Caso "Golpe I": se realiza la audiencia de Camacho para definir medidas cautelares

Brújula Digital|02|05|25|

Este viernes se realiza la audiencia del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso “Golpe I”, en la que se definirá la solicitud de sus abogados para modificar las medidas cautelares y permitir su salida de la cárcel.

Camacho fue trasladado desde el penal de Chonchocoro, donde guarda detención, hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cerca de las 8:15, según informó Bolivia TV.

En declaraciones anteriores, el abogado del gobernador, Martín Camacho, explicó que se presentó ante el Tribunal de Sentencia una solicitud para cambiar la detención preventiva, respaldada en una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que hace referencia al debido proceso.

 “El Estado boliviano ha perdido esta demanda y esta resolución que tiene carácter vinculante por el bloque de constitucionalidad y por los principios internacionales, al haberse apersonado la Procuraduría deben ser cumplidos por un Tribunal de Sentencia”, aseguró el abogado Camacho.

Hace algunas semanas se conoció que el Grupo de Trabajo de la ONU calificó como arbitraria la detención de Camacho y recomendó liberarlo, indemnizarlo y otorgar otras formas de reparación previstas en el derecho internacional.

Durante la mañana de este viernes, el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Agustín Zambrana, llegó a La Paz para asistir a la audiencia.

 “Nosotros estamos pidiendo una auditoría judicial de todos los casos, hoy (la) del expresidente cívico Luis Fernando Camacho, también de todos los presos políticos. Este es un buen momento para empezar a rehacer la justicia en Bolivia, (…) porque todos los casos son políticos”, indicó Zambrana en entrevista con Unitel.

El caso “Golpe I” fue abierto tras una denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty.

Camacho y el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari están acusados de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado, entre otros delitos, por los hechos violentos registrados en noviembre de 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, tras denuncias de fraude electoral.

BD/AGT/JA

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