¿Prevenir o castigar? Varios aíses debaten bajar la edad de imputabilidad penal a 12 años. En Bolivia, casi el 50% de delitos de adolescentes son contra la vida y libertad sexual. La justicia especializada responde a tratados y evidencia científica: el cerebro adolescente está en desarrollo. Los castigos duros no resuelven causas estructurales; se necesitan políticas de prevención y protección.
Brújula Digital|23|03|25|
Karla Calderón
“Tenemos que proteger a la sociedad de este joven” fueron las palabras de la Fiscalía del estado de la Florida, en Estados Unidos, a tiempo de justificar porqué un niño de 12 años debía ser juzgado como adulto aplicándole la pena de cadena perpetua por el asesinato de su hermanito en el año 2011.
En Ecuador, la Asamblea Nacional analiza un proyecto de ley para modificar el Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes bajando la edad de imputabilidad de 14 a 12 años y endureciendo las penas para delitos contra la vida como sicariato, asesinato y homicidio. El año pasado, el presidente argentino, Javier Milei presentó un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad a 13 años, aunque tras el asesinato de una niña de 6 años ha expresado que sería mejor bajarla a diez.
Hace unas semanas, en Bolivia, el Ministerio de Justicia, ente rector del sistema de protección de la niñez y adolescencia, cuestionó que no se haya sentenciado a 30 años sin derecho a indulto al adolescente de 16 años acusado de violación y asesinato de una bebé y que, en cambio, se haya aplicado lo que establece el Código Niña, Niño y Adolescente respecto de la disminución de la pena en casos de adolescentes con responsabilidad penal.
Sin duda, es preocupante que, en nuestro país, casi el 50% de los delitos cometidos por adolescentes sean contra la libertad sexual y la vida. Lo que es más grave, que el delito de mayor prevalencia sea el de violación contra sus pares o contra niñas y niños. Sin embargo, la respuesta a esta realidad no puede ser tan simple como aplicar la premisa de “delito de adulto, pena de adulto”, es imprescindible reflexionar desde la complejidad que envuelve a adolescentes que entran en conflicto con la ley.
La existencia de un sistema de justicia especializada para adolescentes responde no solo al cumplimiento de tratados internacionales, sino a la evidencia científica que señala que el cerebro de una persona en la adolescencia se encuentra en proceso de desarrollo. Sí, parece medio obvio; pero, no es tan así. En la adolescencia, la amígdala cerebral, responsable de las reacciones instintivas como el miedo y la agresividad, se desarrolla más rápido que la corteza frontal que es la que nos ayuda a pensar antes de actuar. Consecuentemente, en esa etapa de vida, las acciones son más impulsivas que racionales.
¿Y la crueldad con la que se cometen esas acciones? Volviendo al caso del niño estadounidense, se sabe que su historia estuvo marcada por la violencia, incluso desde su gestación. Hijo de una también niña de 12 años que fue violada por un vecino y no pudo interrumpir el embarazo porque la ley no se lo permitió, creció con su abuela en un entorno influenciado por el consumo de drogas, fue víctima de abuso sexual por su primo y presenció el suicidio de su padrastro.
La dureza del castigo probablemente controlará a unos pocos, disuadirá a otros cuantos, pero no resolverá los problemas estructurales de fondo. Las cifras no deben quedarse solo como números que alarman; es importante profundizar en las causas. Necesitamos mirar con urgencia qué alternativas les estamos dando a las y los adolescentes ante los desafíos que enfrentan en la actualidad. Esto implica no solo cuestionar las respuestas punitivas, que muchas veces pueden ser ineficaces, sino exigir políticas públicas efectivas en educación, salud mental y protección que reduzcan los factores de riesgo, así como fortalecer políticas de prevención que eviten que lleguen a la violencia o el delito.
Karla Calderón Monrroy es politóloga y abogada.