Denuncian que hubo instructivo gubernamental para influir en las elecciones judiciales

Brújula Digital|18|12|24|

En las elecciones judiciales celebradas el domingo 15 de diciembre, empleados estatales habrían recibido órdenes para votar por determinados candidatos, según denunció un funcionario público que prefirió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.

De acuerdo con su testimonio, entregado a Erbol, la directriz fue enviada a través de WhatsApp, incluyendo fotografías que indicaban la ubicación precisa de los candidatos en la papeleta de votación para los diferentes cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Entrevistado por el periodista Pedro Saúl Jemio, el funcionario aseguró que las instrucciones provenían de “altos niveles” dentro del Gobierno y que esta práctica se habría extendido a varios ministerios y entidades estatales.

“No había amenazas explícitas, pero se exigía enviar una fotografía del voto a Recursos Humanos, junto con nuestros nombres. Si alguien no cumplía, seguramente enfrentaría represalias,” explicó a esa casa radial.

Aquellos que no acataban la orden podrían ser despedidos y tildados de “traidores,” añadió el denunciante.

El funcionario mencionó que uno de los candidatos promovidos en la lista era identificado como Campero, quien postulaba al Tribunal Constitucional. “Había una plancha específica y nos indicaban claramente cómo marcarla en la papeleta,” relató.

Un día después de la votación, describió el ambiente laboral como marcado por un “silencio incómodo”, sin comentarios ni discusiones al respecto.

El denunciante lamentó profundamente la situación, señalando que este tipo de prácticas atenta contra la libertad de elección. “Es doloroso no tener el derecho de votar por los candidatos que uno prefiere. Parece que la democracia está en riesgo,” afirmó.

El funcionario también reveló que no es la primera vez que se enfrentan a estas imposiciones. En eventos previos organizados por el Gobierno, como concentraciones masivas en Vila Vila y El Alto, también se les habría obligado a asistir bajo amenaza de perder sus empleos.

BD/RED