El Procurador General del Estado saludó el pronunciamiento de la CIDH y ONU DDHH sobre los casos Senkata y Sacaba y ratificó su compromiso de coadyuvar con las acciones legales en ambos procesos
Brújula Digital|12|09|25|
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, saludó este viernes el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) y ratificó su compromiso de coadyuvar con las acciones legales dentro de los casos Senkata y Sacaba.
Indicó que su accionar judicial se realizará en el marco de la Constitución Política del Estado y los tratados suscritos por Bolivia, con el fin de garantizar la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, en concordancia con las recomendaciones de la CIDH y ONU Derechos Humanos.
Los casos Senkara y Sacaba fueron abiertos por las cerca de 20 muertes que hubo en noviembre de 2019, cuando grupos evistas protestaron por la renuncia de Evo Morales a la presidencia, luego de ser acusado de cometer fraude electoral en los comicios de octubre de ese año.
La expresidenta Jeanine Añez y exautoridades gubernamentales, cívicas, policiales y castrenses fueron acusadas en ambos procesos, los mismos que fueron anulados por tribunales ordinarios, para que se instaure un juicio de responsabilidades.
“Ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia), cuyas investigaciones concluyeron que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz", dijo Condori.
La autoridad resaltó que la CIDH y la ONU DDHH hayan expresado su preocupación ante las recientes decisiones de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 2019.
Condori destacó que “el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Según una nota oficial emitida desde la Procuraduría, de las recomendaciones emitidas por el GIEI, Condori remarcó la recomendación que hace referencia acerca de “la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad”.
BD/JJC
