Fiscal General insiste con el juicio ordinario para Añez y rechaza fallo de dos tribunales

Brújula Digital |15|11|23|

El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, consideró ilegales y arbitrarias las decisiones de los Tribunales de Sentencia de El Alto y Sacaba, que declinaron competencia para juzgar a Jeanine Añez en la vía ordinaria por los casos Senkata y Sacaba, al considerar que le corresponde juicio de responsabilidades como expresidenta.

“Las comisiones de fiscales asignados a estos casos activaron los recursos de apelación correspondiente  para que las salas penales de los tribunales departamentales de La Paz y Cochabamba, advertidas de esta arbitrariedad  dejen  sin efecto la forzada e ilegal decisión asumida y en consecuencia se dé inicio al juicio oral público”, sostuvo en conferencia de Prensa realizada en la ciudad de Sucre. 

El pasado 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto declinó su competencia para juzgar a Jeanine Añez en el caso Senkata, pasados unos días, el 9 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba (Cochabamba), asumió similar decisión y se declaró incompetente para llevar adelante un proceso penal por la vía ordinaría en contra la expresidenta Añez por los casos Senkata y Sacaba.

La Fiscalía acusó formalmente Añez de “genocidio” por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas, y ha pedido una condena de 30 años de prisión en su contra.

“La decisión asumida por estos dos tribunales (…) se encuentra al margen de los principios de los procedimientos procesales de legalidad, transparencia al debido proceso. Justicia o impunidad, que es lo que se pretende con estas decisiones, que el caso retroceda a  fojas cero, que todo el trabajo informativo sea desechado, que las víctimas tengan que peregrinar nuevamente en busca de justicia”, cuestionó Lanchipa.

El Fiscal General del Estado argumentó que previo a la acusación formar, los fiscales asignados al caso realizaron investigaciones y presentaron pruebas “idóneas” para la acusación formal sobre la imputación de responsabilidad penal contra la exmandataria y otros miembros que le acompañaron durante los hechos de 2019.

“Las investigaciones fueron completas, no solo por la multiplicidad de víctimas, porque la investigación  tuvo que superar contextos adversos de instituciones que resistieron dar información, además de la  coyuntura violenta con vivía el país con permanente asedios hostiles, pero pese a ello cumplimos con el mandato de defensa de la legalidad boliviana”, indicó.

Afirmó que la decisión asumida por los dos tribunales, “apartándose de los antecedentes contenidos en los autos de vista que ya resolvieron con anterioridad esta situación”, se encuentra al margen de los principios de los procedimientos procesales de legalidad, transparencia al debido proceso, establecido en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“El Ministerio Público, en cumplimiento a los principios que rigen la función fiscal y teniendo una decisión firme de la justicia boliviana para el procesamiento ordinario de estos hechos manifiesta su censura a cualquier forma ilegal que busca la paralización o demora de un proceso de investigación que tiene una demora histórica con el país”, dijo.

BD/WPS