“Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución”, informó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
Brújula Digital|27|08|25|
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, informó este miércoles que el Gobierno apeló la decisión judicial que favoreció al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari en el caso “Golpe I”.
“Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución (…). La justicia para las víctimas es una deuda pendiente del Estado”, dijo Saravia a medios de comunicación, informa ABI.
Decisiones judiciales
El martes, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz cesó la detención preventiva de Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro, y le otorgó detención domiciliaria con salida laboral. Pumari, interno en la cárcel de Cantumarca, recibió libertad pura y simple. Ambos aún enfrentan otros procesos.
El lunes, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto anuló los obrados en el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso “Senkata” y ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado. Sugirió que el proceso sea llevado mediante juicio de responsabilidades.
“Esperamos que se haya actuado de manera absolutamente objetiva al desvirtuar los riesgos procesales. Pero también debemos tener claro que hay una deuda pendiente con las víctimas, que no puede resolverse con decisiones que generan impunidad”, dijo Saravia.
Gobierno pide justicia
La ministra calificó las recientes resoluciones judiciales como “preocupantes” y reafirmó que la justicia para las víctimas de la crisis de 2019 continúa siendo una deuda del Estado.
El presidente del Estado, Luis Arce, expresó un criterio similar en sus redes sociales: “A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente. El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta”, escribió Arce.
Saravia señaló que, si bien existe separación de poderes, es responsabilidad de los órganos del Estado garantizar justicia en casos relacionados con derechos humanos.
Las últimas decisiones judiciales se emitieron después de que el viernes pasado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ordenó a los tribunales departamentales revisar los plazos procesales en los casos de Pumari, Camacho y Áñez.
Los casos
-El caso “Golpe I” se inició por una denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quien acusó a Camacho y a Pumari, entre otros, de cometer terrorismo, cohecho activo y uso indebido de bienes del Estado durante la crisis de noviembre de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales, acusado de fraude electoral.
-El caso “Senkata” se abrió en la vía ordinaria por la muerte de una decena de personas en protestas violentas del 19 de noviembre de 2019, después de la renuncia de Morales.
-En el caso “Sacaba” se acusa a Áñez por la muerte de 12 personas en esa localidad de Cochabamba durante los conflictos de 2019, cuando era presidenta. Además, 125 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre fuerzas del orden y sectores afines a Morales que protestaban contra el gobierno transitorio.
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