Albarracín desmiente a Lima sobre salida del Alto Comisionado y agrega que en Bolivia los DDHH viven un retroceso

Brújula Digital |06|02|23|

Ante la minimización de la salida de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) del país -a decisión del Gobierno de Luis Arce- el experto en Derechos Humanos, Franco Albarracín, desmintió al ministro de Justicia, Iván Lima, por asegurar que el Estado boliviano coordina con esta oficina a través de su sede en Ginebra, pues Bolivia solo fue en retroceso en material de derechos en esa instancia.

“El Ministro de Justicia está mintiendo, porque no es un tema administrativo la salida del Alto Comisionado de NNUU, en la práctica el Gobierno los está expulsando. Si bien cada año se renueva el convenio para que pueda quedarse una misión de Naciones Unidas, los países tienen la obligación moral de renovar su permanencia”, explicó el jurista.

El también investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) dijo que Bolivia no solo pasa a la lista negra de países sin una misión formal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sino que figura incluso detrás de países extremadamente violentos o calificados de autoritarios como Guatemala o El Salvador que tienen su representación de Naciones Unidas.

“Lo que menciona el ministro Lima sobre una supuesta coordinación con la oficina en Ginebra es una falacia, es absolutamente falso, no hay tal coordinación porque la posición de la representación de Bolivia en Ginebra siempre ha sido contraria a los DDHH, con una posición a favor de retroceder en iniciativas en el marco del Consejo de DDHH”, sostuvo.

En este contexto dijo que Bolivia está ingresando a un escenario totalmente negativo para los ojos internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Queda pendiente que el Gobierno pueda comprometerse a que exista al menos una asistencia técnica o alguna conexión en territorio nacional con el Alto Comisionado, porque eso de que van a coordinar con Ginebra es absolutamente falso, porque la posición que ha tenido Bolivia en Ginebra solo ha sido de retroceso en materia de DDHH, no existe tal coordinación”, aseveró.

“Estamos muy desprotegidos porque está saliendo la Oficina del Alto Comisionado con todo su equipo que estaba realizando un trabajo importante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si bien ha sacado un comunicado contundente en materia de monitoreo, es relativamente tibia sobre la situación en Bolivia”, mencionó Albarracín.

A nivel interno dijo que la situación del país es muy complicada ya que la  Defensoría del Pueblo ha demostrado en los últimos años, depender del Órgano Ejecutivo; es decir del Gobierno, siendo que fue designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional sin participación de la oposición, agravada por una Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) completamente debilitada o cuasi inexistente con una paralela afín al MAS operando.

“En este contexto las organizaciones no gubernamentales, de defensa de los Derechos Humanos deberían empezar a promover iniciativas  para unir esfuerzos para velar por los derechos en el país (…). Se han creado en otros países defensorías del pueblo desde las organizaciones de la sociedad civil a falta de defensorías o instituciones fuertes e independientes”, explicó.

Destacó que el equipo técnico del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, después de varios años de un trabajo más de escritorio, hizo un trabajo muy importante promoviendo la observancia de la situación de los pueblos indígenas, monitoreando la situación de defensores de DDHH, sobre todo de defensores ambientales.

“Todo eso va a quedar en nada por la abrupta expulsión que está promoviendo el Estado y es lamentable porque el Alto Comisionado se estaba reagrupando, reorganizando después de casi una década de ausencia”, aseguró.

También observó que el Gobierno tenga una percepción errónea sobre la posición que debería tener la Oficina del Alto Comisionado de la que espera posiciones políticas favorables a su gestión.

“Con la llegada de Diego García Sayán, el Gobierno lo trajo pensando que su ideología lo favorecería, pero no contaban con el carácter independiente del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, y dio un informe lapidario sobre la justicia”, señaló.

García Sayan durante su visita al país alertó sobre la falta de independencia de la justicia boliviana y dio 20 recomendaciones al Gobierno y otros poderes del Estado, lo cual no cayó bien en las esferas gubernamentales.

BD JMC