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Política | 16/12/2024   04:17

|OPINIÓN|De la república al caos: la herencia de un proyecto fracasado|Jaime Aparicio|

EFE
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Brújula Digital|16|12|24|

Jaime Aparicio Otero

El colapso del Estado de derecho en Bolivia representa una amenaza existencial para su estabilidad social y democrática. Este principio fundamental, que debería proteger a los ciudadanos del abuso de poder, ha sido reducido a una ilusión. Las instituciones, incapaces de limitar el autoritarismo, han permitido la consolidación de un sistema donde prevalecen la arbitrariedad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.  

En las últimas dos décadas, los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, bajo el manto del populismo, han desmantelado los pilares esenciales de una democracia moderna: la libertad personal, la igualdad ciudadana y la participación colectiva. Las promesas revolucionarias se convirtieron en excusas para concentrar el poder, mientras las conquistas sociales de las generaciones previas fueron dilapidadas. Los recursos extraordinarios obtenidos de la venta de gas, fruto de la estabilidad macroeconómica y las inversiones de la Capitalización de los años 90, se malgastaron en proyectos ineficientes y un clientelismo desbordado.  

El Tribunal Constitucional, otrora garante de la legalidad, ha adoptado un comportamiento abiertamente delincuencial, actuando como brazo ejecutor del partido gobernante. Los derechos civiles han sido erosionados, y el sistema judicial, lejos de ser un bastión de independencia, se ha convertido en una herramienta de persecución. Más de 300 presos políticos, incluidos la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ilustran esta realidad.  

La penetración del crimen organizado agrava aún más esta crisis. Bolivia no solo enfrenta el colapso institucional, sino también la influencia creciente de redes de narcotráfico y otras actividades ilícitas. Facciones locales, como los cocaleros del Chapare, actúan con total impunidad, desafiando al gobierno central y consolidándose como poderes paralelos. En este escenario, el crimen trasnacional ha encontrado un terreno fértil para operar, infiltrándose en la economía y en las estructuras del Estado.   

La meritocracia ha sido sustituida por un sistema de lealtades serviles. La mediocridad se premia, la excelencia se castiga y la sumisión se ha convertido en el único camino para ascender en el aparato estatal. Este modelo, además de degradar las instituciones, ha destruido la confianza de la ciudadanía en su capacidad para influir en el destino del país.  

La participación política, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, fue vaciada de contenido durante los años de gobierno del MAS. En ese período, se desdibujaron los límites entre el partido, el gobierno y el Estado. Aunque las elecciones continuaron celebrándose de forma periódica, desde la reelección ilegal y el fraude electoral de Evo Morales perdieron toda legitimidad. El dominio hegemónico del partido oficialista sofocó cualquier forma de oposición efectiva, convirtiendo los procesos electorales en una farsa para legitimar un poder ya consolidado. 

Además, el alineamiento del gobierno con regímenes como los de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia refuerza su carácter autoritario. Estas alianzas no solo distancian a Bolivia de los valores democráticos, sino que consolidan un modelo de gobernanza que desprecia la legalidad y los derechos humanos.  

El panorama es desolador. Bolivia se encuentra atrapada en una espiral de autoritarismo, corrupción y descomposición institucional que amenaza su futuro como nación. La democracia boliviana, hoy reducida a una fachada, no es más que un simulacro que disfraza la ausencia de libertad, justicia e igualdad.  

La solución no será sencilla ni inmediata. Revertir este colapso requiere una oposición unida, capaz de ofrecer una alternativa viable a todos los bolivianos que garantice la gobernabilidad y la reconstrucción institucional. Es indispensable abolir la Constitución impuesta por el MAS, escrita bajo parámetros ideológicos obsoletos y con el propósito de perpetuar un sistema autoritario. EL país debe regresar a sus alianzas occidentales, como aliado de los países democráticos del mundo.

La Bolivia del futuro debe cimentarse en un concepto de ciudadanía libre e igualitaria, dejando atrás las divisiones étnicas y los discursos que promueven la fragmentación social. Invertir en salud, educación, conocimiento tecnológico y oportunidades reales para los bolivianos es la única manera de construir una democracia sólida. La clave para evitar el retorno del populismo y el autoritarismo está en formar ciudadanos informados, educados y comprometidos con los valores democráticos.  

Sin estas bases, Bolivia seguirá siendo vulnerable a las fuerzas que prometen soluciones rápidas para problemas complejos, pero que, en realidad, perpetúan un sistema de explotación, desigualdad y corrupción. La oportunidad de cambio todavía existe, pero el tiempo para actuar es ahora.  





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