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Política | 12/05/2021

Víctimas de Senkata y Sacaba anuncian otro juicio contra Añez y su gabinete

Víctimas de Senkata y Sacaba anuncian otro juicio contra Añez y su gabinete
Brújula Digital |12|05|21|

Al margen de los juicios ordinarios identificados por la Procuraduría en contra de la expresidenta Jeanine Añez y su gabinete por las muertes de Senkata y Sacaba, las víctimas de estos hechos esperan el informe de la comisión de la CIDH para abrir otro proceso contra exautoridades, independientemente de que se establezca si hubo fraude o golpe de Estado en 2019. No descartan acudir a la Corte Penal Internacional de La Haya.

El representante de Derechos Humanos en El Alto, David Inca, informó que las víctimas de Senkata y Sacaba sostienen reuniones de coordinación para impulsar los procesos judiciales respectivos en contra de exautoridades del gobierno de Añez, pese a que ya están en curso otros cinco procesos ordinarios, por uno de los cuales la expresidenta y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán guardan detención preventiva en las cárceles de Miraflores y San Pedro de La Paz, respectivamente.

Para ello, acotó Inca, se espera el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que debe ser emitido este mes, luego de que esta instancia inició las investigaciones a fines de noviembre de 2020.

En 2019, durante los conflictos poselectorales, sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), para rechazar la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de promover un fraude electoral en los comicios generales del 20 de octubre de ese año. En Sacaba fallecieron 10 personas y otras 95 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.

“Esperamos un debate de justicia, donde se vea si en Bolivia existió asesinatos en noviembre de 2019 y sí, exacto, hay muertos, heridos; no nos interesa debatir si fue por culpa del golpe de Estado o del fraude, eso es irrelevante, lo importante es que se debe determinar quiénes han ordenado matar, disparar y torturar, eso está en el pre informe del 10 de diciembre de la CIDH y estamos esperando este último informe”, sostuvo Inca.

El activista señaló que este proceso será abierto al margen de que la Asamblea Legislativa apruebe o rechace el juicio de responsabilidades en contra de Añez y las exautoridades. “Más bien le vamos a decir ‘gracias’ si dicen no, así nos abren la puerta para ir a nivel internacional, si ellos (los países de la Unión Europea) quieren nos vamos a ir a su cancha, a la Corte de La Haya, ahí es donde vamos a demostrar que la señora Añez junto con sus cómplices han cometido graves vulneraciones a los derechos humanos”, acotó.

Inca rechazó el pronunciamiento que fue emitido a fines de abril por el Parlamento Europeo, que pidió al gobierno de Luis Arce liberar a Añez y a sus dos exministros que están encarcelados. Al respecto, el representante de derechos humanos dijo que esta petición no es vinculante, debido a que Bolivia no es parte de esa organización internacional.

Al referirse al informe del GIEI-Bolivia de la CIDH, Inca resaltó que este informe sí es vinculante y de cumplimiento obligatorio, motivo por el que esperan su contenido para dar curso al proceso judicial en contra de Añez y exautoridades de su gobierno.

En un informe, la Procuraduría General del Estado identificó cinco procesos ordinarios en contra de Añez, sus exministros y exjefes policiales de su gobierno, por los hechos de noviembre de 2019. Por ejemplo, el primero, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes en contra de Añez y sus exministros Álvaro Coimbra, Karen Longaric, Arturo Murillo Prijic, Jerjes Justiniano, Luis Femando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez Castillo y Roxana Lizárraga.

Otro juicio ordinario señalado por la Procuraduría es el que se lleva en contra de Murillo y López, por genocidio, asesinato, lesiones, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

Un tercer proceso se da en contra del coronel Jaime Zurita Trujillo, excomandante de la Policía Departamental de Cochabamba, y Alfredo Cuéllar, excomandante de Guarnición Militar Cochabamba, por genocidio, asesinato, lesiones, privación de libertad y desaparición forzada de personas. Por los mismos delitos, en otro juicio, se los acusa al coronel Iván Rojas del Carpio, exjefe de la Fuerza especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Franko Suárez Gonzales, excomandante de Acción Conjunta, por genocidio.

El último juicio ordinario identificado por la Procuraduría es el abierto en contra del general Williams Kaliman Romero, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas por autorizar la salida de las FFAA a Ovejuyo, zona Sur de La Paz, y al municipio de Betanzos, en Potosí.

BD/JJC



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