Bolivia debe preguntarse si este paso fue el correcto y si es posible aún corregir el rumbo. Ha ingresado a un bloque estancado, sin una estrategia clara, con un saldo comercial permanentemente negativo y vulnerando su propia Constitución.
Brújula Digital|11|08|25
Ana María Solares
La crisis multidimensional que vive Bolivia centra el foco de las propuestas electorales en superar las urgencias coyunturales y sus causas estructurales. En este contexto, la política exterior boliviana –más allá de los discursos de campaña sobre “reinsertarse en el mundo”, “romper el aislamiento”, “recomponer relaciones” o “diversificar los socios geopolíticos”– debe ponerse en valor como herramienta de desarrollo.
En especial, la diplomacia económica –intersección entre la política exterior y la economía– gana protagonismo como una herramienta clave para atraer inversiones, abrir mercados, fomentar el turismo y tener más fluidez en las relaciones con organismos multilaterales, prioridades en las que –en el papel comparten la mayoría de los programas propuestos.
En ese marco, Bolivia debe tomar definiciones y acciones urgentes sobre ciertos temas concretos: su vinculación con los proyectos de interconexión bioceánica, su relación con los BRICS y su reciente adhesión plena al Mercosur, cuestión que analizamos a continuación
Aunque ausente en el debate público, Bolivia ya es formalmente un miembro pleno del Mercosur desde 2024. Sin embargo, esta incorporación se dio sin una estrategia clara ni una evaluación técnica; si no, más bien, como resultado de una alineación política con los gobiernos de Brasil y, especialmente de Venezuela que, en 2012, cuando Bolivia suscribió el Protocolo de Adhesión, este país acababa de incorporarse al bloque.
Ahora lo hace en un momento en que el Mercosur arrastra un estancamiento crónico y una limitada efectividad integradora, con tensiones ideológicas entre los que ejercen el verdadero liderazgo: Argentina y Brasil.
La historia no empezó ayer. Bolivia mostró interés en el Mercosur desde su fundación; sin embargo, su pertenencia a la Comunidad Andina limitó su vinculación en los años iniciales. En 1997 suscribió el Acuerdo de Complementación Económica N 36 (ACE 36, según la nomenclatura de la Aladi), que les otorgó un acceso a los mercados del bloque sin aranceles; es decir, Bolivia ya exportaba libremente al Mercosur sin ser miembro pleno, lo que invalida el argumento que la adhesión plena era necesaria para abrir mercados.
Además del acceso comercial, el ACE 36 otorgó a Bolivia el estatus de asociado, lo que le permitió –paralelamente a Chile– participar plenamente en otras dimensiones de la integración, como la política, social o educativa del bloque. De esta manera suscribió instrumentos relevantes como el Protocolo de Ushuaia – Compromiso Democrático; Derechos Humanos: Proclamación de Río de Janeiro; y Declaración de Zona de Paz.
Entonces, ¿por qué convertirse en socio pleno? La firma del Protocolo de Adhesión en 2012 respondió más a afinidades ideológicas que razones económicas o políticas. Y cuando finalmente se ratificó, en 2024, se lo hizo sin cumplir con el mandato constitucional de someter a referendo la participación del país en un proceso de integración estructural, como exige el Artículo 257 de la Constitución Política del Estado. Fue un gesto político, carente tanto de estrategia como de legitimidad democrática.
Hoy, Bolivia debe incorporar más de 4.000 normas del Mercosur –algunas no compatibles con las del proceso de integración andino– y adecuar su sistema arancelario a la unión aduanera del bloque, lo que afectaría tanto a consumidores como a importadores.
Adoptar el arancel externo común del Mercosur implicará encarecer los precios de productos provenientes de países como China o Estados Unidos, en beneficio de industrias brasileras o argentinas. Y todo eso sin que existan garantías para equilibrar el intercambio que acumula importantes déficits crónicos, si se excluye a los hidrocarburos.
Las exportaciones de Bolivia siguen concentradas en gas, cuyas condiciones de venta se rigen por acuerdos bilaterales no por el Mercosur y que también van decreciendo.
La paradoja es clara. Como Estado asociado, Bolivia tenía apertura comercial y participaba políticamente en el bloque. Con la adhesión plena pierde autonomía, sin ganar beneficios sustanciales a cambio.
No se trata de rechazar la integración, sino de hacerlo con sensatez. Bolivia necesita socios y mercados, sí. En tal perspectiva, la integración no puede ser un acto simbólico ni ideológico, debe constituir una apuesta concreta por intereses reales del país.
Hoy, más que nunca, Bolivia debe preguntarse si este paso fue el correcto y si es posible aún corregir el rumbo. Ha ingresado a un bloque estancado, sin una estrategia clara, con un saldo comercial permanentemente negativo y vulnerando su propia Constitución.
Integrarse sin estrategia, al calor coyuntural de una coincidencia ideológica es disfrazar de integración una pérdida de soberanía. Sin tener claro el propósito la integración se vuelve una entrega sin beneficios.
Ana María Solares es docente universitaria y fue diplomática.
