La alianza Libre advirtió que la denuncia penal del Presidente del Tribunal Supremo Electoral contra cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional, se suma a tres acciones que ponen en riesgo la segunda vuelta electoral
Brújula Digital|07|10|25|
La alianza Libre advirtió este martes que el ultimátum y la denuncia penal del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSJ), Romer Saucedo, en contra de cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se suma a tres acciones que ponen en riesgo el balotaje de este 19 de octubre.
“Lamentamos que instancias como el TSJ y otras del órgano Judicial estén promoviendo actos que ponen en riesgo el proceso electoral y que pueden derivar ineludiblemente en la suspensión de la segunda vuelta”, señaló la Alianza Libre a través de un comunicado de prensa.
Saucedo presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía en contra de magistrados “autoprorrogados” del TCP, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y usurpación de funciones.
Los magistrados denunciados del TCP son: Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, quienes debieron cesar en sus funciones en diciembre de 2023, pero permanecen en el cargo tras una polémica autoprórroga de mandato.
Al respecto, la alianza Libre sostiene que la renovación del sistema judicial, con la sustitución de estos cinco magistrados, y la transformación profunda que demanda la ciudadanía deben ser tareas del nuevo gobierno elegido legítimamente en las urnas en la segunda vuelta electoral de este 19 de octubre.
Según Libre, la denuncia de Saucedo se suma también a otras tres acciones que “tienen la finalidad de provocar la anulación de las elecciones generales y que no se lleve adelante la segunda vuelta electoral”.
Las otras tres acciones identificadas por Libre son: la presentación de un proyecto de ley de suspensión de vocales del Órgano Electoral, que ya fue retirada; la creación de la comisión parlamentaria para la investigación de un supuesto fraude en las elecciones del 17 de agosto de 2025; y una ley para la suspensión de magistrados del TCP, dirigida a dejar al país sin control de constitucionalidad.
“Hoy, la prioridad nacional es garantizar las elecciones de segunda vuelta y, en ese contexto, defender la institucionalidad democrática para que el pueblo elija libremente a su presidente. Cualquier intento de alterar este proceso va en contra de la voluntad popular y del compromiso firmado por todos los poderes del Estado”, añadió Libre en su comunicado.
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