Ala radical del MAS analiza en el Senado ley corta para judiciales, rechaza “decretazo”

Brújula Digital |24|05|23|

Leonardo Loza, senador del ala radical del MAS, afirmó este miércoles que su bancada analizará y tratará el proyecto de ley corta para las elecciones judiciales, documento que fue aprobado en la Cámara de Diputados, debido a que rechaza el nombramiento de magistrados a través de un “decretazo”.

Durante la madrugada de esta jornada, diputados del MAS, tanto de las alas arcista o renovadores como de la evista o radical, aprobaron el proyecto de ley que ajusta los plazos para que este año se lleven a cabo los comicios judiciales para la elección por voto popular de magistrados, quienes deberán ser posesionados a inicios de 2024.

Indicó que este proyecto de ley debe ser analizado y debatido en la Asamblea legislativa, debido a que los asambleístas “nunca renunciarán” a su facultad de preseleccionar a candidatos judiciales, para que, de entre ellos, se designe por voto popular a los magistrados.

“No vamos a permitir que nuestras autoridades judiciales puedan ser elegidas con base en un decreto”, advirtió, ante versiones que apuntan a esa acción ante una imposibilidad de realizar las elecciones judiciales por falta de tiempo.

Acotó que el “decretazo” para la designación de magistrados sería algo “injusto, inconstitucional e incluso violaría las atribuciones de la Asamblea Legislativa”. Para evitar esa situación, advirtió que los asambleístas deberán cumplir con sus facultades constitucionales.

El proyecto de ley corta contiene cinco artículos y tres disposiciones adicionales que fueron aprobados en grande y en detalle en la Cámara Baja.

Este proyecto de norma, según un reporte de la Cámara de Diputados, fija un plazo de hasta 70 días para preseleccionar a los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y de hasta 120 días para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice los comicios.

Vocales del TSE se reunieron con asambleístas en pasados días para advertirles que requieren al menos 120 días para organizar las elecciones judiciales.

BD/JJC