Los hechos son contundentes. Dos jóvenes veinteañeros, sin trayectoria empresarial ni patrimonio significativo, accedieron a más de 9,1 millones de dólares en créditos para adquirir y desarrollar un predio agropecuario.
Brújula Digital|03|07|25|
En democracia no hay espacio legítimo para zonas oscuras. Y cuando las instituciones se pliegan al silencio o a la complicidad, la sospecha se convierte en certeza para una ciudadanía que ya ha visto demasiado. El caso de los créditos millonarios otorgados por el Banco Ganadero a los hijos del presidente Luis Arce, y los múltiples favores estatales que rodearon esa operación, no es un asunto familiar ni un simple episodio administrativo: es un escándalo de interés público que exige una respuesta institucional seria y urgente que no puede obviarse ni esconderse detrás del “ya se van”, como si negocios oscuros estuvieran justificados por el calendario electoral.
Los hechos son contundentes. Dos jóvenes veinteañeros, sin trayectoria empresarial ni patrimonio significativo, accedieron a más de 9,1 millones de dólares en créditos para adquirir y desarrollar un predio agropecuario. Poco después, la propiedad fue favorecida con la construcción de un puente de 148 metros de longitud financiado por la UPRE –dependiente del Ministerio de la Presidencia– por más de tres millones de dólares. A la par, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) aprobó desmontes con una celeridad y flexibilidad normativa inusuales. Y en el fondo de esta armonía operativa aparece la Gestora Pública, que incrementó su inversión en el mismo banco que concedió el crédito, inyectando cerca de 200 millones de dólares en tres años.
Todo esto en medio del silencio de las instituciones llamadas a fiscalizar: ASFI, APS, Fiscalía General, Viceministerio de Transparencia. Hace más de un mes del escándalo y no se movió nadie. Todos los órganos de control se mantienen al margen, pese a la magnitud de lo denunciado. Y el Presidente, único que ha abordado el tema públicamente, despacha el asunto afirmando que “lo importante era la viabilidad del proyecto”, un negocio con el que ningún otro joven del país podría siquiera soñar.
Lo importante no es la “viabilidad”, lo importante es la legalidad, la igualdad ante la ley y el buen uso de los recursos públicos. Bolivia no puede permitirse la normalización de los privilegios ni el uso de estructuras estatales como facilitadoras de negocios familiares. No se trata de decir que todos los hacen o lo hicieron. A esto se suma el preocupante silencio de varios candidatos presidenciales, que parecen preferir la omisión cómplice antes que incomodar a sectores de poder económico.
Es urgente exigir una investigación independiente, con auditoría financiera, fiscalización técnica y máxima transparencia. El sistema de pensiones, los fondos públicos, las instituciones reguladoras y la confianza ciudadana están en juego. No se trata de atacar a personas: se trata de defender principios. Si los hechos son lícitos, deben ser demostrados con pruebas y procedimientos. Si no lo son, deben asumirse las consecuencias.
Lo que no se puede permitir es que los nombres propios reemplacen al Estado de derecho, ni que el poder sirva como garantía de impunidad. En una democracia verdadera, los favores no son derechos adquiridos, y el silencio nunca será una explicación.
BD/RED
