Abogado cree que no se indaga torturas tras asalto en el hotel Las Américas para que autores no paguen resarcimiento

Brújula Digital|29|04|24|

Tras conocer que la CIDH amplió el plazo para que se investigue las torturas y vejámenes tras el asalto al hotel Las Américas de 2009, el abogado Gary Prado sostiene que la Fiscalía rechazó la investigación de este caso para negociar el pago de resarcimiento por parte del Estado a las víctimas, para que no haya un fallo que obligue a pagar ese dinero a los responsables, como Evo Morales.

El fin de semana se conoció que la Fiscalía rechazó la apertura del caso por torturas y vejámenes tras la violenta intervención policial armada en el hotel Las Américas, el 15 de abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz. Además, se informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ampliado el plazo para la apertura de este proceso hasta julio.

En ese operativo de 2009 fallecieron Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, mientras que fueron detenidos: Elöd Tóásó y Mario Tadic, quienes fueron acusados por el gobierno de Evo Morales de conformar un grupo irregular que preparaba un magnicidio y buscaba la separación de Santa Cruz. Los dos sobrevivientes presentaron una denuncia por torturas y vejámenes ante la CIDH, la misma que ordenó la investigación por ejecuciones extrajudiciales, torturas y vejámenes.

Se informó que los demandantes llegaron a solicitar el pago del Estado boliviano de un resarcimiento que pasa los $us 5 millones, precisamente por las torturas y vejámenes sufridos. 

Al respecto, Prado resaltó que el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, en su numeral segundo, establece que cuando el Estado es condenado a pagar reparaciones por daños y perjuicios, debe iniciar una acción de repetición contra los responsables, para que éstos cubran ese monto. Luego de tomar ese elemento, sumado a las decisiones de la Fiscalía y a la CIDH, el abogado expresó su sospecha de que se quiere evitar un juicio y un fallo, para favorecer a los autores, entre ellos Evo Morales. 

“Si el Estado es condenado, a ellos habría que cobrarles, pero si el Estado llega a una negociación, ya no hay condena, por lo tanto, no hay por qué cobrar a estas personas. Entonces la responsabilidad de la violación de los derechos humanos en el gobierno de Evo Morales, vamos a terminar pagándola todos los bolivianos porque a nadie se le va a cobrar”, declaró a Unitel Prado.

El jurista advierte que ese es el fondo del rechazo al proceso por torturas y vejámenes, una “actitud dilatoria” para evitar un juicio, un fallo y el pago de parte de los responsables.

BD/JJC