El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz cesó la detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, dentro del caso “Golpe de Estado I”
Brújula Digital|26|08|25|
El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz cesó la detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, a quien le otorgó detención domiciliaria con salida laboral. Respecto al exlíder cívico Marco Antonio Pumari, dictó su libertad pura y simple.
Martín Camacho, abogado del Gobernador de Santa Cruz electo, explicó que el juez ordenó la medida sustitutiva de detención domiciliaria contra Camacho, con salida laboral, el pago de una fianza, que no especificó, y la presentación mensual ante el juzgado.
Si bien este fallo ordena que dejen la cárcel los dos acusados, ambos deben esperar los fallos de otros procesos judiciales para que también cese su respectiva detención preventiva y puedan salir del penal. Camacho tiene pendiente el juicio por los 36 días de paro en Santa Cruz, cuya audiencia fue fijada para mañana, y Pumari tiene instaurado un proceso por delitos electorales en Potosí.
Esta audiencia por el caso Golpe de Estado I se llevó a cabo a raíz del Instructivo 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y firmado por su presidente Romer Saucedo, que ordenó a los tribunales departamentales revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva de Camacho y Pumari, además de la expresidenta Jeanine Añez.
La audiencia había sido instalada ayer lunes, pero esta ingresó en cuarto intermedio hasta las 08:45 de este martes. Tras su reinstalación, ingresó en otro cuarto intermedio hasta las 14:00.
Mientras se realizaba la audiencia. en el ingreso a tribunales se apostaron grupos que apoyan a Camacho y Pumari y rechazan la libertad de ambos. Estas agrupaciones protagonizaron una serie de amagues de enfrentamiento.
El caso “Golpe de Estado I” fue demandado por la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien acusó a Camacho y Pumari, entre otras personas, de haber cometido los delitos de terrorismo, cohecho activo y uso indebido de bienes del Estado durante la crisis de noviembre de 2019, a raíz de la denuncia de Evo Morales a la presidencia, acusado de haber protagonizado un fraude electoral en los comicios de octubre de ese año.
Jorge Nina, abogado de Patty, había anunciado una “batalla legal”, debido a que activaría todos los mecanismos legales para que se llegue a establecer cómo se dieron los hechos violentos de 2019.
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