Tuto tiene la oportunidad histórica de demostrar un gesto de grandeza política y de responsabilidad democrática. Renunciar a competir en la segunda vuelta, ante una voluntad ciudadana ya expresada de forma contundente, aceleraría la transición política.
Brújula Digital|20|08|25|
Hugo San Martín
Entre el mito democrático y la realidad institucional
En el año 2009, la reforma constitucional impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS) introdujo en Bolivia la segunda vuelta electoral para la elección presidencial. Esta reforma, presentada como una mejora institucional, dejó de lado una tradición boliviana que –si bien imperfecta– favorecía a una lógica parlamentaria más próxima al equilibrio de poderes. Hoy, en un contexto de severa crisis política, económica y de representación, urge revisar críticamente los fundamentos y efectos de este mecanismo.
La falsa promesa de la legitimidad mayoritaria
Uno de los principales mitos que justifica la segunda vuelta electoral es el que otorga al Presidente electo una legitimidad reforzada al asegurarle la mayoría absoluta de los votos. Sin embargo, esta es una legitimidad de origen puramente aritmética, frecuentemente artificial e inestable.
La historia latinoamericana demuestra que presidentes elegidos en segunda vuelta suelen enfrentarse a parlamentos fragmentados, sin capacidad de gobernabilidad real. En el supuesto caso de que Tuto Quiroga ganara las elecciones de segunda vuelta tendría una representación parlamentaria minoritaria.
El caso boliviano es ilustrativo: el sistema de partidos está profundamente debilitado, las lealtades políticas son volátiles y los alineamientos ideológicos poco sólidos. En este contexto, el balotaje no fortalece a la democracia; la distorsiona.
Otro de los argumentos esgrimidos por el masismo para justificar la incorporación de la segunda vuelta fue la necesidad de superar lo que denominaron "democracia pactada". Desde esa visión, los acuerdos parlamentarios eran presentados como prácticas espurias, propias de una vieja política que debía ser erradicada. Se proclamó, con retórica triunfalista, el fin de esa democracia, sin comprender –o sin aceptar– que la esencia misma de la democracia radica en la capacidad de acordar con el otro, incluso con el adversario político.
La negativa a construir consensos fue reemplazada por una lógica binaria y confrontacional, en la que el adversario no era visto como interlocutor legítimo, sino como un enemigo a destruir o eliminar. Este enfoque redujo la política a una lucha por el poder sin mediaciones, debilitando los mecanismos de deliberación, compromiso y representación que sostienen cualquier régimen democrático pluralista.
Un mecanismo costoso, polarizante e innecesario
La segunda vuelta implica una prolongación del conflicto electoral en momentos en el que el país necesita certezas. La elección en primera vuelta, estuvo marcada por una intensa “guerra sucia” o “campañas negativas”, dirigida principalmente contra los candidatos que, a su turno, encabezaron las encuestas: primero Manfred Reyes Villa y luego Samuel Doria Medina. Ambos sufrieron ataques sistemáticos, principalmente con la acusación de tener presuntos vínculos con el MAS, esto en un intento de erosionar su credibilidad ante el electorado. Persistir en esas prácticas durante los próximos dos meses de campaña no solo agravará el descrédito del debate público, sino que debilitará a las fuerzas opositoras y liderazgos que ya han triunfado en las urnas.
Lo que produce la segunda vuelta es una "mayoría negativa": se vota contra alguien, no a favor de alguien. La polarización se exacerba y el pluralismo se reduce.
Además, en sociedades con recursos públicos limitados, la duplicación de campañas incrementa los costos económicos y la fatiga electoral.
De la legitimidad a la gobernabilidad
Siguiendo el marco conceptual de Arend Lijphart, podríamos distinguir entre presidencialismo de mayoría (más adversarial, propio de democracias de tipo anglosajón) y presidencialismo de consenso (más pluralista, como en democracias europeas). Bolivia, con su diversidad étnica, institucionalidad frágil y alta conflictividad social, encajaría mejor en un modelo de consenso. La segunda vuelta, sin embargo, refuerza el presidencialismo de mayoría, generando una ilusión de concentración de poder desconectada del tejido parlamentario.
La gobernabilidad, en este esquema, se ve afectada negativamente; la rigidez del sistema presidencialista con pretensiones plebiscitarias puede derivar en rupturas del orden democrático o crisis de representación.
La elección del 2025: un mandato ciudadano claro
La elección presidencial de 2025 ha enviado un mensaje inequívoco: el país quiere un nuevo liderazgo. Rodrigo Paz, primero en la primera vuelta, representa una síntesis de renovación democrática, moderación y capacidad de articulación.
La posibilidad de una segunda vuelta se enfrenta a dos realidades que pueden ser contrarias al claro triunfo opositor:
1. Un creciente voto nulo o blanco, que puede deslegitimar el proceso.
2. Una prolongación del vacío de poder, alimentando la polarización y exacerbando la ya insostenible crisis económica.
Una propuesta sensata: renunciar a la segunda vuelta
Tuto tiene la oportunidad histórica de demostrar un gesto de grandeza política y de responsabilidad democrática. Renunciar a competir en la segunda vuelta, ante una voluntad ciudadana ya expresada de forma contundente, aceleraría la transición política; evitaría una crisis de legitimidad innecesaria y permitiría la posesión inmediata de un nuevo presidente con capacidad de acción.
No se trata de vulnerar la legalidad, sino de ejercer una decisión política legítima que priorice el interés del país. En un escenario de emergencia institucional, el respeto a la voluntad ciudadana debe primar por sobre los formalismos electorales y reglas del juego impuestas en 2009 con visiones de país que desvirtúan el espíritu democrático.
Hugo San Martin Arzabe es abogado constitucionalista, master en ciencias políticas y master en estudios estratégicos y seguridad internacional.
