El uso político de los muertos: Un gas lacrimógeno, 4 fallecidos y varias fracciones del MAS en lucha abierta

Amalia Pando/Cabildeo Digital |12|05|22|

Primera parte: Juego de tronos

La gobernación, la alcaldía y el rectorado de la Universidad Tomás Frías, son el Potosí feudos de poder controlados por ‘jilacatas’ del MAS, cada quien con sus ambiciones y sus propios grupos de choque.

La proximidad del Congreso de la Confederación Universitaria Boliviana, CUB, que se cumplirá en la ciudad de Potosí entre el 26 al 28 de mayo subió la intensidad de la lucha por estancos de poder entre las distintas fracciones del MAS.

La mira se volcó hacia el control de la FUL en la Universidad Tomás Frías.  Unos querían elecciones y otros no, preferían mantenerse en la cúpula del Comité Electoral y del Comité Interfacultativo. No se trataba de un lio estudiantil.  Todos estaban metidos incluyendo el viejo dirigente de la CUB, Max Mendoza, de 52 años quien buscaba aliados para su enésima reelección.

Una de las fracciones en pugna, vinculada al ex presidente de la Asamblea Departamental, Marcial Ayali, decidió impedir esas elecciones a toda costa.

A la una de la madrugada del lunes 9 de mayo, fecha de la tragedia, el presidente del Comité Electoral, Ariel Quispe Mendoza, de 40 años, llegó en su vehículo color plomo, a un punto de encuentro para recibir una granada de gas. El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera dijo que el acto de terrorismo fue planificado y que el proveedor de la granada está plenamente identificado.

Y así fue. La detonación del gas lacrimógeno se produjo en medio de la asamblea estudiantil. Provocó pánico y una avalancha humana de miles de estudiantes que buscaron salir del coliseo donde se encontraron atrapados y con sensación de ahogo. Los que cayeron al suelo fueron aplastados. Murieron cuatro muchachas, Raysa Colque de 23 años, Gilda Paita de 23, Gladys Acuña de 31 y madre de dos niños y Daniela Quentasi de 23. Otros 83 universitarios resultaron heridos, 7 de ellos se encuentran en terapia intensiva.

Gracias a un video grabado por un estudiante, se constató que la granada no vino de afuera, como se dijo a un principio, sino que fue lanzada desde un costado de la asamblea hacia la testera.

Al día siguiente el viceministro de gobierno, Roberto Ríos, presentó a los cuatro presuntos culpables y aclaró que el MAS no tiene nada que ver. Pero resulta que todos son del MAS, de los ‘grupos de choque’, según la presidente de COMCIPO, Roxana Cruz.

Segunda parte: Los culpables

Estos son:

Manfredo Flores, es el presunto detonador del gas lacrimógeno y es el director Administrativo y Financiero de la Asamblea Legislativa y hombre de confianza de Marcial Ayali, expresidente de esa Asamblea Departamental.

En noviembre del año pasado, Ayali salió en persona a golpear a los vecinos que impulsaban el paro nacional que duró nueve días por la abrogación de la ley 1386.  En esa ocasión murió Basilio Titi, un campesino atorado con su bolo de coca, llevado a la ciudad por el MAS para enfrentar con piedras, golpes y chicotazos a los seguidores de COMCIPO. El MAS ostentó entonces a sus grupos de choque organizados desde la gobernación y la Asamblea Departamental.

Ariel Quispe Mendoza, 40 años, presidente del Comité Electoral, encargado de recoger la granada a una de la madrugada, en su automóvil plomo.

Mauricio Quintanilla, de 25 años, alias "el motín” ejecutivo de la facultad de Administración de Empresas.

Milton Fuentes Apaza, 35 años, alias ‘el Licenciado’, presunto proveedor de la granada.

Tercera parte: Los dolientes

No hay consuelo para las cuatro madres potosinas que tuvieron que enterrar a sus hijas, a sus amadas hijas, porque criminales del partido de gobierno decidieron impedir una elección universitaria.

El Rector de la Tomás Frías, Pedro López, entregó títulos profesionales “post mortem” y prometió buscar justicia.

La madre de Daniela dirigiéndose al rector preguntó: “¿qué voy hacer con este titulo si mi hija está muerta?  ¿Qué voy hacer yo sin mi hija?”.

Los familiares denunciaron que la asistencia a la asamblea fue obligatoria y apuntaron contra el rector López.

Cuarta parte: La investigación

EL veterano dirigente de la CUB, Max Mendoza, reitero su edad, de 52 años, quien está inscrito en la UMSS de Cochabamba hace 28 años, responsabilizó al rector López por haber autorizado la asamblea y dijo que los cuatro involucrados en el crimen se reunieron con el rector horas antes de la tragedia.

Mendoza, viejo operador de MAS, reconoció que es amigo de Evo Morales con quien se reunió en más de 60 ocasiones, según publicó El Deber.  Él también estaba en el juego de tronos, interesado en hallar una fracción que lo respalde en el próximo congreso de la CUB.

La indignación y dolor de los familiares y del pueblo en general han presionado al gobierno para encontrar en tiempo récord a los presuntos culpables materiales.

Sin embargo, hubo un intento inicial de encubrimiento cuando la fiscal del distrito, Roxana Choque, dijo que los dos primeros detenidos no estaban aprehendidos, sino que fueron llevados a la Policía con fines de investigación.

Además de la banda de los cuatro detenidos, hay que identificar al jilacata del MAS, al autor intelectual, al financiador, de este acto terrorista.

Por el momento no se ve que el gobierno quiera escarbar más a fondo. No vaya a ser que encuentre al siempre protegido, el de las 41 ambulancias.

El arma del crimen

Lo más llamativo de este caso es el arma del crimen, una granada de gas lacrimógeno que es de uso exclusivo de la Policía. No hay granadas de gas en cada esquina ni a la venta en los mercados.

El proveedor ya está identificado, según el general Aguilera. Sin embargo, esa persona es un intermediario porque el verdadero proveedor tiene que estar en la Policía o en el Ministerio de Gobierno.

Quinta parte: Un conocido modus operandi

¿Cómo puede alguien conseguir una granada para hacerla explotar y matar a sus propios compañeros? ¿Es que están dementes o drogados? No, nada de eso. Es terrible constatar que actuaron acorde a la escuela política de su partido, el MAS

El MAS tiene un largo prontuario de crímenes similares al que se cometió este 9 de mayo en Potosí.

En Sacaba, en noviembre 2019, ocurrió lo mismo. Murieron once cocaleros. También hay un video que por interés político no fue tomado en cuenta por la Fiscalía ni por la CIDH. Y también existía un relato periodístico - que duró pocas horas en las redes- de un reportero de Radio San Rafael que describía en vivo cómo los disparos salían del medio de los manifestantes

Y después, el 19 de noviembre, se produjo el intento del MAS de tomar la planta de almacenaje de carburantes de Senkata con un saldo de ocho muertos y muchos heridos. ¿De dónde salieron los disparos? Un inicial estudio de balística, que tampoco fue tomado en cuenta, decía que muchos de los muertos cayeron por impacto de balas calibre 22 que no usa la policía.

¿Qué buscaban? que los muertos sean el detonante de un levantamiento popular que derroque al gobierno transitorio.

En el gobierno de Evo Morales, militantes del MAS fueron armados y entrenados. Los vimos en acción en Vila Vila el 10 de noviembre de 2019 cuando atacaron a los buses que se dirigían a la sede de gobierno. Dejaron ocho mineros potosinos heridos a bala. Entre los instructores de los grupos armados del MAS estuvo el argentino miembro las FARC de Colombia, Facundo Morales, involucrado en el doble asesinato de cívicos en Montero y que ahora es motivo de extradición a Colombia por crímenes tales como el secuestro.

Más antecedentes

El pasado 1 de mayo en Santiago de Chile, tres manifestantes resultaron heridos a bala.  Entre ellos una periodista que se encuentra muy grave. El hombre que disparó al parecer pretendía echarle la culpa a la Policía para causar indignación popular, como ocurrió en octubre de 2019. Pero, hechas las investigaciones, los autores resultaron ser un venezolano y un colombiano. Aún no se sabe quién los envió y cuál era su propósito político, tal vez una venganza contra el presidente Boric por haber censurado a Maduro y Ortega por la violación de derechos humanos.

Crueles y despiadados

Este modo de obrar, de atentar o matar para echar los muertos sobre la espalda del enemigo, fue usado por Evo Morales en reiteras ocasiones, es la escuela de la confrontación a matar.

Cito algunos hechos escalofriantes.

El 15 de abril de 2009, hubo un atentado en el domicilio del cardenal Julio Terrazas que sirvió de pretexto para la posterior matanza de tres personas en el Hotel Las Américas. Muertos usados en la ofensiva del gobierno de Evo Morales contra la dirigencia cívica de Santa Cruz.

El 11 de septiembre de 2008, en Porvenir, Pando, se provocó la muerte de 15 estudiantes, campesinos y dos cívicos para acabar con la “media luna” y destruir y detener al prefecto Leopoldo Fernández.

En febrero de 2016, a pocos días del referendo, una muchedumbre conducida por el MAS incendió la Alcaldía del Alto en busca de la opositora Soledad Chapetón y cerró la única puerta de escape. Seis personas murieron asfixiadas. Se salvaron aquellos que pudieron saltar desde un segundo piso. El ‘operativo’ estuvo dirigido por el viceministro de gobierno, Marcelo Elío y la comandancia de la Policía, quienes sin embargo acusaron a la alcaldesa Chapetón de haber cometido un autoatentado.

10 de noviembre de 2019, Evo Morales después de huir quiso volver y no tuvo ningún reparo en el costo de su aventura.  ¿Acaso no llevó a Bolivia al borde de la guerra civil, al vacío de poder, a 30 muertos, mientras él disfrutaba en México de hoteles y restaurantes de cinco estrellas y se hacía la víctima de un golpe de Estado?

¿Y, acaso no es cierto que Jeanine Añez y otras 50 personas están presas pagando culpas ajenas?

Hoy, observamos otro video:  una avalancha humana causada por la detonación premeditada de una granada de gas lacrimógeno, es otro hecho doloroso e irrefutable que demuestra que los grupos del MAS, por detentar el poder, son capaces de todo inclusive de atentar contra la vida de sus propios compañeros. Es un tenebroso modus operandi que los identifica.

BD