CC denuncia presuntas irregularidades en adquisición de equipos y consultorías en la Defensoría del Pueblo

Brújula Digital |24|05|22|

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero denunció este martes presuntas irregularidades en la compra de equipos audiovisuales y sobre la contratación de consultores dentro de la Defensoría del Pueblo. Pidió a la Fiscalía investigar el caso, porque existió, según la legisladora, “malversación de fondos del Estado”.

“Hemos podido evidenciar que dentro de la Defensoría se han adquirido en el año 2019 ciertos equipos para la producción de material de comunicación. Unos de estos equipos es una cámara filmadora por un monto de 41.840 bolivianos. El segundo equipo que hemos podido evidenciar que ha adquirido la Defensoría es una cámara fotográfica por un monto de 33 mil bolivianos. Ambos equipos están adjudicados a la empresa Dismatel Bolivia, por contrato directo”, declaró Campero en una conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que durante esa gestión, también se adquirió tres “islas de edición”, con un valor de 147 mil bolivianos.

Además de la contratación de consultores para un supuesto apoyo de producción audiovisual para la institución defensorial.

“Existe una presunta malversación de fondos en la contratación de consultorías, porque en el SICOES también podemos observar, que el 8 de abril de 2019, se procede a la contratación de una consultoría indicando que el objeto de contratación es de apoyo a la producción audiovisual. Este contrato debió terminar el 2019, pero se reincide del mismo en julio del 2019, pero se paga el total del monto de la consultoría a pesar de que la misma culmina antes”, dijo la diputada.

En la adquisición de los equipos audiovisuales, de acuerdo con una documentación de CC, se podría haber comprado una cámara filmadora por un precio de 22.676 bolivianos.

Además, en el caso de la contratación de los consultores, Campero indicó que se les pagaba montos de entre 20 a 30 mil bolivianos, pese a que su contrato terminaba en noviembre, pero rescindieron el mismo en julio de 2019.

“Pues, se evidenció que existe sobreprecios adquiridos, además, si la Defensoría inaugura recién este año la sala audiovisual porqué contrató más de tres consultores a los cuales se les paga montos arriba de 20 y 30 mil bolivianos para realizar trabajo audiovisual si es que la sala ha sido inaugurada este año”, señaló ante los medios.

“Le exigimos a la Fiscalía y al Contralor que investigue los precios (de estos equipos y de las consultorías). En qué se han usado estos equipos antes de inaugurarse la sala audiovisual y le exigimos a la defensora que pueda salir a responder sobre todo con ética qué pasó con estos equipos y responder porqué son usados dos años después de ser adquiridos”, acotó la asambleísta.

BD/MC

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