Brújula Digital presenta una nueva entrega del Plan Bicentenario de la Fundación Milenio 2025, una propuesta integral para enfrentar la crisis económica, social y política de Bolivia, con motivo de los 200 años de su independencia.
Brújula Digital|31|07|25|
Fundación Milenio
Bolivia enfrenta un grave desafío en materia de violencia basada en género (VBG), reflejo de una cultura patriarcal que afecta significativamente a mujeres, niñas y adolescentes. En 2016, casi tres de cada cuatro mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia por parte de sus parejas. Además, en 2020 el país presentó la sexta tasa más alta de feminicidios en América Latina y el Caribe, con 107 casos reportados solo en 2021. También, cuatro de cada diez mujeres han experimentado violencia sexual a lo largo de su vida, una situación que se agrava en comunidades indígenas, rurales y entre personas con discapacidad, donde el acceso a servicios de protección y justicia es limitado.
Paralelamente, el matrimonio infantil y las uniones tempranas siguen siendo prácticas nocivas, profundamente arraigadas en normas sociales y económicas. En 2021 se registraron 10.667 casos de niñas casadas antes de los 18 años, y más del 77% de estas uniones se formalizaron legalmente con un adulto. A pesar de la existencia de leyes que prohíben estas uniones sin consentimiento parental, las dinámicas culturales y económicas continúan perpetuando la vulnerabilidad y limitando el pleno ejercicio de los derechos de niñas y adolescentes.
1. Problemas estructurales
• Cultura patriarcal e impunidad. La alta prevalencia de VBG se sustenta en valores y normas que justifican la subordinación de las mujeres, agravada por la complicidad e ineficacia del sistema de justicia para sancionar a los agresores.
• Matrimonio infantil y uniones tempranas Estas prácticas, especialmente en zonas rurales y con bajos niveles educativos, perpetúan la desigualdad, ya que exponen a las niñas a mayores riesgos de violencia, deserción escolar y pobreza.
• Violencia sexual contra niñas y adolescentes. En el 2024, se registraron un total de 2,696 casos de violaciones y 805 casos de abuso sexual. Mientras el código penal, reduce la violencia sexual contra menores entre 14 y 18 años, a estupro, la mayor parte de estos casos quedan sin seguimiento y en la impunidad.
• Insuficiencia de servicios de atención y protección. A pesar de los avances normativos, el presupuesto destinado a la prevención y atención sigue siendo limitado, especialmente en áreas rurales y periurbanas.
• Autonomía económica. La falta de oportunidades económicas para las mujeres y las crisis financieras agravan el control que ejercen los agresores sobre los recursos de las mujeres y dificultan su independencia, lo que perpetúa la dependencia y la vulnerabilidad.
2. Hacia un sistema de prevención y protección integral
Para superar estas falencias es necesario avanzar hacia un modelo integral que combine la prevención, la atención, la protección y la restitución de derechos en casos de violencia contra las mujeres y niñas y niños. El objetivo es articular de manera eficiente a las instituciones responsables (gobiernos municipales, ministerios de Justicia, Educación y Salud, Policía, Fiscalía y Defensorías de los municipios) y a la sociedad civil organizada, garantizando un acompañamiento oportuno y especializado en cada etapa. Esta estrategia integral e intersectorial debe contemplar la dotación de servicios unificados que incluyan atención legal, psicológica y médica, así como espacios de acogida transitoria para mujeres y niñas en situación de riesgo. Asimismo, es crucial promover políticas que reconozcan y aborden la dependencia económica, ampliando las oportunidades laborales y el acceso a recursos financieros para las mujeres.
3. Para erradicar la violencia de género
Conscientes de la gran complejidad y urgencia del problema, proponemos siete líneas de acción prioritarias.
a) Fortalecimiento de la ruta crítica con un enfoque integral.
• Ruta crítica. Se trata de un proceso continuo en el que las mujeres afectadas por violencia de genero van tomando decisiones en cada etapa de la atención y respuesta, mientras se van buscando soluciones, al tiempo que enfrentan distintas respuestas de su entorno.
• Al reconstruir esta “ruta crítica del ciclo de la violencia”, se aclara la lógica que guía cada decisión y paso de las mujeres afectadas, así como los factores que las influyen. Esto ayuda a comprender la violencia de género como un proceso complejo de acciones y reacciones, donde tanto la iniciativa de las sobrevivientes como las respuestas de su entorno resultan decisivas.
• Creación de un Órgano Rector. Para definir políticas, dar seguimiento y gestionar la coordinación interinstitucional (entre el gobierno central, descentralizado (gobernaciones y municipios) y entre poderes (judicial y ministerio público). Además, fortalecer las capacidades de las unidades implementadoras y certificar la calidad de los servicios.
• Unidades de atención integral especializadas. Implementar centros donde las sobrevivientes reciban atención médica, contención emocional y asesoría legal, todos ubicados en un mismo espacio.
• Integración de sistemas locales de protección. Coordinar Servicios Legales Integrales (SLIM), Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, y albergues transitorios en las zonas con mayor incidencia de feminicidios.
b) Medición y monitoreo
• Establecer un Observatorio Público-Privado de Violencia de Género. Jerarquizar y transparentar la información de casos reportados, tasas de feminicidios, violencia sexual, económica y matrimonial infantil.
c) Erradicación del matrimonio infantil y uniones tempranas
• Reforma legal y aplicación efectiva. Eliminar disposiciones que permitan excepciones para el matrimonio antes de los 18 años, incluyendo la figura de estupro.
• Acciones comunitarias. Promover campañas de prevención y diálogo en áreas rurales, involucrando a líderes locales y organizaciones comunitarias.
d) Fomentar la autonomía económica en la agenda pública
• Programas de empleo, servicios de cuidado y transferencias monetarias focalizados. Canalizar los beneficios directamente a las mujeres, con cláusulas de protección ante la VBG para asegurar el control de sus ingresos.
• Capacitación laboral y emprendedurismo. Crear “ventanillas para mujeres”, en todas las entidades financieras, que faciliten el acceso a formación, capital semilla y oportunidades de emprendimiento, reduciendo la dependencia financiera.
e) Políticas intersectoriales de prevención
• Educación y salud escolar. Incluir contenidos de prevención de la violencia, educación sexual integral y equidad de género en la formación docente y en el currículo de todos los niveles educativos.
• Atención médica especializada y confidencial
• Policía Fuerza especial de lucha contra la violencia
• Fiscalía y juzgados especializados
f) Fortalecimiento de la justicia y lucha contra la impunidad
• Capacitación a operadores de justicia. Garantizar que jueces, fiscales, policías y funcionarios legales manejen protocolos claros y sancionen los delitos con celeridad.
• Acompañamiento y seguimiento a víctimas y familias de feminicidios. Asignar recursos para asegurar acompañamiento a mujeres y que se cumplan las medidas de protección dictadas por los tribunales y se dicten sentencias.
• Delegada presidencial contra el feminicidio. responsable del seguimiento a feminicidios en las etapas de investigación y proceso legal asegurando que no queden en la impunidad.
g) Acciones a mediano y largo plazo en las zonas periurbanas y rurales
• Centros integrales de atención. Priorizar la construcción y equipamiento de instalaciones en áreas con altos índices de violencia, que incluyan guarderías, apoyo psicológico, formación laboral y líneas de crédito para mujeres.
• Alianzas con organizaciones locales. Reforzar la colaboración con colectivos y redes de mujeres, que aportan conocimiento del contexto, garantizan sostenibilidad a las intervenciones y brindando servicios como ser albergues.
4. Una sociedad libre de violencia de género
Bolivia enfrenta el desafío de establecer mecanismos permanentes para prevenir, atender y sancionar la violencia basada en género. Esto requiere un compromiso multisectorial, la asignación de recursos adecuados y la actualización de los marcos normativos, especialmente en lo que respecta a la violencia sexual en jóvenes de 14 a 18 años y al matrimonio infantil, protegiendo a las mujeres desde la niñez hasta la adolescencia.
La erradicación de la VBG demanda, ante todo, una transformación cultural que fomente la igualdad de género y la protección de los derechos de niñas y adolescentes, para construir una sociedad en la que las generaciones presentes y futuras vivan libres de miedo y de toda forma de discriminación.
Texto tomado del Plan Bicentenario, Fundación Milenio. Autores: Henry Oporto (coordinador), Alan Bojanic, Manuel Contreras, Rubén Ferrufino y Luis Carlos Jemio; colaboraciones de Armando Álvarez, Gerardo Garrett, María Machicado, Fernando Lavadenz, Julio Linares, Mauricio Medinaceli.
