Tuto propone una superintendencia de compras e indemnizar a las víctimas de la corrupción. Rodrigo plantea que en los procesos de adjudicación, los proveedores participen de forma anónima.
Brújula Digital|25|08|25|
Ivone Juárez
Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) se disputarán este 19 de octubre el voto boliviano en una segunda vuelta electoral. Los candidatos han presentado sus planes de gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral y en ellos plantean propuestas para problemas estructurales por los que atraviesa Bolivia, como la corrupción en la administración del Estado.
Ambos candidatos coincidente en que la digitalización del Estado es la primera puerta a abrir para transitar a una administración pública transparente. Mencionan tecnologías como el blockchain para que las compras del Estado puedan ser fiscalizadas por los ciudadanos y periodistas. De la misma forma, consideran fundamental empoderar y capacitar a la población sobre su derecho y obligación a fiscalizar la administracíón de la cosa pública.
También consideran esencial el fortalecimiento de la Contraloría para que ejerza su función fiscalizadora y punitiva.
Mientras que por su lado, Tuto Quiroga propone una indemnización para las víctimas de la corrupción; Rodrigo Paz plantea que los empleados públicos firmen declaraciones juradas o compromisos ciudadanos para reducir su "poder y capacidad de cometer actos irregulares".
En el marco del derecho al voto informado, a continuación Brújula Digital presenta las propuestas de los candidatos que fueron tomados de la página web del TSE y de las entrevistas que ofrecieron a los diferentes medios de comunicación.
Tuto Quiroga
En el plan de Gobierno de Tuto Quiroga la premisa “cero tolerancia a la corrupción” es un tema transversal para el fortalecimiento de la democracia, la justicia y la seguridad en Bolivia. Para enfrentar ese problema propone empoderar al ciudadano sobre sus derechos a la transparencia institucional y la rendición de cuentas.
Para lograr ese objetivo plantea fortalecer la Ley de procedimientos administrativos, que reconoce los derechos de los ciudadanos frente a las entidades administrativas para procesar a los servidores públicos en caso de casos de corrupción.
Como segundo paso propone la creación de una superintendencias de compras con la participación de la sociedad civil para fiscalizar los procesos de adjudicación en la administración pública.
En esa línea asegura que potenciará el control ciudadano para la transparencia y la rendición de cuentas a través de “comunidades informativas” para fiscalizar y contrarrestar la desinformación y manipulación de datos.
De la misma forma, Tuto plantea la indemnización pública para las víctimas de la corrupción y el fortalecimiento de la Contraloría del Estado con la incorporación de tecnología y de “las mejores prácticas internacionales”.
Rodrigo Paz
“La corrupción en Bolivia se manifiesta en sobornos, nepotismo, malversación, debilidad institucional, impunidad, burocracia excesiva, falta de ética y deficiente protección a denunciantes”, se lee en el plan de gobierno de Rodrigo Paz.
Así, plantea la institucionalización y modernización del sector público, con la implementación de un nuevo sistema de administración y controles gubernamentales que cuenten con un sistema digital de asignación de compras públicas transparente, descentralizado y accesible.
El objetivo es –se lee en la propuesta– que cada proveedor de bienes y servicios demandado por el Estado, en todos los niveles de gobierno, compita de manera anónima y equitativa en todos los procesos de contratación.
Al mismo tiempo propone la aplicación de tecnologías blockchain en los procesos de contratación pública y el uso de contratos inteligentes, para eliminar la discrecionalidad en todos los procesos de compra pública.
Plantea la aplicación de la declaración jurada y del “compromiso ciudadano” para hacer más eficiente la gestión pública, y así reducir “el poder y la capacidad” de los funcionarios públicos para cometer actos irregulares.
La corrupción
Una de los grandes cuestionamientos a los 20 años de gobierno de MAS es la cantidad y magnitud de los casos de corrupción e irregularidades que fueron denunciados incluso desde el interior del partido. Este contexto ha llevado que Bolivia sea ubicada los primeros lugares de los países con más corrupción.
En julio se conoció el informe del Índice de Estado de Derecho del World Justicie Project (WJP) 2024, en el que el país se encuentra en el segundo lugar de la lista de los países más corruptos del mundo, una especie de “subcampeón de la corrupción”. En 2004, en el Índice de corrupción que elabora Transparencia Internacional, Bolivia obtuvo 28 puntos sobre 100, la peor calificación en los últimos 12 años. Esto lo ubica sólo por encima de Venezuela, Haiti y Nicaragua.
BD/IJ
