Brújula Digital presenta una nueva entrega del Plan Bicentenario de la Fundación Milenio 2025, una propuesta integral para enfrentar la crisis económica, social y política de Bolivia, con motivo de los 200 años de su independencia.
Brújula Digital|11|08|25|
Fundación Milenio
Bolivia es uno de los 20 países megadiversos del mundo, que alberga una enorme cantidad de especies de mamíferos, plantas vasculares, aves, reptiles y otros que forman parte del patrimonio natural y cultural. Tiene, por tanto, una responsabilidad compartida con otros países en la protección de este patrimonio. No obstante, se observa un rápido deterioro del patrimonio biogenético boliviano, junto con una continua degradación de sus ecosistemas naturales.
Además del cambio climáticos, los factores que más inciden son la deforestación, los incendios descontrolados, la degradación de suelos, el tráfico ilegal de especies y la caza furtiva, la expansión de la mancha urbana, las invasiones de propiedades agrarias y tierras comunitarias. El Estado carece de capacidad efectiva para proteger la biodiversidad y las áreas protegidas, para cumplir y hacer cumplir las leyes.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) está construido por 23 áreas nacionales y otras 132 departamentales y municipales, abarcando en conjunto una superficie de 346.565 km2 (el 29% del territorio boliviano). Desgraciadamente, la mayoría de estas áreas muestra fragilidad y afronta varias amenazas. avasallamientos con fines agrícolas, mineros, caza y pesca furtiva, contaminación, obras mayores de infraestructura, etcetera.
La entidad encargada de su protección, el Sernap, tiene un presupuesto exiguo, está politizado y desprovisto de personal calificado, equipamiento y recursos técnicos para poder realizar labores de vigilancia y monitoreo. La consecuencia de esta suma de debilidades es la situación de abandono de las áreas protegidas y parques naturales, que es el caldo de cultivo de la emergencia climática y ambiental que se vive en Bolivia.
¿Qué hacer frente a esta inquietante situación? Desde luego, es imperativo fortalecer la gestión de las áreas protegidas y la biodiversidad. Necesitamos una política nacional de áreas protegidas enlazada con la política forestal, y con medidas y acciones que se interrelacionen y complementen.
Información, monitoreo y evaluación.
La gestión de las áreas protegidas (nacionales, departamentales y municipales) requiere apoyarse en una base de información actualizada y en instrumentos técnicos modernos. En ese sentido, no hay duda de que el sistema nacional ambiental, esbozado arriba, con funciones de información hidrológica, meteorológica y ambiental y de producción de conocimientos, sería la gran herramienta de una gestión eficiente de las áreas protegidas y la biodiversidad. Gracias a este sistema, el Sernap podrá contar con información oportuna y consistente para efectuar el monitorio de las áreas bajo su cuidado, evaluar los recursos naturales, emitir alertas tempranas, realizar estudios científicos sobre la biodiversidad y planes de negocios que pongan en valor estos recursos.
Reingeniería institucional.
Un sistema de protección de áreas protegidas y biodiversidad requiere, asimismo, de una institucionalidad revitalizada y eficiente. El actual SERNAP no cumple estos requisitos. Es preciso contemplar una renovada entidad con amplia autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera; despolitizada y confiable para coordinar con los gobiernos subnacionales, suscribir convenios de cooperación, gestionar recursos internacionales, financiamientos verdes, fondos fiduciarios, etc.; con estabilidad funcionaria y con programas de mediano y largo plazo, asociados a proyectos turísticos de gran atractivo nacional e internacional. Porque no hay duda de que la mejor oportunidad para la sostenibilidad de las áreas protegidas está en que se conviertan en lugares privilegiados de ecoturismo, turismo cultural y de aventura, como lo demuestra la experiencia emblemática de Costa Rica.
Gestión de los sitios RAMSAR (humedales).
También es necesario garantizar la disponibilidad de agua en los ecosistemas naturales y la vida silvestre que albergan. Especial atención deben recibir los recursos hidrobiológicos altoandinos por su vulnerabilidad ante el cambio climático. Esto no es posible sin un programa de estudios científicos que arrojen información objetiva y útil.
Un modelo agropecuario sostenible
Bolivia puede proyectarse como un gran productor y exportador de alimentos para el mundo y la región. Condiciones tiene para ello, especialmente en las tierras bajas del oriente. suelos fértiles, un sector agropecuario pujante y con vocación exportadora, un tejido productivo robusto, que integra la producción primaria con la transformación industrial, capacidades empresariales, innovaciones tecnológicas. Pero los problemas de los sistemas agropecuarios no son menores. degradación de suelos y erosión genética, infraestructura de riego limitada, expansión de la frontera agrícola a costa de desbosques masivos, contaminación de cursos de agua, alteración de los ciclos hidrológicos y otras cuestiones que representan desafíos significativos para la sostenibilidad de los cultivos y la consolidación de una agricultura eficiente, con prácticas productivas resilientes y bajas en emisiones y con impactos positivos en el desarrollo de las zonas rurales del país.
En ese sentido, el reto de productividad que tiene la agricultura boliviana, para ponerse al nivel de los rendimientos agrícolas de otros países productores de alimentos en Latinoamérica, no solo es la política correcta para reducir el ritmo de la expansión de la frontera agrícola; es también perfectamente compatible con el objetivo de la sostenibilidad ambiental. Esta conjunción de objetivos productivos y ambientales requiere de una estrategia de transformación del sector agropecuario hacia un modelo sostenible, resiliente y regenerativo, articulado en cadenas de valor, y con una mayor capacidad competitiva en los mercados internacionales. Algunas medidas de esta estrategia son.
Innovación y tecnología agropecuaria.
Para lograr un mejor manejo de suelos y cultivos, es imprescindible la transferencia y desarrollo tecnológico; promover y facilitar el uso de la biotecnología, tal como los hacen los países con más altos niveles de producción y productividad. Asimismo, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, como el cero laboreo, cortinas rompevientos, incorporación de materia orgánica, manejo integral de plagas, bancos de las semillas nativas y otras prácticas propias de una agricultura ambientalmente inteligente.
Programa nacional de riego.
Es necesario incrementar las áreas bajo riego en todo el territorio nacional, y especialmente en los valles y zonas altiplánicas, con la meta puesta en lograr una tasa de 30.000 ha por año, totalizando 150.000 ha en 5 años, lo que podría requerir una inversión total estimada de USD 850 millones. La frecuencia mayor de períodos de sequía obliga a mejorar la disponibilidad de agua, para asegurar la producción continua de alimentos, y lo mismo de variedades de cultivos adaptadas a períodos de sequía (como el Trigo).
Estos objetivos tendrían que orientar el fortalecimiento del Programa nacional de riego (PRONAR), incluyendo la redefinición del marco legal y las políticas de riego (nacionales, departamental y municipales), además de los presupuestos inversión pública y privada. Un esfuerzo prioritario debe estar puesto en lograr eficiencia el uso de los recursos hídricos, promoviendo los sistemas de riego por goteo, y evitando el desperdicio del agua en la agricultura que ocurre en muchos sistemas de riego (35%de eficiencia de uso de agua). Además de la instalación de sistemas de riego tecnificado, el PRONAR deberá contar con un subprograma de manejo hídrico con enfoque de cuencas, lo cual implica, también, hacer cosecha de agua de lluvias y desarrollar prácticas de escorrentía para retener y almacenar el agua.
Respetar los PLUS.
Encuadrar las actividades agropecuarias a los planes departamentales de uso del suelo y respetando la capacidad de uso mayor de la tierra. Expansión de los sistemas agroforestales y la piscicultura en los diversos ecosistemas existentes en Bolivia.
Recuperación de suelos degradados.
La producción agroalimentaria se beneficiará enormemente con programas robustos de recuperación de suelos y su reincorporación a la matriz productiva. En las tierras bajas, en el área integrada, se tienen al menos 500.000 ha de tierras degradadas, pero que cuentan con infraestructura caminera, electrificación y otros servicios; también en los yungas, valles y altiplano existen cantidades relevantes de tierras degradadas. La mayor parte de estas tierras son recuperables con buenas prácticas y manejo de suelos.
Fortalecimiento de la institucionalidad agraria
Urge una revisión a fondo de la gran cantidad de agencias vinculadas a la actividad agropecuaria, con superposición de funciones, bajo presupuesto, mal equipadas, alta rotación de cargos, exceso de personal, carencia de cuadros técnicos calificados, deficiencia gerencial y clientelismo político. El sector agropecuario ganará, sin duda, con una estructura de asistencia técnica más reducida pero eficiente, con menos burocracia, mayor descentralización de competencias a los gobiernos departamentales y municipales, un papel más activo y fortalecido del sector privado.
Erradicación del mercurio en la minería
El mayor problema ambiental en la minería es sin duda el uso de mercurio, que causa estragos en el medio ambiente, la biodiversidad y la salud pública. Las áreas con más afectación por la contaminación de ríos y cursos de agua son las regiones del norte de La Paz, y los departamentos de Beni y Pando. Otros problemas severos son la erosión y derrumbes de las riberas/barrancos de los ríos por el dragado de los lodos con partículas de oro; el empleo de maquinaria pesada en zonas boscosas de alta biodiversidad (como el parque Madidi); la intensa deforestación de bosques naturales; las inundaciones en localidades próximas a las zonas auríferas. También hay que referir el vertimiento de aceites minerales de las dragas/balsas a los cuerpos de agua, que afecta la vida acuática, y la disposición inadecuada de la basura/chatarra en los campamentos mineros (plásticos, latas, piezas de maquinaria y otros no degradables).
Plan de Acción Nacional
Bolivia es signataria del Convenio Internación de Minamata, promovido por Naciones Unidas, y que compromete a los estados, entre otras cosas, a controlar y monitorear el comercio interno y externo de mercurio (trazabilidad). En cumplimiento de este convenio, el Estado boliviano debe adoptar medidas para reducir y/o eliminar su uso en actividades mineras y las liberaciones de mercurio en el medio ambiente. Sin embargo, y a pesar de la ratificación congresal de este convenio en 2013, Bolivia no ha puesto en marcha el Plan de Acción Nacional, para la erradicación del mercurio. Esta grave omisión debe ser subsanada prontamente.
Tecnologías sustitutivas del mercurio
En el marco de un plan nacional, es urgente promover el uso de tecnologías alternativas de separación de oro, más amigables con el medio ambiente, y que permitirían minimizar la cantidad de mercurio empleado y también verter menos residuos de este metal pesado al ambiente. Por ejemplo, se tiene como referencia el procedimiento de concentración gravimétrica centrifuga, utilizada en la minería para recuperar oro. Esta tecnología se basa en aprovechar la diferencia de densidades entre los minerales, donde los minerales más densos (como el oro) se separan de los menos densos (como la ganga) debido a la fuerza centrífuga generada por la rotación rápida de un recipiente. Para aplicar este proceso se requiere concentradores centrífugos comunes, que tienen la ventaja de elevada concentración, son compactos, altos ratios de enriquecimiento y seguridad contra robos.
Una experiencia promisoria en la reducción del uso de mercurio en la minería de oro artesanal es el Proyecto Planet Gold Bolivia, ejecutado por las fundaciones PROFIN, Medmin y Cumbre de Sajama, con financiamiento de GEF/ONUDI, que provee créditos para la compra tecnologías de procesamiento sin mercurio, además de brindar asistencia técnica, promover la transferencia de tecnología, apoyar la formalización, sensibilización y difusión de lecciones aprendidas en el sector minero de pequeña escala. Este proyecto se ejecuta en los distritos mineros en Santa Cruz (San Ramón), La Paz (Pelechuco – Suches, Larecaja Tropical e Illimani).
Soberanía territorial.
El Estado debe recuperar autoridad efectiva en las regiones de producción aurífera, cada vez más sometidas a la influencia y el poder de grupos y organizaciones ilegales cuyas acciones delictivas desafían la soberanía y seguridad nacional. Si el Estado no es capaz de ejercer su poder, difícilmente se podrá poner coto a las actividades de dragado de barrancos, deforestación, acumulación de residuos sólidos, vertimiento de aceites minerales, construcción de caminos vecinales ilegales y otros daños ambientales.
Texto tomado del Plan Bicentenario, Fundación Milenio. Autores: Henry Oporto (coordinador), Alan Bojanic, Manuel Contreras, Rubén Ferrufino y Luis Carlos Jemio; colaboraciones de Armando Álvarez, Gerardo Garrett, María Machicado, Fernando Lavadenz, Julio Linares, Mauricio Medinaceli.
