Lo que debe cambiar no es el nombre de La Paz o de Sucre, sino la forma en que Bolivia y Chile enfrentan –con madurez y visión compartida– los desafíos comunes de una frontera
Brújula Digital|01|11|25|
Andrés Guzmán
Las recientes declaraciones del candidato chileno Johannes Kaiser –quien afirmó que “se acabó el chistecito de Bolivia” y advirtió que si se siguen rematando autos chilenos “en La Paz lo van a pasar muy mal, y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”– han generado un comprensible malestar en la opinión pública boliviana.
Más allá del tono inapropiado y del desconocimiento que revelan sus palabras, sus propuestas invitan a reflexionar sobre un problema real y urgente: la necesidad de fortalecer el control fronterizo, una tarea que por su propia naturaleza exige coordinación y corresponsabilidad entre ambos Estados.
Desde hace años, la frontera boliviano–chilena se ha convertido en un corredor donde confluyen diversas actividades ilícitas: contrabando desde Chile hacia Bolivia y en sentido inverso, tráfico de drogas y migración irregular.
El contrabando, en particular, se ha visto favorecido por la permisividad de las autoridades chilenas y por el funcionamiento del sistema portuario y la Zona Franca de Iquique, que permite la llegada masiva de diversos productos manufacturados –incluidos vehículos usados de más de dos años de antigüedad, cuya importación está prohibida en Bolivia–.
Aunque estos bienes suelen ser declarados en el puerto con destino al norte de Chile, muchos terminan ingresando al territorio boliviano por pasos no habilitados, generando un mercado negro que afecta gravemente a la economía formal, reduce la recaudación fiscal y perjudica a miles de productores y comerciantes legales.
En este contexto, ambos países podrían favorecerse de cerrar la frontera, siempre y cuando se respete estrictamente el régimen de libre tránsito establecido en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios en los pasos habilitados. Para Bolivia, sería un paso importante para frenar los flujos ilegales que distorsionan su economía y debilitan su producción nacional.
Sin embargo, una medida de este tipo solo tendría sentido si se ejecuta de manera coordinada y concertada, conforme al marco jurídico vigente, que dispone que el derecho de libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos debe ser reglamentado de común acuerdo. En ese sentido, la idea de cerrar la frontera de manera unilateral –como parece sugerir el señor Kaiser– carece de fundamento, tanto práctico como jurídico.
Respecto a las preocupaciones sobre los supuestos “remates” de autos chilenos en Bolivia, es preciso aclarar que la propuesta de legalización de vehículos indocumentados (autos chutos) impulsada por el presidente electo Rodrigo Paz –según sus propias declaraciones y las de su equipo técnico–, no incluye vehículos robados en Chile, sino automóviles que ingresaron a Bolivia por contrabando, tras haber arribado legalmente a los puertos chilenos.
Por tanto, no se trata de un acto de provocación ni de una “humillación” hacia Chile, sino de una medida interna destinada a debilitar el negocio del contrabando (al legalizar los vehículos sin papeles que ya circulan en el país) y a dificultar las redes de robo y tráfico de automóviles, cuyos vehículos robados no se quiere ni se puede legalizar.
Si ambos países lograran coordinar esfuerzos para controlar efectivamente el contrabando, no solo se reduciría el flujo de autos chutos y otros productos ilegales hacia Bolivia, sino que también se podrían enfocar esfuerzos conjuntos en otros desafíos comunes, como el narcotráfico, la migración irregular y las diversas formas de crimen transfronterizo que afectan a ambas sociedades.
En definitiva, las relaciones entre Bolivia y Chile no necesitan amenazas ni discursos cargados de hostilidad, sino voluntad política y cooperación binacional para abordar los problemas que realmente importan.
Pretender “cambiar el nombre” de una ciudad boliviana o usar la intimidación como estrategia electoral puede generar réditos internos, pero profundiza el deterioro de una relación que, pese a más de un siglo de desencuentros, ambos países están obligados a manejar con inteligencia y respeto.
Lo que debe cambiar no es el nombre de La Paz o de Sucre, sino la forma en que Bolivia y Chile enfrentan –con madurez y visión compartida– los desafíos comunes de una frontera que, bien administrada, puede ser un espacio de integración y desarrollo, no de conflicto.
Andrés Guzmán Escobari es diplomático de carrera.
