Desde el teleférico hasta La Razón, pasando por los ferrocarriles: denuncian a Carlos Gill como empresario favorecido por el gobierno

La suma total que han recibido sus empresas gracias a contratos estatales asciende a 349 millones de bolivianos en los últimos años, según la investigación de Ortiz.

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Brújula Digital |25|9|19|

El senador Oscar Ortiz y candidato a la presidencia por Bolivia Dice No divulgó este miércoles una investigación en la que establece que el venezolano Carlos Gill Ramírez ha desarrollado una serie de operaciones empresariales favorecido por el gobierno.

El reporte establece que, entre otras, Gill Ramírez es propietario de La Razón y Extra, y de Cotienne, la empresa que realiza las obras civiles del teleférico, que se encargó de construir 22 estaciones satelitales de regasificación y de las obras civiles de 13 radares adquiridos por el Estado.

La suma total que han recibido sus empresas gracias a contratos estatales asciende a 349 millones de bolivianos en los últimos años, según la investigación de Ortiz.

“Los negocios en Bolivia del empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill Ramírez ni son negocios o inversiones ocasionales ni tampoco son de pequeña magnitud y se han consolidado y desarrollado amparados en una estrecha relación con el gobierno del presidente Evo Morales”, establece el reporte de 47 páginas escrito por Ortiz.

Excepto en el caso de los ferrocarriles Oriental y Occidental, de los que Gill Ramírez es propietario de manera abierta, en el resto de los casos, dice el reporte de Ortiz, ha generado un complejo sistema de empresas off shore y de subcompras para que sea difícil rastrear sus intereses. De todos modos, es el propio Gill el que ha señalado a los periodistas sobre las diversas actividades que desarrolla.

Las únicas empresas privatizadas en los años 90 que no fueron nacionalizadas por el gobierno son las de los ferrocarriles, de las que Gill Ramírez es propietario.

Gill Ramírez hizo llegar a Brújula Digital una breve declaración sobre las acusaciones de Ortiz. "Ya he presentado en distintos ámbitos mi acción como empresario en Bolivia y en la región, también he dicho que no hago política, mi actividad empresarial en Bolivia es transparente y apegada a todas las normas legales y éticas, trabajo en mis empresas, para mis empresas y para los más de 15 mil empleados que tengo en América Latina" dice la  declaración de Gill Ramírez.

Por otra lado, el informe del candidato presidencial menciona el libro Control Remoto, de Raúl Peñaranda, el primer documento en denunciar el entramado de empresas propiedad de Gill Ramírez.

El proyecto sin duda más ambicioso que éste desea llevar adelante es el del denominado “corredor bioceánico”, y que implicaría una inversión de unos 10.000 millones de dólares. Este proyecto todavía no pasa de sus fases iniciales.

Estos son los montos de los contratos que ha firmado Gill Ramírez con el gobierno en diferentes rubros: obtuvo contratos por 13 millones de bolivianos para realizar las obras civiles del teleférico; 162 millones de bolivianos para la construcción de 22 estaciones satelitales de regasificación en la planta separadora de líquidos de Río Grande; 174 millones de bolivianos por las obras civiles para 13 radares adquiridos por el gobierno. Estas obras han sido conseguidas por la empresa constructora Cotienne o su subsidiaria empresa Gómez Núñez. El total da 349 millones.

El “modus operandi” de Gill Ramírez, dice el reporte de Ortiz, es que acude como negociador principal y representante de grandes compañías extranjeras para adjudicarse contratos millonarios con el Estado, “contratos que posteriormente retornan en beneficio del empresario bajo la figura de subcontrataciones a las empresas nacionales en las que Carlos Gill Ramírez declara tener participación”.

“Adicional a esta maraña de relaciones comerciales también se pueden encontrar vínculos de los altos directivos y del propio Gill Ramírez con autoridades del entorno del Presidente Morales Ayma”, afirma la investigación. 

A todas las empresas que posee se le debe sumar Gravetal, una compañía de soya y aceites ubicada en Santa Cruz, pero pese a que existen indicios de ello, no se han hallado pruebas documentales.

Entrevistado por el portal web Economy21, Gill Ramírez afirmó que en Bolivia tiene siete empresas, además de un fondo de inversiones.

En Puerto Suárez, dice Ortiz, opera otra de las empresas de Gill Ramírez, la empresa Sociedad Administradora de Puertos Continental, SAPCON, dedicada a prestar servicios portuarios, de transporte, manipulación de carga, depósito y/o almacenamiento en instalaciones portuarias. Esa es la empresa que ha sido contratada por la fábrica estatal de urea para que opere y transporte su producción.

La investigación realizada revela con claridad “que existe, con plena vigencia, un sistema ilegal, ilegítimo y corrupto para favorecer a algunos grupos allegados a la estructura del Gobierno”, asegura el informe.

Los procesos se inician con propuestas de millonarios negocios e inversiones de parte de empresarios que llegan a Bolivia con “sugerencias”, que son respaldadas luego por el Gobierno.

“Una vez adjudicados, proceden a una serie de subcontrataciones a empresas que no participaron en la invitación directa y que se reparten la ejecución de obras con distintas razones sociales, pero con los mismos socios que operan con diferentes porcentajes en una y otra”, añade.

“Estas complejas estructuras corporativas”, dice, “están claramente diseñadas para camuflar al beneficiario final de las adjudicaciones de obras con el Estado con el único fin de eximirse también de responsabilidades posteriores al contrato”.