Brújula Digital presenta una nueva entrega del Plan Bicentenario de la Fundación Milenio 2025, una propuesta integral para enfrentar la crisis económica, social y política de Bolivia, con motivo de los 200 años de su independencia.
Brújula Digital|28|07|25|
Fundación Milenio
Bolivia cuenta con diversos mecanismos de protección social que buscan brindar seguridad y apoyo a las personas más vulnerables. A través de herramientas como el seguro social, la asistencia social y los programas de inclusión económica, estos sistemas permiten la inversión en salud, educación y seguridad alimentaria, así como la inclusión económica de las mujeres. También ofrecen un respaldo a la población de edad avanzada, evitando que grupos numerosos queden desprotegidos.
Según el Banco Mundial, cuando tales programas están bien diseñados, pueden representar apenas el 1,5 % del PIB y, aun así, tener un impacto positivo en la productividad y el bienestar de los hogares.
A pesar de su relevancia, la realidad dista de ser ideal. La alta informalidad laboral limita la capacidad de generar aportes suficientes para la jubilación, y las transferencias universales, como la Renta Dignidad y los bonos sociales, enfrentan problemas de sostenibilidad financiera y cobertura.
Así, la protección social se ve amenazada por la desaceleración económica y por marcos legales desactualizados que restringen la posibilidad de innovar en la captación de fondos.
El desafío, entonces, es fortalecer un sistema integral que proteja a quienes más lo necesitan y, a la vez, contribuya al desarrollo productivo y a la estabilidad financiera. Esta propuesta recoge las principales debilidades estructurales y plantea soluciones concretas.
1. Desafíos estructurales
a) Cobertura insuficiente del sistema de pensiones
• Muchos trabajadores informales y quienes generan ingresos no asalariados quedan fuera de la cotización, con un mayor impacto negativo sobre las mujeres.
• Baja rentabilidad de los fondos de pensiones, en parte por regulaciones que limitan las tasas de inversión y fomentan la compra de instrumentos de bajo rendimiento.
b) Sostenibilidad financiera amenazada
• La Renta Dignidad depende en gran medida del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que ha disminuido drásticamente.
• Los bonos sociales se concibieron como universales durante la bonanza económica, pero hoy el panorama fiscal exige focalización y eficiencia.
c) Desconexión e ineficiencia de las transferencias
• Los bonos (Juancito Pinto, Juana Azurduy, Subsidio prenatal universal, etc.) han demostrado utilidad para mejorar ciertos indicadores (educación, salud materno-infantil), pero carecen de un registro integral de los beneficiarios.
• La ausencia de un Registro Social de Hogares sólido dificulta la focalización de recursos y provoca duplicaciones o filtraciones a grupos que no necesariamente los necesitan.
d) Regulación deficiente y anacrónica
• La normativa de inversiones de los fondos pensionarios no se adapta a cambios demográficos, transformaciones digitales ni nuevos modelos de trabajo.
• Las leyes vigentes dificultan la diversificación y restringen la posibilidad de ampliar la base de cotizantes, más allá del empleo formal.
e) Faltan estudios actuariales
El sistema de pensiones no dispone de estudios actuariales que comparen el valor presente de las prestaciones futuras con los recursos disponibles. Estos estudios podrán revelar si existen déficits -que podrían cubrirse con mayores aportes, transferencias del Tesoro o ajustes en las prestaciones- o superávits, que podrían compensar a fondos deficitarios. Un diagnóstico actuarial actualizado permitirá que la seguridad social sea sostenible y transparente. Solo contando con datos precisos sobre excedentes y faltantes se podrán definir prioridades y diseñar políticas sólidas. ajustar la cartera de inversiones, ampliar la cobertura, revisar las tasas de cotización o modificar los beneficios.
2. Protección social con equidad y sostenibilidad
Para superar estas carencias y abrir oportunidades de progreso, se requiere un enfoque integral que conjugue elementos de seguridad en la tercera edad, transferencias focalizadas para apoyar a las poblaciones vulnerables, particularmente la infancia, y mecanismos de inclusión financiera que fortalezca la autonomía económica de las mujeres, entre otros.
Al igual que en los casos de la educación y la salud, la meta es que la protección social se convierta en una plataforma de desarrollo humano, con reglas claras y estrategias basadas en evidencia. En ese sentido, planteamos reforzar la idea de un sistema no contributivo con sostenibilidad financiera y equidad, además de la necesidad de contar con instituciones sólidas y un marco regulatorio que favorezca la eficiencia en el manejo de recursos del sistema contributivo, según los lineamientos siguientes.
3. Reformas necesarias
3.1 Actualizar y diversificar el sistema de pensiones (contributivo).
Lo que se busca es garantizar una jubilación digna, ampliar la cobertura del sistema de pensiones y modernizar la gestión de los fondos. Para ello, proponemos.
a) Derogar límites que afectan la rentabilidad.
• Eliminar los techos de tasas y cuotas en ciertos tipos de créditos que obligan a los fondos a invertir en instrumentos de bajo rendimiento.
• Con ello, se evitará que los trabajadores subsidien tasas reguladas que reducen el crecimiento de sus ahorros.
b) Fomentar la inversión productiva y en el exterior.
• Diversificar el portafolio, limitando la excesiva compra de títulos públicos.
• Permitir mayores inversiones en mercados internacionales, bajo normas de prudencia financiera.
c) Proteger el valor real de los fondos.
• Impulsar la emisión de instrumentos en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) para preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.
• Minimizar la exposición a riesgos que erosionen el fondo (por ejemplo, devaluaciones o variaciones bruscas en el mercado local).
d) Nuevo esquema de cotización basado en el consumo. Consiste retener un porcentaje de cada factura emitida a personas naturales (por ejemplo, el 1%) de modo que cualquier mayor de 18 años aporte automáticamente a su cuenta previsional.
De darse paso a esta reforma estructural, el sistema de pensiones ampliaría de forma sustancial su cobertura social, incorporando al beneficio de jubilación a todas las personas que no cotizan de manera regular por trabajar en la informalidad (mayoritariamente mujeres), lo mismo que a los jóvenes que demoran más en entrar al mercado laboral formal. La introducción de un nuevo esquema de cotización por consumo -eventualmente complementario al actual-, es una medida concreta que haría de la seguridad social un sistema más sólido, inclusivo y sostenible.
3.2 Renta Dignidad. focalización y sostenibilidad del sistema no contributivo.
El objetivo es garantizar un apoyo real a los adultos mayores sin ingresos suficientes, cuidando la sostenibilidad financiera. Para ello proponemos.
a) Focalizar el pago en la población de ingresos bajos y medios.
• Excluir a los grupos con ingresos y rentas elevadas, mencionado anteriormente, utilizando, por ejemplo, el actual criterio de subsidio al consumo de energía eléctrica.
• Redirigiendo los recursos hacia quienes realmente lo requieren, de manera que los recursos liberados permiten un importante margen fiscal para aumentar el beneficio para quienes más lo necesitan.
b) Información integrada y cruzada. Crear y mantener un registro social actualizado, para identificar correctamente a los potenciales beneficiarios.
c) Diversificar fuentes de financiamiento. Ante la caída de recursos del IDH, buscar mecanismos alternativos de recaudación que permitan sostener la Renta Dignidad sin poner en riesgo otros servicios públicos esenciales.
3.3 Rediseñar los bonos sociales con criterio de complementariedad
Se busca garantizar que bonos como el Juancito Pinto, Juana Azurduy y otros lleguen a quienes realmente lo necesitan y que estén coordinados entre sí.
a) Evaluación integral.
• Realizar diagnósticos rigurosos para medir su impacto en educación, salud y reducción de la pobreza.
• Identificar las complementariedades y evitar la duplicación de esfuerzos.
b) Focalización a través de un Registro Social de Hogares (opcional).
• Utilizar un sistema que centralice la información socioeconómica de cada familia para la asignación más equitativa de subsidios. Los potenciales beneficiaros podrán optar por registrarse o no hacerlo y por ende no recibir los subsidios.
• Incluir variables como ingresos, condiciones laborales, composición familiar particularmente la edad de los hijos e hijas, y acceso a servicios básicos.
c) Optimizar recursos. En un escenario de menor disponibilidad de fondos públicos, asignar los bonos prioritariamente a hogares con mayores carencias, (pobreza multidimensional de la infancia) reforzando así la equidad y la eficiencia.
3.4 Coordinación institucional y modernización normativa
Lograr un marco regulatorio coherente y eficiente que favorezca la sostenibilidad y el impacto de la seguridad social. Para ello.
a) Gestión profesional e independiente.
• Reforzar la capacidad técnica de entidades encargadas de la administración y supervisión de los fondos de pensiones y transferencias.
• Asegurar la autonomía de los reguladores para que sus decisiones respondan a criterios estrictos de sostenibilidad y beneficio público.
b) Transparencia y rendición de cuentas.
• Publicar informes periódicos sobre el estado de los fondos, los resultados de los bonos y el uso de recursos.
• Permitir la participación ciudadana en la evaluación de los programas.
c) Adaptación a los cambios socioeconómicos.
• Reconocer las nuevas formas de trabajo (plataformas digitales, emprendimientos unipersonales, etc.) para incorporarlas en la base de cotizaciones.
• Actualizar las leyes que regulan inversiones y límites de riesgo, de modo que el sistema sea flexible ante fluctuaciones económicas o tecnológicas.
En suma, la protección social en Bolivia necesita articular de manera coherente sus distintas herramientas para alcanzar un doble objetivo. cuidar a quienes se hallan en situación de vulnerabilidad y fomentar el desarrollo productivo. Tal como ocurre en la educación, no basta con destinar recursos; se requiere también un uso eficiente y una visión estratégica que integre a los diversos actores involucrados. La clave está en entender la protección social como una inversión social con alto retorno, capaz de disminuir la pobreza y la desigualdad, al tiempo que sienta bases firmes para el futuro de todos los bolivianos.
Texto tomado del Plan Bicentenario, Fundación Milenio. Autores: Henry Oporto (coordinador), Alan Bojanic, Manuel Contreras, Rubén Ferrufino y Luis Carlos Jemio; colaboraciones de Armando Álvarez, Gerardo Garrett, María Machicado, Fernando Lavadenz, Julio Linares, Mauricio Medinaceli.
