La salida de este infierno exige un alto al fuego inmediato e incondicional que permita corredores humanitarios seguros y sostenidos. A tal efecto, la diplomacia pragmática debe combinar presión política con envíos masivos de alimentos, agua, medicinas y combustible.
Brújula Digital|12|09|25|
José Luis López Terrazas
Gaza tiene hambre, es la brutal conclusión del último informe del sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (Integrated Food Security Phase Classication - IPC) dejando claro que la hambruna en este territorio no solo avanza, sino que también arrastra vidas.
A través de dicho sombrío análisis elaborado por Naciones Unidas y publicado en agosto de 2025, la comunidad internacional realiza un clamor a la conciencia global, ya que la hambruna ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un arma de guerra para inmovilizar y destruir a la población gaza ti.
Los informes de la FAO, Unicef, PMA y la OMS no dejan lugar a dudas pues las restricciones severas y repetidas a la ayuda humanitaria, la destrucción del sector agrícola y el colapso de los sistemas de salud han empujado a la gente a la inanición.
Los niños, en particular, están pagando el precio más alto ya que la desnutrición infantil se ha acelerado a un ritmo trágico, con un aumento de seis veces en los casos de desnutrición aguda desde principios de año.
Los datos muestran que para finales de septiembre de 2025 se proyecta que más de la mitad de todos los niños en esta área sufrirán desnutrición aguda. La situación es particularmente grave para los más de 43.400 niños que para junio de 2026, se estima, estarán en riesgo severo de muerte por inanición.
La convergencia de desnutrición, el colapso de los sistemas de agua y saneamiento y la alta prevalencia de enfermedades como la diarrea aguda (que afectó al 43% de los menores de cinco años en julio) y las infecciones cutáneas (49%) crean un círculo vicioso que sus cuerpos no pueden soportar.
Los niños no solo mueren de hambre, sino de enfermedades que serían tratables en cualquier otra circunstancia. El colapso del sistema sanitario, donde solo 18 de 36 hospitales funcionan parcialmente y no hay unidades neonatales operativas, les deja sin defensas.
El informe del IPC revela la angustiosa paradoja de que incluso cuando logran acceder a comida, muchos carecen de combustible para cocinarla o de agua limpia para prepararla de forma segura, consumiendo dietas de tan solo uno o dos grupos alimenticios.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el uso del hambre como arma de guerra constituye una violación grave y explícita de los pilares más fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El artículo 54 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 prohíbe de manera categórica hacer padecer hambre a la población civil como método de combate, así como atacar, destruir o inutilizar bienes indispensables para su supervivencia, como alimentos, áreas agrícolas y suministros de agua.
Estos actos no son solo violaciones del DIH, sino que pueden constituir crímenes de guerra perseguibles individualmente. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 8(2)(b)(xxv), tipifica expresamente como crimen de guerra el "hacer padecer hambre intencionalmente a la población civil como método de guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia".
Además de figurar en el Estatuto de Roma, este mandato está reconocido como norma de derecho consuetudinario, lo que lo hace vinculante para todos los beligerantes, ya sean Estados o actores no estatales, con independencia de su adhesión formal al tratado.
Dicho estatuto incluye el bloqueo intencionado de la ayuda humanitaria, un patrón de conducta documentado en el caso de Gaza. La responsabilidad penal individual se extiende, por tanto, a quienes planifican, ordenan o cometen estos actos.
Por otro lado, la evidencia recopilada pinta un cuadro dantesco en el ámbito productivo. El 98% de las tierras de cultivo están dañadas o son inaccesibles. Los activos pesqueros han sido diezmados y el 90% de los edificios residenciales están destruidos.
En este contexto, la diplomacia global reconoce la urgencia de un alto al fuego inmediato y el fin del conflicto para permitir una respuesta humanitaria sin obstáculos y a gran escala.
No se trata de enviar unos cuantos camiones más; se trata de un acceso seguro, sostenido y a escala masiva. Como afirma el director general de la FAO, QU Dongyu, "el acceso a los alimentos no es un privilegio, es un derecho humano básico".
La salida de este infierno requiere, ante todo, una voluntad política férrea de la comunidad internacional para imponer ese alto al fuego inmediato y en ese sentido la Asamblea General de la ONU, el 12 de junio de 2025, emite una resolución que exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, liberación de los rehenes, el fin del asedio y la entrada irrestricta de ayuda humanitaria para toda la población de la Franja de Gaza.
La votación mostró 149 a favor, 12 en contra (entre ellos Estados Unidos e Israel) y 19 abstenciones. El Gobierno de Estados Unidos argumentó que la resolución no condena a Hamas, y que no condiciona el alto el fuego a la liberación de los rehenes, por lo que consideró que premia a Hamas y no contribuye a la paz sostenible.
La oposición de Estados Unidos, basada en la ausencia de condena a Hamas en el texto y su enfoque en negociaciones bilaterales, muestra una tensión crítica en la comunidad internacional, que pone en riesgo una respuesta coordinada y efectiva para salvar vidas y avanzar hacia una paz sostenible en la región.
En este punto, cabe señalar que el enfoque en Hamas, organización considerada terrorista por varios países, simplifica y fragmenta la complejidad histórica, política y social que constituye la causa palestina.
Países como Estados Unidos e Israel, al enfatizar la amenaza de Hamas para justificar políticas de seguridad y restricción, pueden bloquear iniciativas multilaterales que buscan un alto el fuego y acceso humanitario amplio, puesto que condicionan cualquier avance político a la desarticulación o condena explícita de Hamas. Esto conduce a un estancamiento que perpetúa el conflicto y agrava la crisis humanitaria.
A ello se suma la reciente propuesta de países como Francia para aceptar a Palestina como miembro pleno en organismos internacionales presiona los intereses de Israel al desafiar su narrativa dominante y representatividad en escenarios globales.
El reconocimiento internacional de Palestina implica un mayor cuestionamiento a las políticas israelíes de ocupación y asentamientos, potenciando la legitimidad de las reivindicaciones palestinas en la arena diplomática mundial. Esta presión complejiza aún más la situación para la comunidad de estados, pues deben equilibrar sus relaciones estratégicas con Israel y responder a una demanda creciente de justicia y reconocimiento hacia Palestina.
En lo regional, América Latina, en su conjunto, ha mantenido una posición mayoritariamente crítica hacia la ofensiva israelí en Gaza, abogando por un alto al fuego inmediato y la protección de civiles, tal como reflejó el voto de la región a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU en junio de 2025.
Sin embargo, la postura de Bolivia, con una política exterior altamente reactiva y de máxima confrontación, condena lo sucedido en Gaza, pero fusiona su posición de manera indiferenciada con la Causa palestina, generando una percepción internacional de un alineamiento tácito con Hamas, lo que distorsiona el tradicional espíritu pacifista y de no violencia que históricamente ha defendido Bolivia, situándolo en una posición de aislamiento diplomático extremo.
En ese marco, al romper relaciones diplomáticas con Israel y emplear una retórica que fusiona de manera absoluta la condena a las acciones de Israel con un apoyo explícito e incondicional a la "Causa palestina".
Por tanto, corresponde al nuevo gobierno boliviano implementar una política exterior pragmática, informada y responsable. Lejos de rupturas diplomáticas simbólicas pero estériles, esta nueva mirada debe saber leer las coyunturas políticas y el derecho internacional.
Finalmente, es pertinente reflexionar que la hambruna en Gaza se ha convertido en un arma de guerra intencional que atropella el Derecho Internacional Humanitario y agrede la dignidad humana que debe ser abordada desde una perspectiva informada y contextuada por parte de los Estados de modo de emplear designios multilaterales como vehículos de diálogo bajo el paraguas del derecho a la alimentación.
La salida de este infierno exige un alto al fuego inmediato e incondicional que permita corredores humanitarios seguros y sostenidos. A tal efecto, la diplomacia pragmática debe combinar presión política con envíos masivos de alimentos, agua, medicinas y combustible mediante entidades como la FAO, el PMA y la OMS para articular respuestas integrales. Sólo así se construirán caminos de paz y diálogo capaces de salvar vidas y restablecer la esperanza en Gaza.
