Veedores: elección del Defensor no es producto del consenso anunciado e imprescindible

Brújula Digital |24|09|22|

Organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en una instancia de Veeduría Ciudadana, advirtieron que la elección de Pedro Callisaya Aro como Defensor del Pueblo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no es producto del consenso que se había anunciado.

“Aprovechando una coyuntura de bajas médicas, permisos y viajes de parlamentarios a Santa Cruz por las efemérides de ese departamento, se consuma este acto que se constituye en un golpe a la democracia. El ciudadano Pedro Callisaya Aro no ha superado la última votación obtenida, por tanto, no es producto del consenso anunciado e imprescindible”, señaló la Veeduría Ciudadana a través de un pronunciamiento emitido tras la designación, después de cinco votaciones en las que el MAS no pudo obtener dos tercios de voto.

La sesión de la Asamblea Legislativa de este viernes registró incidentes, debido a que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) cambió el orden del día para introducir la elección del Defensor del Pueblo, ante la ausencia de 34 legisladores, lo que dio ventaja para obtener dos tercios de voto para elegir a la nueva autoridad.

“Emitimos este pronunciamiento en el marco de una enorme preocupación por la destrucción de la institucionalidad democrática y lamentamos, a la luz de lo acontecido, que valga más el criterio autoritario de una mayoría parlamentaria que cercena la credibilidad de tan importante institución como es la ALP”, señaló la Veeduría Ciudadana.

Agregaron que una maniobra política y actos de atropello de los parlamentarios del MAS no pueden ser las vías para elegir a una autoridad destinada justamente a defender al ciudadano ante los abusos de los funcionarios y agentes del Estado.

Las organizaciones civiles sostuvieron que es un hecho que la institución defensorial, en la actualidad, se encuentra notoriamente cooptada y politizada en relación a la legitimidad y credibilidad con que contaba en sus inicios.

“Habíamos confiado en la necesidad de restablecer esa fuerza moral para contribuir en forma efectiva a la defensa y resguardo de los derechos humanos y en la palabra del Vicepresidente del Estado, quien, en su condición de Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, había comprometido esfuerzos para lograr consensos, corrigiendo los graves errores ejecutados desde la designación de David Tezanos Pinto hasta un interinato de varios años, que debilitó la institucionalidad del Defensor del Pueblo”, indicaron.

Advirtieron que la Defensoría del Pueblo, concebida con un titular necesariamente independiente, debe contribuir de manera fundamental en la vigencia de los derechos humanos, en el diálogo, en la construcción colectiva de la paz y, sobre todo, en la preservación de la democracia, a través de sus diferentes mecanismos.

Por ello, agregaron, su titular debe ingresar por la “puerta grande”, es decir con el consenso de las fuerzas políticas –como se anunció en el último tiempo– emulando la elección de la primera Defensora del Pueblo, y no con estrategias dudosas y cuestionadas, como la que hoy nos ha sorprendido.

“La sociedad civil, que ha estado siguiendo las etapas de los procesos de selección de altos cargos, ahora es testigo de un comportamiento abusivo, de mala fe y fuera del Estado de Derecho, que rompe con los principios, valores y la legitimidad de una figura emblemática para cualquier democracia”, señalaron.

Entre las organizaciones civiles de la Veeduría Ciudadana se encuentran las siguientes instituciones: Fundación Jubileo, Ruta de la Democracia, Oficina Juridica para la Mujer, Redes para el Desarrollo, Innovación para la Democracia y Desarrollo (Tarija), Foro Político Departamental de Mujeres (Cochabamba), Grupo PRISMA, Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad (IDG) y la Fundación Igualdad LGBT.

BD/JJC

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