Tres concejalas titulares del municipio de Tapacarí, en Cochabamba, denunciaron violencia política que les impide ejercer sus cargos. Ante esa situación, distintas instituciones estatales activaron mecanismos de protección y acompañamiento legal.
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Tres concejalas titulares del municipio de Tapacarí, en Cochabamba, denunciaron violencia política que les impide ejercer sus cargos. Ante esa situación, distintas instituciones estatales activaron mecanismos de protección y acompañamiento legal.
Las autoridades afectadas son Hilda Apaza, Felisa Ormachea y Teodora Poma, quienes desde noviembre de 2023 solicitaron licencias temporales bajo la figura de “gestión compartida”, pero al intentar reincorporarse se toparon con un rechazo arbitrario de parte del presidente del Concejo Municipal. Según informó ABI, esta decisión contradice lo dispuesto en la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
Además, desde febrero de 2025 dejaron de percibir sus sueldos y denunciaron que incluso se cerraron las instalaciones de la Alcaldía y el Concejo Municipal, este último tapiado, lo que en los hechos bloquea sus funciones. “También reportaron agresiones físicas, amenazas, discriminación y una campaña de hostigamiento y desprestigio”, agregó.
El Ministerio de Justicia señaló que la inacción del SLIM de Tapacarí, la limitada cobertura policial y la demora en procesos judiciales han agravado la vulnerabilidad de las concejalas. La cartera estatal advirtió que “este caso evidencia la persistencia de una violencia política estructural que busca excluir a las mujeres del ejercicio del poder público”.
En respuesta, el Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata de Defensa de los Derechos de las Mujeres en Situación de Acoso y/o Violencia Política, conformado por varias instituciones del Estado, determinó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) asuma el patrocinio legal en los procesos abiertos.
Asimismo, se convocó al alcalde y al presidente del Concejo de Tapacarí a una reunión ampliada el próximo 24 de septiembre, mientras que el Ministerio de Gobierno y la Policía se comprometieron a reforzar la seguridad en la zona y garantizar la debida diligencia en las investigaciones.
Según informó ABI, el Ministerio de Justicia enfatizó que atender este tipo de casos exige “una respuesta articulada, urgente y sostenida” para asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
BD/RED
