El expresidente Morales dice que no teme ser juzgado por terrorismo en el caso del operativo policial en el hotel Las Américas, en el que hubo ejecuciones extrajudiciales y se torturó posteriormente a otros detenidos.
Brújula Digital|29|10|25|
Raúl Peñaranda U.
El expresidente Evo Morales afirmó este miércoles que “no teme” ser enjuiciado por terrorismo dentro del caso conocido como Hotel Las Américas, un proceso que se reactivó en los últimos días y que podría convertirse en uno de los más sensibles de su trayectoria política. Es una cabeza de Damocles contra el expresidente.
A un juicio ante la CIDH contra Morales se suma el pedido de iniciar un juicio de responsabilidades, que debe realizarse ante el Legislativo. Ambos procesos arrastrarían a todos los posibles responsables de los hechos, como el exvicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado y los agentes que participaron.
“No tengo temor a que me enjuicien por defender la integridad territorial y la soberanía de Bolivia; solo pido jueces independientes, honestos y decentes”, escribió Morales en su cuenta en X. El exmandatario sostuvo que la operación policial realizada en abril de 2009 fue necesaria “para evitar el separatismo y la división de los bolivianos”.
Las declaraciones surgen después de que el diputado electo Rafael López, de la alianza Libre, anunciara que presentará una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades contra Morales por delitos de lesa humanidad, asesinato y extorsión, entre otros. “Queremos que esté tras las rejas, para que el país esté tranquilo”, dijo el legislador.
Si es que se suman todos los partidos actualmente opositores, como ya se ha anunciado, controlarían más del 90% de los votos de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, quorum suficiente para procesar a Morales en un juicio de responsabilidades. Para ello se necesita dos tercios de los votos.
El operativo y sus consecuencias
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un grupo de élite de la Policía ingresó sin orden judicial al hotel Las Américas, en Santa Cruz, para desarticular una presunta célula separatista. En la operación fueron ejecutados extrajudicialmente tres extranjeros –Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer–, mientras que dos personas, Mario Tadic y Elod Tóásó, fueron detenidas y luego torturadas.
El Gobierno de Morales aseguró entonces que el grupo preparaba un atentado contra el presidente, cosa que la defensa de los acusados demostró falsa. Varias personas fueron acusadas sin pruebas y estuvieron largos años en la cárcel. El caso cerró en 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Aunque Morales estaba en Venezuela cuando se hizo el asalto, hizo una declaración que lo incrimina: “El día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República (Álvaro García Linera) y el vicepresidente al comandante de la Policía Nacional a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”, afirmó el mismo día del operativo.
Morales agregó: “Esta madrugada me informan que ha habido una balacera, un tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz”. Después se demostró que no hubo tal tiroteo y que los propios policías dispararon sus armas contra la pared para dar la impresión de que los sospechosos dispararon sus armas.
CIDH
El caso, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales y el hecho de haber encarcelado durante años a personas sin aportar pruebas, fue llevado inicialmente a un proceso internacional en la CIDH.
Juan Carlos Guedes, uno de los acusados que pasó más de diez años en prisión antes de ser absuelto, informó que el proceso iniciado en 2010 ante esa Corte está en su fase final.
“Hemos estado diez años y medio en la lucha, detenido, y ahora estamos por finalizar el juicio contra el Estado boliviano en la Corte de Costa Rica”, declaró.
Guedes sostuvo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce “dilataron el proceso” y que el nuevo gobierno deberá asumirlo “con responsabilidad”.
También reveló que hubo una oferta de parte del gobierno saliente de Luis Arce de 750.000 dólares por cada persona abusada en sus derechos, pero ello no llegó a concretarse y el juicio prosiguió. El acusado anticipó que, de no prosperar en la CIDH, el caso podría ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
BD/RPU
