Morales denuncia que el Gobierno no le permitió recibir atención médica ni conseguir certificado

Brújula Digital|19|01|25|

El expresidente Evo Morales, imputado por trata con agravante y declarado en rebeldía, denunció que el Gobierno le impidió recibir atención médica y así obtener el certificado necesario para justificar su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares.

En su programa dominical de Radio Kawsachun Coca, Morales aseguró que la noche del martes 14, el primer día en el que se instaló la audiencia, médicos le aseguraron que irían al trópico de Cochabamba para realizar la evaluación que fue exigida por el juez que sigue la causa en Tarija.

El martes 14, Morales no se presentó a la audiencia y su abogado, Jorge Pérez, presentó un certificado médico que informaba que el mandatario sufría bronconeumonía.

El juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, instaló la audiencia y una hora después la suspendió hasta el viernes 17 de enero. Determinó dar 48 horas a Morales para que fuera sometido a una valoración médica y que remitiera este certificado a la justicia, pero el exmandatario no lo hizo.

“En la noche de 14, algunas autoridades locales, algunos médicos, consulté, me dijeron, van a venir acá, a hacer un estudio, al trópico, especialistas (…) Yo confiado, el día 15 (…), el día 16, 17. El día 15, a las 10, a las 11 me dicen, ‘no’ (vendrán), ¿por qué no? ‘No pueden’, ¿por qué no? ‘Nos han instruido del Ministerio de Salud (…), no podemos hacer ningún estudio, menos al certificado’”.

Debido a esto, se acudió a un médico privado para conseguir el certificado, con el fin de cumplir lo dispuesto el 14 y demostrar que la salud del expresidente seguía delicada para asistir a la audiencia del 17.

"No entiendo ese carácter de prohibirme atenderme y prohibirme tener certificado (médico) eso quiero que sepa el pueblo boliviano hasta dónde llega el atrevimiento", dijo Morales a la emisora cocalera.

El viernes, el juez Rocabado consideró que los certificados médicos particulares “no acreditan un impedimento legítimo (…) para no asistir a esta audiencia”. Posteriormente, decidió declarar en rebeldía al expresidente, ordenó su arraigo nacional, anotación de bienes y el mandamiento de aprehensión.  

BD/JA

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