En un pronunciamiento conjunto, organizaciones de la prensa calificaron el hecho como una “clara vulneración al derecho a la libertad de expresión”, consagrado en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales de derechos humanos.
Brújula Digital|30|07|25|
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) expresaron su alarma por la aprehensión del ciudadano Juan Carlos Villafuerte, acusado por la ASFI del supuesto delito de difusión de información falsa, a raíz de opiniones que emitió sobre la escasez de dólares y una posible devaluación del boliviano.
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones calificaron el hecho como una “clara vulneración al derecho a la libertad de expresión”, consagrado en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales de derechos humanos.
Las dos asociaciones se suman a decenas de otras voces que exigen la liberación del joven tiktoker.
Las entidades denunciaron el uso del aparato estatal para criminalizar opiniones difundidas en redes sociales, especialmente cuando se trata de contenidos críticos sobre temas de interés público como la situación económica del país. En ese sentido, señalaron que distintos expertos y analistas han manifestado argumentos similares a los de Villafuerte, quien publica contenido en la plataforma TikTok.
Afirmaron que este tipo de acciones sientan “un precedente peligroso para el ejercicio de las libertades democráticas” y constituyen “una señal de amedrentamiento contra la ciudadanía y los creadores de contenido digital”.
Ambas entidades demandaron que se investiguen las irregularidades denunciadas por la defensa de Villafuerte, entre ellas su aprehensión sin citación previa y el intento de traslado forzoso a la ciudad de La Paz, hechos que –según el comunicado– vulneran el debido proceso.
Asimismo, expresaron su preocupación por denuncias de presiones políticas adicionales contra Villafuerte, relacionadas con sus críticas a autoridades locales.
Las entidades periodísticas recordaron que el derecho a la libertad de expresión incluye el de opinar, investigar y difundir información sin censura previa ni represalias. “Penalizar la expresión de percepciones sobre hechos que son de dominio público no solo es inaceptable, sino que debilita los fundamentos democráticos del país”, afirmaron.
BD/RPU
