|OPINIÓN|Los delitos de estupro han prescrito, Evo impune o todo es show|Roberto Rosso|

Brújula Digital|17|01|25|

Roberto Rosso

Jueces y fiscales independientes que eran vilipendiados en el régimen de Evo Morales por no someterse a las ordenes políticas del Poder Ejecutivo son hoy quienes protegen las libertades del expresidente, garantizándole un debido proceso, ante las arremetidas fallidas de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno. 

Morales no se presentó a la audiencia cautelar fijada para el 14 de enero, en Tarija; su abogado defensor, Jorge Pérez, indica que el expresidente es procesado dos veces por el mismo caso, lo que no es permitido por ley. Aunque parece irreal, es cierto. Veamos por qué:

1. La actual acusación por el delito de “trata y tráfico de personas” con que el Ministerio Público (Fiscalía) y el Gobierno de Arce acusan a Morales no tiene ningún asidero legal. 

2. Esa acusación se basa en un antiguo expediente por delito de estupro que feneció con archivo de obrados (caso cerrado) en diciembre del año 2020 (cuando el ministro de Justicia era Iván Lima).

3. La orden de aprehensión lanzada por la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez (que fue ministra de Justicia de Morales), fue declarada improcedente por la jueza de Sentencia Lilian Moreno, en Santa Cruz.

4. Morales no fue previamente interrogado en declaración informativa (la fiscal Gutiérrez fue destituida y volvió al cargo 48 horas después).

5. Gutiérrez convocó a Morales para tomarle su declaración informativa el 10 de octubre, en Tarija (Morales rehusó comparecer ante su posible detención).

6. El 15 de octubre, la fiscal determinó un nuevo mandamiento de aprehensión que, extrañamente, se conoció recién en diciembre.

A pesar de la decisión judicial que inviabiliza la detención de Morales, la Fiscalía y el Gobierno de Arce tratan de forzar una intervención policial para detener a Morales con un probable riesgo en la integridad de los funcionarios policiales. ¿Riesgo? Si, debido a que hay un entorno criminalizado y paramilitar que amenaza con impedir a toda costa su detención incluso con el uso de armas de fuego.

Morales, lógicamente con buen asesoramiento externo, aprovecha las debilidades jurídicas de las acusaciones de estupro en su contra no sólo para victimizarse, sino también como circunstancia ideal para desatar una ola de violencia “autodefensiva” como parte de un show político; busca imponer que se acepte su candidatura en las elecciones 2025 bajo el prisma de la violencia como la que llegó hace unos días a la plaza Murillo. ¿Quién financia estos movimientos?

Los adoctrinados seguidores de Morales siguen un discurso según el cual “Lucho Arce y sus aliados de la derecha y el imperio” reactualizaron las denuncias por estupro que el expresidente, que curiosamente no ha desmentido, pero que minimiza como si fueran hechos anecdóticos sin relevancia legal.

Ahora bien, el delito sí se cometió, pero está legalmente extinguido, la fiscal Gutiérrez y sus mentores del gobierno de Arce han tramitado una audiencia de medidas cautelares que pone el caso en manos de otro Juez de Sentencia, ahora en Tarija. Existe la probabilidad de que, por tercera vez, la instancia judicial rechace los afanes de la Fiscalía para encarcelar a Morales, considerando que la acusación fiscal es forzada, dolosa y tardía. Y de no representarse, el Tribunal se verá obligado a dictar su detención como prófugo y contumaz, algo que podría ser aprovechado para convulsionar al país sutilmente. 

Y en medio surge otra pregunta: ¿Hubo algún pacto entre autoridades del Ministerio de Justicia y Morales? Aclaremos primero que ninguna de las víctimas de Evo Morales se presentará jamás a acusar al político cocalero. Las niñas fueron seducidas con los lujos y privilegios palaciegos, las enamoró a tal punto que la corrupción sexual, moral e ideológica de la que fueron víctimas; ellos les impide asumir conciencia del delito penal que Morales cometió al cohabitar con ellas en distintos lugares del país.

¿Entonces qué pasa? En esta extemporánea batalla por la justicia, Morales tiene las de ganar. Y seguro que ya ganó. “Este proceso por trata, estupro, en 2020, con la Jeanine Añez, de oficio ya me investigaron”, indicó. El gobierno de Jeanine Añez no cerró el caso, lo hizo el gobierno de Luis Arce desde el Ministerio de Justicia a cargo de Lima. Evo Morales exhibió en conferencia de prensa una Resolución de Rechazo (equivalente a sobreseimiento en la fase investigativa y absolución en la fase de juicio oral). El documento judicial exhibido por el expresidente tenía como fecha el 10 de diciembre de 2020, cuando el Ministro de Justicia era Lima. 

¿Por qué Evo Morales esconde el hecho de que fue Lima quien cerró el caso de estupro? ¿Por qué miente el dirigente cocalero al culpar al gobierno de Añez aquel favorecimiento que le dio esta impunidad, cuando la verdad es que el favor se lo hizo el gobierno de Arce a través de Lima? 

El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo se negó a enviar una comisión de fiscales para interrogar a Morales a Argentina. “Incrédulamente” había priorizado electoralmente el escándalo de Noemí Meneses con las fotos decidoras de ella junto a Evo y que hallaron en el celular la muchacha.

Ya en 2020 y retornado de Argentina, unos fiscales de Tarija se disponían a ir al Chapare para tomarle declaración informativa a fin de activar el proceso, pero el flamante ministro Lima dispuso la destitución de aquellos agentes profesionales idóneos del Ministerio Público. Este fue el primer acto de interferencia del próspero ministro de Justicia en el Poder Judicial, cumpliendo “institucionalmente” y a cabalidad la leal misión de encubrir aquella inobjetable pedofilia palaciega del jefazo.