Los firmantes sostienen que Mendieta enfrenta este proceso penal únicamente por haber acompañado a su superior, el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas, en una conferencia institucional el 10 de noviembre de 2019, un acto que, según su defensa, no constituye delito alguno sino el cumplimiento de una orden militar.
Brújula Digital|02|06|25|
Un grupo de ciudadanos denunció la situación del general (r) Pastor Mendieta, quien lleva casi cuatro años en prisión preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, acusado en el caso “Golpe de Estado 2019”. La defensa de su caso lo considera un “preso político”.
Los firmantes sostienen que Mendieta enfrenta este proceso penal únicamente por haber acompañado a su superior, el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas, en una conferencia institucional el 10 de noviembre de 2019, un acto que, según su defensa, no constituye delito alguno sino el cumplimiento de una orden militar.
Los firmantes, entre los que figuran abogados, defensores de derechos humanos y ciudadanos de distintas regiones del país, exigen justicia y el respeto a los derechos fundamentales del militar retirado, cuya salud se encuentra gravemente comprometida.
Según la declaración pública, la detención preventiva de Mendieta se ha extendido de manera ilegal, ya que la última ampliación de esta medida venció el 11 de junio de 2023 sin que las autoridades judiciales resolvieran su situación dentro de los plazos establecidos.
Junto a Mendieta existen unos 200 presos políticos en el país.
Esta prolongada privación de libertad, afirman, viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, prácticas que han sido cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional.
La declaración, fechada el 1 de junio de 2025, está respaldada por más de 70 firmas, entre ellas las de destacados profesionales y activistas.
Uno de los aspectos más preocupantes es el deterioro de la salud del General Mendieta, quien padece hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes y daño renal, condiciones que requieren atención médica especializada.
A pesar de haber obtenido una Acción de Libertad en febrero de 2023, las autoridades no le han permitido su libertad y, por lo tanto, acceder a tratamientos adecuados, e incluso sus salidas programadas para atención hospitalaria han sido obstaculizadas o ignoradas por decisiones judiciales.
Además, destacan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado información complementaria al Estado boliviano para evaluar medidas cautelares a su favor, gestiones impulsadas por la abogada internacional Tamara Suju como parte de la campaña “Release Chains”.
Ante esta situación, los ciudadanos exigen el cese inmediato de la prisión preventiva y la aplicación de medidas sustitutivas, garantías para su derecho a la salud con supervisión médica independiente, y el respeto a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. “El uso de la justicia como herramienta de venganza no construye democracia. Defender a una persona cuya vida está en riesgo es defender la dignidad de todos los bolivianos”, concluye el manifiesto.
BD/RPU
