Tras 9 años, la elección de magistrados por voto popular no acaba con la crisis judicial

Brújula Digital |01|12|20|

En 2011 tuvieron lugar las inéditas y únicas en el mundo elecciones judiciales en Bolivia, con el fin de terminar con el “cuoteo político” en el Órgano Judicial, asignarle independencia y dar una respuesta a la crisis en la Justicia. Tras nueve años y con dos procesos electorales llevados a cabo, esa crisis judicial persiste y suman los pedidos, tanto del oficialismo como de la oposición, para otra reforma judicial.

Al proponerse las elecciones judiciales se pensó que se iba a terminar con el cuoteo político porque, desde mediados de los 90, las altas autoridades del Órgano Judicial eran designadas por dos tercios de voto del Congreso Nacional, un mecanismo que daba lugar a que los partidos que tenían representación parlamentaria elaboren las “planchas” de magistrados para la votación.

Para acabar con ello, se hizo las reformas para que la nueva Asamblea Legislativa seleccione a los postulantes, con el fin de que éstos sean habilitados como candidatos para las elecciones judiciales para ocupar los 28 cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, además de sus 28 suplentes. Ni bien se dieron los primeros comicios, las evaluaciones fueron negativas.

En el libro “Elecciones judiciales en Bolivia, una experiencia inédita” de Luis Pásara, experto en temas de justicia en América Latina, publicado en 2014, se hace conocer algunas conclusiones sobre el trabajo de las autoridades judiciales electas. Por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura se indica que “de particular gravedad resulta el hecho de que el trabajo del Consejo, encabezado desde 2012 por autoridades popularmente elegidas, no realice en los procesos de nombramiento de jueces un trabajo diferente, ni mejor, al antiguo Consejo de la Judicatura, cuya designación no tenía base en la votación ciudadana”.

Respecto al Tribunal Constitucional indicó que: “los críticos del proceso político que encabeza el presidente (Evo) Morales afirman enfáticamente que, dado el carácter político de los comicios judiciales, los magistrados que fueron elegidos en octubre de 2011 carecen de independencia”. 

Pásara también rescató el balance hecho por el jurista William Herrera Añez, quien indicó: “’la primera elección popular de estas autoridades, no ha resuelto aún la independencia judicial, ni ha erradicado la intromisión política, ni la retardación, ni la corrupción, etc. […] se tiene un Órgano Judicial, subordinado, erosionado por la corrupción, colapsado’; en definitiva, ‘el Órgano Judicial padece de una enfermedad terminal (crisis profunda)’. Este autor no dudó en responsabilizar de la situación, y de la carencia de independencia judicial, al gobierno del presidente Morales”.

Al margen de esas conclusiones, las críticas también se centraron también en la selección de los candidatos en la Asamblea Legislativa controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Asambleístas opositores denunciaron, especialmente para las elecciones judiciales de 2017, que el MAS manipuló el proceso para seleccionar a personas afines al oficialismo, ya que entre ellos incluso estaban exasambleístas constituyentes de ese partido.

No obstante, desde el MAS negaron ese extremo y aseguraron que la selección tuvo como base el modelo meritocrático, por el que los postulantes dieron un examen, fueron entrevistados y sometidos una evaluación de sus méritos profesionales y éticos.

Ganaron los votos nulos

Para la elección de autoridades judiciales se llevaron a cabo dos comicios, en 2011 y 2017. Llamó la atención que en ambas votaciones “ganó” el voto nulo, en relación a los votos válidos contabilizados para elegir a los magistrados. Coincidentemente, ambos procesos electorales estuvieron precedidos de dos hechos que fueron rechazados por la opinión pública.

En 2011, las elecciones judiciales se dieron el 16 de octubre, luego de la violenta intervención policial a la VIII Marcha Indígena en Defensa del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), el 25 de septiembre, que tuvo lugar en Chaparina. En esos comicios, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los votos válidos fueron 90.933 (41,33%) y los votos nulos 92.557 (42,07%).

En 2017, las elecciones se realizaron el 3 de diciembre, apenas cuatro días después de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio luz verde a la reelección indefinida del entonces presidente Evo Morales. En este caso el resultado fue contundente, los votos nulos representaron el 50,93%, frente a los votos válidos que llegaron al 34,12% y a los blancos que fueron el 14,93%. O sea, los actuales magistrados, cuyo mandato debe vencer en enero de 2024, fueron electos con el 34,12% de los votos emitidos.

Ahora, tras la posesión del presidente Luis Arce, el Gobierno y la alianza Comunidad Ciudadana (CC) expresaron su propósito de reformar la Justicia, a través del cambio de autoridades judiciales, vía referéndum constitucional para acortar el mandato de los actuales magistrados. Esa consulta la proyectan para el 7 de marzo de 2021, junto con las elecciones subnacionales.

BD/JJC