descentralizadas tuvieron una participación del 5%, en tanto que las gobernaciones 2%. Por último, el “resto” se llevó el 13% de lo asignado al pago de salarios.

La conformación de las planillas y los reclamos de que en el aparato público la presencia de empleados supernumerarios es una constante en varios estamentos fue motivo de observación por parte de los expertos.

“Una reestructuración de las estructuras organizativas de las instituciones no se puede hacer en corto plazo, la idea siempre es buscar eficiencia, eficacia y transparencia, entonces, por el conocimiento que tengo, lo que se está haciendo ahora en algunas instituciones es la reingeniería organizacional, sobre esto se delimitará a los trabajadores, si hay superposición en el trabajo, si hay una ejecución eficiente, probablemente los reacomodarán en otras áreas donde su labor tenga más resultado”, afirmó la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel.

La experta señaló que  por los anuncios hechos por el Gobierno la idea de fortalecer la institucionalidad implica una reestructuración en varios niveles.

“Cada dirección, ministerio o viceministerio, entre otros, deberían replantear qué se debe hacer para mejorar su estructura organizacional. Considero que se debe hacer un trabajo de hormiga de los nuevos gerentes, en el que ellos vean qué se requiere, qué cargos no se requieren y que no han tenido ningún impacto en los últimos años para cerrarlos inmediatamente o reestructurarlos”, manifestó Muriel.

El analista económico Jimmy Osorio apuntó que entre 2018 y la gestión pasada la variación sobre el número de empleados dependientes del Estado no creció de una manera significativa.

“Entre 2018 y 2019 el número de empleados en las instituciones públicas no ha crecido, se mantenido y eso debido a que no hubo grandes inversiones públicas. En promedio, el incremento anual fue del 10%; una cifra por encima de ese porcentaje se vio en 2013, debido a los grandes ingresos por las exportaciones de hidrocarburos”, explicó.

Sobre el tema de los empleados supernumerarios, Osorio declaró que es común ver en algunas instituciones públicas a un funcionario que ejecuta una función similar a la que hace otro empleado de su misma área.

“Durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo  se estatizó y bucratizó la economía y el modelo económico, porque se han generado miles de empleos pero sin razón productiva, es decir, a la burocracia se le puso más burocracia”, señaló el analista.

Sobre la administración de las finanzas públicas que lleva a cabo el Gobierno actual, Osorio afirmó que las autoridades que sugieran la ejecución de ese tipo de cambios repiten una “mentira”, ya que sólo hay un cambio de personal, pero en ningún caso se retira a los funcionarios.

Entre 2006 y 2018, las variaciones en el incremento de personal en los empleados de la administración pública oscilaron entre 2% y 10%. Sólo en la gestión 2017 hubo una reducción de los servidores, debido al cierre de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), pero desde 2018 el número de dependientes creció hasta superar el medio millón.

El sistema público

•  Pagos Hasta la anterior gestión, el Ministerio de Economía informó que el crecimiento del gasto en el pago de sueldos “obedece a las políticas de redistribución de ingresos con incrementos salariales por encima de la inflación, aspecto que permitió mejorar el poder adquisitivo de la población”.
• Cargos La informalidad en el sector público es casi nula y la cantidad de empleados contratados por periodos (consultorías) o proyectos varía en función de metas. En la empresa privada mediana o grande, la informalidad llega al 22%; en las micro y pequeñas empresas alcanza el 93%, en las ONG se sitúa en el 23,9%; en organismos internacionales y embajadas también es nula y en administración por cuenta propia es del 100%, detalló Osorio.